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martes, 16 septiembre 2014
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La Razón

«caso gürtel»

España / Caso Gürtel

Garzón vuelve a la carga

  • El juez reaparece en plena tormenta contra el PP y bajo la sospecha de una conspiración

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La última aparición pública de Baltasar Garzón, el 18 de enero en una entrevista a CNN Chile, no defraudó.
La última aparición pública de Baltasar Garzón, el 18 de enero en una entrevista a CNN Chile, no defraudó.

Reaparece en la esfera nacional Baltasar Garzón. Y lo hará con una entrevista que concederá a la Cadena Ser. Hasta ahora, sus manifestaciones se habían producido fuera de España, donde asesora a distintos gobiernos en materia de leyes. Romperá su silencio para hablar, posiblemente, del «caso Gürtel» y de Luis Bárcenas. Y ello apenas dos días después de que el ex tesorero del PP asegurara en su declaración ante el fiscal anticorrupción Antonio Romeral –que es quien ha asumido la investigación abierta para determinar si ha existido una contabilidad «B» en el PP y si se realizaron pagos «en negro»– que Trías le ofreció la ayuda de Garzón y que mantuvo con él una reunión. Sin embargo, Bárcenas no concretó en qué se traduciría esa ayuda. Parece difícil que se pudiese tratar de convertirse en su abogado. ¿El mismo juez que le imputó y le acusó de delitos graves al apreciar indicios más que racionales podría ahora trabajar para demostrar todo lo contrario? La pura lógica lleva a una respuesta negativa. De ahí la incertidumbre sobre si lo que declaró al respecto Bárcenas tiene visos de realidad o no y, sobre todo, si se puede demostrar o no.

En febrero de 2009, Garzón lleva a cabo las primeras detenciones de la «operación Gürtel» y manda a prisión a Francisco Correa, Álvaro Pérez y Antoine Sánchez, considerados los tres principales responsables de la causa. Precisamente, la estancia en prisión de Correa, Pérez y Sánchez iba a ser lo que costaría a Garzón que se viese obligado por la Justicia a colgar la toga y a ver cómo desaparecía su nombre del escalafón de integrantes de la carrera judicial. No la estancia en prisión en sí, lógicamente, sino el ordenar que se grabasen determinadas conversaciones que mantuvieron con sus abogados en los locutorios de la prisión de Alcalá Meco. Por esos hechos, se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. En febrero de 2012, la Sala de lo Penal del Supremo le condenaba a 11 años de inhabilitación al considerar que la decisión de ordenar esas grabaciones a los presos conllevaba un delito de prevaricación. «La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia», afirmaba la resolución judicial.

Al existir distintos cargos autonómicos implicados en la causa, se remitió una parte al TSJ de Madrid y otra al TSJ de Valencia. En ese momento, Garzón y Bárcenas dejaron de tener «relación». El TSJ de Madrid se inhibió a favor del Supremo al apreciar indicios de delito en la actuación de Bárcenas y del ex diputado Jesús Merino. El 22 de julio, Bárcenas declaró como imputado en el Supremo y apenas seis días después, presentaba su dimisión, al igual que Merino. Ello origina que la causa regrese el TSJ de Madrid, donde, en septiembre de 2011, se archiva la causa respecto a Bárcenas. Sin embargo, en marzo de 2012, la Audiencia Nacional encontraba nuevos datos y le volvía a imputar por cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Y en esa se encuentra, a la espera de que el día 25 vuelva a comparecer ante el juez que sustituyó a Garzón, Pablo Ruz, esta vez para que explique el origen de los 22 millones de euros que tenía en cuentas suizas.

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