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lunes, 24 noviembre 2014
07:34
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La Razón

Andalucía

Los residentes del SAS ponen en evidencia los recortes del bipartito

  • Arrancan su huelga indefinida con 5.000 manifestantes
     

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Unos 5.000 residentes tomaron las calles del centro de Sevilla
Unos 5.000 residentes tomaron las calles del centro de Sevilla

SEVILLa- Los especialistas residentes de los hospitales públicos andaluces inauguraron ayer su huelga indefinida. Una protesta que muestra cómo Andalucía recorta en políticas sensibles como la Salud, pese al mensaje que transmiten diariamente los socios de Gobierno, PSOE e IU. El seguimiento, según los convocantes, fue del 90 por ciento, porcentaje reducido a poco más del 50% por parte de la Consejería del ramo.
Más allá de las cifras, la realidad es que el paro entre los aproximadamente 4.500 residentes que trabajan en la red asistencial de la sanidad andaluza fue importante. Y que si no hay acuerdo continuará en los próximos días.
 Los motivos de la protesta son diversos. Los médicos residentes han visto cómo su sueldo –en torno a mil euros– se ha visto reducido un 36 por ciento en los últimos meses. La ampliación de la jornada laboral decretada por el Gobierno ha tenido consecuencias muy negativas para el colectivo. El motivo: el  Servicio Andaluz de Salud, en lugar de aumentarla,  ha preferido reducirles el salario, descontando de la percepción mensual de los residentes 10 horas  –2,5 por semana–a precio de guardia en lugar de hacerlo a lo estipulado en una jornada normal. Sin embargo, aseguran que trabajan más, ya que se han visto obligados a asumir la carga laboral de muchos facultativos que han visto reducidas sus jornadas un 25 por ciento.
Los residentes, en fase de formación, ven también cómo no se les valora por sus tareas formativas e investigadoras fuera de su jornada laboral y lamentan las pocas expectativas laborales existentes en Andalucía.
El colectivo asegura que la política del SAS, en comparación con otras comunidades autónomas,  los coloca «como los residentes más afectados en todo el país». La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, criticó la decisión, que no les va a llevar «a  ningún puerto».
 

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