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jueves, 28 agosto 2014
16:51
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La Razón

Tribunales

Guerrero implica a Chaves y Griñán en el «caso de los ERE»

  • En su declaración judicial aseguró que ambos estaban al tanto del sistema ilegal de ayudas

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Habló poco pero dijo bastantes cosas. En una comisión en la que las preguntas se hacen al vacío ante la negativa de los comparecientes a contestar, hay que agarrarse a las pocas palabras iniciales de los citados para interpretar su pensamiento. Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social, seleccionó con esmero sus frases y señaló a los diputados el camino que deben seguir si quieren encontrar las claves de cómo la Junta ha repartido en torno a 1.500 millones de euros de manera presuntamente irregular durante una década. «Hay muchos no imputados que pueden resolver sus dudas», dijo.

Guerrero llegó al Parlamento andaluz en un furgón policial desde la cárcel Sevilla I donde se encuentra en prisión preventiva desde el 10 de marzo. Lo hizo media hora antes de las 16:30 horas, momento fijado para su comparecencia. Agentes de la Policía Nacional lo acompañaron sin esposas a la Sala de Comisiones número 1. Dentro esperó a los representantes de los grupos políticos. Tras lamentar que es el único «que no comparece por mis propios medios» –sólo él está privado de libertad–, aclaró que no iba a responder a las preguntas, pero sí hizo su particular alegato. Y empezó a soltar algunas claves.

La primera de ellas: «Absolutamente nadie durante los diez años en los que estuve al frente de la Dirección General me dijo que realizara mis funciones de forma distinta a la que me instruyeron». Por tanto, los desmanes, exceso y descontrol con el que se gestionaron las ayudas públicas en la Consejería de Empleo entre 2001 y 2010 o no fueron detectados o fueron silenciados por los responsables del departamento.

La segunda, que tras su cese en abril de 2008, «nada cambió». Se trata de una evidencia constatada por la juez instructora del caso, uno de los motivos de la imputación en la causa de sus dos sucesores en el cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. La Junta siguió utilizando el mismo procedimiento en la concesión de ayudas sociolaborales y subvenciones discrecionales a empresas y tras un primer intento de modificación del sistema en abril de 2010 –a través de una encomienda de gestión genérica a la Agencia IDEA –, no es hasta abril de 2011 –con el escándalo ya en los medios de comunicación desde hace varios meses– cuando se instaura el modelo actual.

La tercera, la ya reseñada, «muchos no imputados» pueden aclarar por qué se creó y cómo funcionó el «fondo de reptiles». La juez Alaya ha imputado a 60 personas, la mayoría intrusos que han percibido una póliza de rentas asociada a un ERE de manera irregular. El ex consejero Antonio Fernández y su viceconsejero Agustín Barberá son los implicados de mayor rango político. No hay más consejeros. No está el ex consejero de Empleo José Antonio Viera que inauguró el sistema de ayudas ni otros compañeros de gabinete, que según la declaración judicial de Guerrero, conocían el modelo creado para el reparto de los fondos públicos. El ex director general aseguró ante Alaya que Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran conocedores del convenio marco de 2001 que permitió escapar del control de la Intervención General.

Desde su asiento, Guerrero escuchó las preguntas de los grupos sin contestar. Cuando salieron a relucir sus correrías con su ex chófer –que declaró que recibió 900.000 euros en ayudas a empresas fantasma gastados en fiestas, cocaína y regalos– sí intervino para definirse antes que lo hagan otros: «Lo único que le quiero decir a su señoría es que todo el mundo me tiene y me tengo por una persona jovial; ni he sido un putero, como alguien dijo, ni me he dedicado a la drogodependencia; me tomo las copas que me apetece, cuando me apetece y donde quiero». Minutos después, salía en el mismo furgón policial en el que llegó.


BORBOLLA NO APARECE, RIVAS NO HABLA
Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla no acudió a su cita con la comisión parlamentaria. La justificación oficial es que no ha recibido la notificación por encontrarse en el extranjero. Borbolla está imputado en la causa por recibir a través de varias sociedades casi 13,5 millones de euros de la Junta. Algunos proyectos–como una planta de ionización del corcho– ni se pusieron en marcha. El que sí acudió fue el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, imputado en esta trama y en el caso Mercasevilla. El ex alto cargo tiene a dos concuñados entre la lista de beneficiarios de pólizas de renta, pero en su intervención inicial negó que tuviera conocimiento «de irregularidad alguna».


Preguntas sin respuesta
-  El PP, a Guerrero: «¿Sigue manteniendo que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y por tanto, su presidente el Sr. Chaves y el Sr. Griñán como consejero entonces, conocían la forma de la adjudicación de las ayudas?».
-  El PP, a Guerrero: «¿Se reunió con el presidente Chaves en alguna ocasión en la sede del PSOE para tratar alguna cuestión de la Dirección General de Trabajo?».
-  La «agrevisidad» del PSOE con Guerrero: «¿Fue usted el titular de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía entre 1999 y abril de 2008?»
-  IU, a Guerrero: «¿Recibió instrucciones del PSOE para otorgar alguna ayuda?».
-  El PP, a Rivas: «¿Cree usted que las pólizas han podido servir para financiar al PSOE?».

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