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lunes, 24 noviembre 2014
03:37
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La Razón

Los españoles responden a ETA

Aplicar la ley por Abraham Castro

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Se nos llena la boca reiterando una y otra vez que a los terroristas hay que aplicarles la ley. Sin embargo, cuando decimos lo anterior estamos siempre pensando en los aspectos más desfavorables de la ley, en todo aquello que pueda perjudicar al condenado. ¡Como si lo demás no fuera ley!

La legislación penal sobre terrorismo es especialmente dura en España, existiendo una auténtica normativa penal ad hoc para estos delitos, que opera de forma paralela a la legislación general, y que se ha venido a denominar «Derecho Penal del Enemigo». Esta expresión muestra nuestra realidad jurídica. No todos los delincuentes son enemigos de la sociedad: hay delincuentes comunes y hay delincuentes especiales (terroristas), a quienes la legislación penal les otorga el estatus de «enemigos». Y ya se sabe que frente al enemigo se hace la guerra y que en ésta casi todo vale.

Pero hay ocasiones en que la legislación penal no hace distingos entre unos y otros delincuentes. La gravedad de los delitos cede ante razones humanitarias, que permiten atemperar el cumplimiento de las condenas en un régimen abierto. Así es y así debe ser. Decía Kant que aun cuando la sociedad se fuera a disolver y extinguir, antes de ello habría que ejecutar hasta el último asesino, como una exigencia irrenunciable de la Justicia, pues en caso contrario la sociedad se convertiría en cómplice de sus delitos. ¡Kant se equivocaba! No hay nada malo en que el mayor criminal de la Tierra sea excarcelado para ir a morir a su casa cuando su peligrosidad social ya ha desaparecido. Es un acto de humanidad. Una previsión legal que dignifica a la sociedad frente al delincuente, que patentiza que no somos iguales y que no queremos serlo.

El artículo 104.4 del Reglamento General Penitenciario prevé el otorgamiento del tercer grado de los «penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico», valorando «su dificultad para delinquir y su escasa peligrosidad». Nos podrá gustar o no, pero el informe médico del etarra Uribetxebarria se ajusta plenamente al contenido de dicho precepto. El pronóstico es muy grave, con una esperanza de vida inferior a un año en un 90%, y a nueve meses en más de un 50%. La propia naturaleza de su enfermedad y el tratamiento del cáncer irreversible e incurable con metástasis múltiples aseguran su localización y disminuye notablemente sus posibilidades de reincidencia. Ante esta situación sólo cabe decir lo que hemos dicho siempre respecto de los terroristas: hay que aplicarles la ley con todas sus consecuencias. Y la ley es muy clara en este caso: el otorgamiento del tercer grado está plenamente justificado desde la óptica de la legalidad. No hacerlo así, supondría pedir al Gobierno que no aplique la ley a los terroristas.

Abraham Castro
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III

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