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miércoles, 26 noviembre 2014
16:31
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La Razón

Andalucía

Pide que se haga público el listado de pagadores de la fianza de Fernández

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SEVILLA- El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, defendió ayer que supondría un «ejercicio de transparencia» el que se hiciera público el listado de personas que han realizado aportaciones para reunir la fianza de 450.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla al ex consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, quien permaneció hasta el día 10 de agosto interno en la prisión de Morón de la Frontera (Sevilla) por su presunta implicación en el caso de los ERE fraudulentos.
Rojas abogó por que el listado de aportaciones dinerarias se haga público en aras de la «transparencia» con el objetivo de que se conozca de dónde procedía esa «financiación». El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, aseguró a este periódico que han sido militantes del PSOE, sindicalistas de base y ciudadanos anónimos, quienes han permitido recabar la fianza.
 Ahora Rojas reclama que se desvele la identidad de esas personas. «Cuanto más público sea todo mejor», subrayó.
En este contexto, el parlamentario popular mostró su respeto por la Justicia y por el desarrollo de su labor, pero insistió: «Si se puede ver el listado se podrán resolver muchas más dudas» sobre este asunto.
«No será un consejo de guerra»
De otro lado, el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, advirtió de que la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el «caso ERE», que dará comienzo la próxima semana, no será «un consejo de guerra, ni nada que se parezca a un juzgado», si bien, dijo confiar en que no sea usada por los populares andaluces para «hacer daño al adversario» y cometer un acto de «deslealtad» con la Cámara autonómica.
En la misma línea, el socialista argumentó que la comisión de investigación es un instrumento que pretende dar respuesta a una voluntad de transparencia por parte de PSOE-A e IULV-CA, «que entendíamos que era el momento de ponerla en funcionamiento para despejar las responsabilidades políticas que puedan aparecer en la gestión de esos recursos públicos», afirmó.

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