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domingo, 21 diciembre 2014
10:53
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La Razón

Atascar el registro del Congreso el plan para «resistir» el 25-S

  • Los convocantes planean acudir para solicitar en masa la propuesta «Democracia 4.0» e impedir que la Policía actúe

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Los activistas aseguran que, con esa táctica, los policías tendrían que recoger los formularios y entregarlos sellados en el Registro
Los activistas aseguran que, con esa táctica, los policías tendrían que recoger los formularios y entregarlos sellados en el Registro Cipriano Pastrano

MADRID- Sólo quedan tres días para el 25-S y las redes sociales echan humo sobre cómo comportarse ese día para esquivar detenciones. Los convocantes de la concentración –la Coordinadora 25-S y la plataforma ¡En Pie!–, que pretenden rodear la Cámara Baja de forma pacífica el próximo martes, tienen la sensación de que «las autoridades» están tratando de «suavizar sus intenciones» y han planeado una estrategia con el objetivo de evitar que la Policía les disuelva por estar impidiendo el normal funcionamiento del Parlamento (artículo 494 del Código Penal). Los activistas aseguran que se puede rodear o «tomar» el Congreso de forma legal utilizando el derecho fundamental de petición, recogido en el artículo 29 de la Constitución. La «petición» en cuestión que quieren realizar es una «Democracia 4.0», algo que ya se ha escuchado muchas veces en las asambleas del 15-M y que consiste en una «democracia participativa» de forma directa a través de unos escaños ocupados virtualmente por la ciudadanía para que vote a través de internet todas las propuestas que lleguen al Congreso. La idea para el martes que viene  es que cada activista se persone ese día en la Carrera de San Jerónimo con un formulario en la mano y reclamen esa «Democracia 4.0». Lo explican, por ejemplo, desde la web senti2comunes, donde aseguran que antes se permitía hacer entrega de la petición en cualquier registro de una administración pública, pero que, «curiosamente, desde el verano de 2011 el Ministerio de Administraciones Públicas prohibió que se siguiesen aceptando» y ahora sólo se pueden entregar en el Congreso, según el sitio web. Y ahí está la «estrategia» de los convocantes del 25-S. «¿Qué pasaría si miles de personas acuden ese día al Congreso identificadas y con un par de copias del texto de petición de ‘‘Democracia 4.0''?», se preguntan. Ellos afirman que la Policía no podría disolver la concentración porque, de lo contrario, estarían impidiendo el ejercicio de este derecho fundamental e incurrirían en el delito tipificado en el artículo 542 del Código Penal. Es más, aseguran que los agentes tendrían que colaborar con ellos porque «como funcionario público tendría la obligación de recoger cada petición, entregarlas al Registro y devolver una copia sellada a cada solicitante». La Brigada de Información está trabajando para saber las intenciones de los manifestantes el próximo martes. Se prevé un dispositivo policial de más de 1.300 agentes de la UIP y la semana pasada se han producido «movimientos» que muchos asistentes interpretan como amenazas para tratar de que se quede en casa la mayor parte de gente posible. Se refieren al desalojo de la okupa «Casablanca» –lugar de reunión de «indignados» y donde se estaba gestando el 25-S– pese a responder a una orden judicial tras la denuncia de la inmobiliaria propietaria y a la imputación, por parte del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, de ocho personas por incurrir presuntamente en el delito 494 del C.P. al «promover» una concentración que alterará el normal funcionamiento de la Cámara. Los ha citado a declarar el 4 de octubre.






 

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