SEVILLA- O mucho cambia o la primera comisión de investigación en 17 años en el Parlamento andaluz –al menos esta primera tanda de comparecientes, el 5 de septiembre deben pactarse nuevas citaciones– se convertirá en una secuencia de monólogos exculpatorios de los comparecientes sin que los Grupos políticos puedan entablar el diálogo con los protagonistas, que se niegan a responder preguntas acogiéndose a su derecho a no declarar para no perjudicar su defensa en la vía judicial.

Hasta tres ejemplos hubo ayer para constatar que el formato elegido por PSOE e IU no funciona si de verdad se quiere descifrar por qué durante una década la Junta de Andalucía ha gestionado en torno a 1.500 millones de euros con un sistema presuntamente irregular, sin publicidad y de manera discrecional. Si lo que se persigue es pasar página y que nadie asuma responsabilidades políticas a la espera de que la investigación judicial avance –la sospecha del PP desde que se creó la comisión–, los partidos que gobiernan en la Junta estarán satisfechos. Ramón Díaz, ex asesor de la Consejería de Empleo y ex diputado socialista en la Cámara andaluza; Antonio Diz-Lois, ex  jefe de servicio en la Consejería de Empleo y ex director de finanzas en la Agencia IDEA; y Fernando Mellet, ex gerente de Mercasevilla durante los ERE de 2003 y 2007, se limitaron ayer a leer un alegato defendiendo su gestión en su primera intervención. Los tres anunciaron que no responderían a los diputados e incluso los dos primeros amenazaron con acciones legales por presuntas coacciones si se les formulaban las preguntas que no iban a responder. IU y PP no aceptaron los argumentos de los letrados de los comparecientes y leyeron su cuestionario. El PSOE, partidario de escucharles y acompañarles a la salida sin más, no lo hizo y se limitó a entregar al presidente de la comisión sus preguntas por escrito, pese a que éste previamente les había advertido del carácter «oral» de los trabajos parlamentarios.

La sucesión de monólogos –comparecientes, diputados de IU y PP y de nuevo compareciente– sólo estuvo salpicada por protestas en momentos puntuales. El más beligerante fue Díaz Alcaraz que pidió incluso marcharse una vez que leyó su texto sobre las «bondades» del sistema empleado para pagar ERE y ayudas a empresas en crisis. Cuando le preguntaron si recibió comisiones por su intermediación en algún ERE –lo hicieron tanto IU como PP– aseguró que se lesionaba su derecho al honor, que se sentía «indefenso» y que sólo se perseguía «provocarle» para que contestara ante «insinuaciones falsas». Reacción similar tuvo el ex jefe de servicio de Empleo ante la misma cuestión. Todo sonaba a guión perfectamente diseñado por sus representantes jurídicos, sentados al lado de sus respectivos clientes durante todo el proceso. El tercero, Mellet, se presentó como una «víctima política» y objeto «de una persecución». El ex gerente de Mercasevilla está imputado en las cuatro causas que afectan a la lonja sevillana. De hecho, el 28 de septiembre afrontará en la Audiencia de Sevilla el primero de los juicios por la presunta solicitud de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios hosteleros, requisito para obtener una subvención de la Junta de Andalucía. Éstos grabaron la conversación y la denunciaron ante el Gobierno andaluz. Este caso fue el origen de la «trama de los ERE», ya que fue en el mercado de abastos donde se descubrieron los primeros «intrusos» que han evidenciado el fraude detectado en la Consejería de Empleo.

Los tres comparecientes no sólo se pusieron de acuerdo en no contestar preguntas, sino que también coincidieron en señalar que no tuvieron ninguna capacidad decisoria. El ex diputado socialista aseguró que era un simple asesor que colaboraba en la solución de conflictos laborales pero que jamás tuvo relación con expedientes y con las pólizas de prejubilaciones donde después se colaban a los intrusos –personas que no habían trabajado jamás en las empresas que presentaban los ERE y que se beneficiaban de las ayudas públicas–.

Diz-Lois señaló que era un «simple» jefe de servicio «de los cuatro que había» y funcionario de carrera desde 1995. Aseguró incluso que en su época –entre 2001 y 2006– no se llegó a tramitar ERE alguno en Empleo y que «jamás» actuó como asesor o intermediario.

Por su parte, Mellet, en la misma línea, dijo que nunca tuvo «capacidad de decisión política ni administrativa alguna».     

Hoy está previsto que se retomen los trabajos con la presencia del ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. El primero está imputado por las presuntas comisiones ilegales en Mercasevilla y también en el caso de los ERE por avalar la entrada de «intrusos» en algunos expedientes como el caso de Calderinox.

El segundo se encuentra en prisión desde el 10 de marzo al no haber reunido la fianza de 250.000 euros impuesta por la juez Mercedes Alaya. Su abogado aseguró la semana pasada que contra su consejo declarará en la comisión. Ayer dijo que sólo leerá un comunicado. Se prevé otra jornada sin respuestas.

Ramón Díaz Alcaraz
Imputado
- Ex asesor de Empleo y ex diputado del PSOE en el Parlamento
TENSO. Amenazó con irse para no escuchar las preguntas porque sólo buscaban «provocarle». Tuvo que ser advertido por su conducta.

Fernando Mellet
Imputado
- Ex gerente de Mercasevilla, caso que originó la «trama de los ERE»
VICTIMISTA. Leyó 17 folios para demostrar que sufre una «persecución» por los grandes partidos que sólo buscan «ganar cuota de poder».

Antonio Diz-Lois
Imputado
- Ex jefe de Servicio de Empleo y ex director de finanzas de la Agencia IDEA
NERVIOSO. Menos acostumbrado a los focos, aseguró que era un «simple» jefe de servicio, funcionario de carrera y sin capacidad de decisión alguna.

Preguntas sin respuesta
-  El PP, a Díaz Alcaraz: «¿A usted nunca le pareció extraño que el cometido principal de la Dirección General, formalizado en el programa 31L, nunca fuera administrado por funcionarios de carrera?».
-  El PP, a Díaz Alcaraz:     «¿Quién estaba con usted en la sede del PSOE cuando llamó usted a María José Rofa un domingo de noviembre de 2010, para interesarse por la presencia del señor Recio y la plana mayor de Empleo en las oficinas de la Consejería para revisar, reconstruir o destruir expedientes?».
- El PP, al ex diputado socialista: «¿Usted estuvo en una reunión con el Presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves en relación a la empresa A Novo?; ¿Llamó el presdiente al consejero Antonio Fernández para buscar una solución?
- IU, a Diz-Loiz:. «¿Cobró usted algún tipo de comisión de alguno de los beneficiarios de los ERE?».
-  El PP, al ex jefe de servicio: «¿Es cierto que Francisco Javier Guerrero Benítez tenía que saber al día las cantidades que se debían de los expedientes y era Vd entonces el encargado de facilitarle esos datos?»
- El PP, a Mellet: «En una grabación conocida y admitida como válida por la Justicia, se recogen unas conversaciones en las que se reclaman a unos empresarios 450.000 euros con
numerosas manifes-taciones que dan pie a pensar la existencia de una dinámica fraudu-
lenta en torno a subvenciones públicas: ‘La Junta tiene normalmente un esquema de funcionamiento muy simple, yo colaboro con quien colabora'.
¿Para usted esto qué significa?».
- Las preguntas del PSOE no eran muy agresivas. A Díaz Alcaraz, por ejemplo: «¿Considera que el procedimiento era el adecuado y que conjugaba control y agilidad administrativa?». O a Mellet: «¿Ha sido director de Mercasevilla? ¿Durante cuánto tiempo?».