miércoles, 22 mayo 2013
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La Razón

C. Valenciana

RTVV estudiará «una a una» qué sanción corresponde a los 50 expedientados

  • Escucha la defensa de los empleados que ocuparon un plató en protesta por el ERE

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Los trabajadores de Canal Nou se manifestaron en protesta por el ERE que despedirá a mas de 1.200 empleados
Los trabajadores de Canal Nou se manifestaron en protesta por el ERE que despedirá a mas de 1.200 empleados Kike Taberner

VALENCIA- La dirección de RadioTelevisión Valenciana (RTVV) llevará adelante su denuncia contra el medio centenar de empleados que el 16 de julio ocupó un plató donde se emitía el informativo de Canal 9  en protesta por la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) -más de la mitad del Comité de Empresa- y estudiará «uno por uno» cada caso a fin de establecer qué sanción corresponde a cada denunciado, que podría ir desde una simple amonestación verbal, hasta el despido fulminante sin derecho a indemnización.

Los afectados comparecieron ayer ante la dirección del ente para explicar su postura y defender su propuesta. Y es que los ahora investigados niegan haber cometido ninguno de los «ilícitos labores» que les son imputados, «no correspondiendo los hechos relatados a lo realmente acontecido», por lo que en su día solicitaron que no se les abriera el expediente sancionador.

Por otra parte, ayer se supo también que la dirección ha iniciado el procedimiento sancionador contra seis trabajadores de la delegación de Alicante por los incidentes ocurridos el primer fin de semana de septiembre en el aeropuerto de El Altet cuando, según UGT, un grupo de personas «sin relación laboral con el ente con camisetas como las utilizadas por empleados en las protestas contra el ERE, se situaron entre el cámara y la periodista que intervenía en directo».

 Según el sindicato, la dirección respondió a estos hechos abriendo una investigación previa a la apertura de expediente por una falta «muy grave» contra seis trabajadores, de los que algunos «ni siquiera estaban en el lugar de los hechos». UGT  considera que esta decisión «traspasa cualquier línea roja del respeto a los derechos constitucionales y sitúa a los trabajadores a un paso de ser sancionados por lo que puedan pensar o desear».  La agrupación sindical estudia si procederá judicialmente «contra los impulsores de estas medidas que a la inhumanidad laboral añaden la crueldad y la venganza contra todos aquellos que intentan defender sus derechos».

 

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