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martes, 21 octubre 2014
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La Razón

Sanidad

El «doctor muerte» en el banquillo

  • Comienza el juicio contra Carlos Morín y once de sus colaboradores por practicar 115 abortos ilegales. El fiscal solicita 345 años de prisión para el ginecólogo. El proceso durará 32 días

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El doctor Morín,  en Madrid, donde se archivó otro caso contra él
El doctor Morín, en Madrid, donde se archivó otro caso contra él Alejandro Olea

Hoy comienza el juicio «más importante que se ha hecho hasta la fecha sobre el aborto en España y Europa», señaló ayer Josep Miró i Ardèvol, presidente de E-Cristians, la entidad que ejercerá de acusación principal contra el doctor Morín y su entramado de clínicas abortistas en Barcelona. Y es tal su importancia por el número de imputados –doce en total–, por la cifra de testigos llamados a declarar –117 personas–, por el volumen de años de cárcel a los que se enfrenta Carlos Morín –345 años–, y por la extensión temporal –32 días–. Y es que al líder abortista y a su equipo se les imputan hasta 115 interrupciones ilegales del embarazo  –teniendo en cuenta la reforma de la Ley del Aborto por la ex ministra Bibiana Aído–, falsedad documental, intrusismo profesional y asociación ilícita.

El tesón de E-Cristians y la revelación de estas prácticas por dos medios de comunicación internacionales en 2004 y 2006 han sido claves para que la Justicia admitiera finalmente en 2007, investigar qué estaba ocurriendo detrás de los muros de las diferentes clínicas que el doctor Carlos Morín tenía en Barcelona. Ya en 2003, la asociación cristiana catalana trató de impedir la celebración de un congreso médico organizado por Morín en el que se iban a visionar hasta 30 abortos en directo. Sus esfuerzos fueron en vano y, de hecho, no fue hasta 2007 cuando  la entidad logra que el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona abre diligencias gracias al testimonio de una trabajadora de Morín que relató los horrores que se estaban cometiendo.

En este sentido, para Miró i Ardèvol en el juicio que se inicia hoy en la Audiencia de Barcelona pondrá en evidencia cuatro aspectos claves en lo que respecta a las practicas abortivas en España. Por un lado, que «el aborto ha sido y es un gran negocio», señaló el líder de E-Cristians. De hecho, «la Ley Aído es consecuencia del "caso Morín" y la presión del lobby de las clínicas abortistas españolas», apuntó y añadió: «cabe destacar que el PSOE no llevó en su programa electoral la reforma de la Ley del Aborto». Asimismo, el proceso judicial «pondrá en evidencia la total impunidad» con la actúan este tipo de centros, ya que, a diferencia del resto de leyes, sean del ámbito que sea, la normativa sobre el aborto «jamás ha contado con un reglamento que desarrollo la ley y detalle su contenido». Además, «ninguna clínica de abortos han sido registrada –al menos en Cataluña– fiscalmente», declaró el presidentes de la entidad cristiana.

En este sentido, «el "caso Morín" no se hubiese dado sin la pasividad de la Administración», señaló Miró i Ardèvol, que denunció la falta de colaboración y la irresponsabilidad de la Generalitat de Cataluña, que obvió su deber de control, y de algunos ayuntamientos, cuyos servicios sociales derivaban a las mujeres a los centros de Morín.

Múltiples escuchas telefónicas, el testimonio de dos testigos protegidos y de mujeres que abortaron en los centros de Morín, la documentación incautada por la Guardia Civil en el registro de las clínicas, la propia declaración de Morín y de algunos miembros de su equipo y sus contradicciones, entre otros indicios y pruebas, hacen pensar, tanto a la entidad como a su representante, el abogado Carles Barbosa, que aunque largo, el juicio tendrá un final claro. Sin ir más lejos, Barbosa señaló que más del 90 por ciento de las interrupciones del embarazo se realizaron bajo el concepto de «grave riesgo para la madre», y concretamente para su salud psicológica, a pesar de que muchas de las mujeres admitieron no haber sido reconocidas por un psicólogo o psiquiatra antes de abortar.

Para el abogado, también ha sido importante que la fiscal imputara a Morín un delito de asociación ilícita, porque eso significa que «existen indicios de que el acusado creó toda una red para captar clientas y practicar abortos ilegales en un marco delictivo».

Proteger a la mujer

«Necesitamos una nueva legislación», sentenció Miró i Ardèvol, para «impedir el negocio del aborto», para «proteger a la mujer, que tras abortar queda totalmente indefensa a pesar de que están documentadas las consecuencias de estas prácticas», para «defender al no nacido» y, sobre todo, para «evitar que se vuelvan a producir casos como el que ahora será enjuiciado».
Ejercerán también de acusación particular Alernativa Española, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y la asociación Jurídica Tomás Moro.
 

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