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martes, 16 septiembre 2014
03:58
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La Razón

Murcia

Una nueva visión de la Ley de Costas que potenciará nuestro litoral por Alicia Jiménez

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Imagen de archivo de la costa murciana
Imagen de archivo de la costa murciana

Han bastado sólo unos meses para ver como el Gobierno de la Nación aprobaba hace unas semanas el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas que supondrá para todo el territorio nacional, y en especial para el litoral de la Región de Murcia, una mejora y una clarificación del obsoleto concepto del dominio público marítimo-terrestre recogido en la antigua Ley de Costas que data de 1988.

El nuevo texto, tal y como anuncia el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, introducirá importantes cambios que aportarán la necesaria protección del litoral pero garantizando una mayor seguridad para los titulares de derechos en el dominio público, ya que en este caso, son muchísimos los afectados, no sólo propietarios, sino también concesionarios de diversa índole.

En este sentido, la nueva ley que se tramitará durante el próximo mes de septiembre resultaría ser un garante de tranquilidad a las concesiones relativas a chiringuitos u otro tipo de instalaciones hoteleras o servicios para el turismo que, en estos momentos de difícil situación, generan el sustento económico para muchas familias de nuestra Región, así como en el resto del litoral español.

Entre los cambios más significativos cabe reseñar la modificación del plazo máximo de duración de las concesiones, que pasará a ser de 75 años, permitiendo además la transmisión de concesiones en caso de que el propietario fallezca a sus sucesores, así como la transmisión intervivos.

Otro de los cambios que tendrá mucha repercusión entre los propietarios de viviendas y negocios en nuestro litoral será el artículo segundo de la ley en el que se establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas por la ley anterior, en el que se da solución a las concesiones que preveían, con carácter general, un plazo de concesión máximo de 30 años de duración y que finalizará en 2018.
 
Dicha prórroga servirá para incentivar que los concesionarios no se vean en una situación de indefensión, mejorando sus instalaciones y haciéndolas rentables en el tiempo, aunque en cualquier caso, dichas prórrogas siempre quedarán supeditadas a que haya un informe favorable del órgano ambiental autonómico en caso de que se trate de ocupaciones destinadas a algún tipo de industria.

También cabe resaltar de las futuras modificaciones el que se permitirá realizar obras de reparación, mejora, modernización y consolidación en inmuebles situados en la zona de servidumbre de protección, siempre y cuando no impliquen un aumento de volumen, altura ni superficie. Medidas que en la mayoría de los casos aportarán una imagen renovada a nuestras costas, debido a que un gran número de infraestructuras ya se habían quedado obsoletas, incluso llegando a rozar la ruinosidad, ante la impotencia de aquellos propietarios que se veían indefensos a la hora de reparar sus bienes.
 
En definitiva, esta reforma, que desde el Grupo Parlamentario Popular se solicitó en la Asamblea Regional el pasado mes de abril y no fue apoyada por ninguno de los otros partidos políticos, pretende sentar las bases de un uso del litoral que sea sostenible en el tiempo y respetuoso con la protección medioambiental, devolviendo la seguridad jurídica a los propietarios de viviendas y negocios, evitando agresiones en la costa y tratando de conseguir que nuestro litoral siga siendo un vector económico y generador de empleo «plenamente compatible» con una mejora del modelo de  conservación del litoral.

Alicia Jiménez

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