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viernes, 01 agosto 2014
03:25
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La Razón

Declarará el martes

Madrid / Cerco a la corrupción

El alcalde de Parla, imputado por los sobresueldos

Tomás Gómez cedió el testigo en la alcadía a su ex edil de Hacienda, José María Fraile
Tomás Gómez cedió el testigo en la alcadía a su ex edil de Hacienda, José María Fraile

El alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, tiene una cita con el juez el próximo martes. Será a las diez de la mañana ante el titular del Juzgado número 2 de la localidad y en calidad de imputado por un delito de malversación de caudales públicos, relacionado con los presuntos «sobresueldos» pagados a los funcionarios del Ayuntamiento, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. Lo hará acompañado de abogado y, como todo imputado, tendrá derecho a contestar o no al fiscal y al juez o incluso mentir.

La declaración de Fraile se producirá después de que el juzgado admitiese a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid, al considerar que pudo incurrir en los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

El pago de esos sobresueldos se habría producido pese a que la Delegación del Gobierno hubiese instado a la anulación de dos preceptos del convenio colectivo y del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo, ambos con una vigencia de 2008 a 2011, que firmó el entonces regidor, hoy líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, con los representantes de los trabajadores. En uno de ellos se establecía los incrementos de las retribuciones económicas, fijándose un fondo de 85.000 euros anuales «a distribuir proporcionalmente entre todo el personal, en atención a distintos requisitos», mientras que en segundo se constituía un fondo social para la promoción socio-familiar del personal municipal «a distribuir proporcionalmente entre todo el personal activo».

Ante ese requerimiento, la Junta de Gobierno acordó en enero de 2009 dejar sin efecto esos artículos y sus contenidos. Sin embargo, presuntamente, el Consistorio continuó con esos «sobresueldos» a los funcionarios.

Así al menos lo sostiene la Fiscalía en su denuncia, tal como adelantó en exclusiva este periódico el pasado 13 de febrero. «Pese al acuerdo de anulación de los artículos referidos, consta que el Ayuntamiento de Parla, mediante decretos del alcalde-presidente, José María Fraile, ha venido aprobando, desde el año 2009, diversos pagos a los funcionarios y personal laboral del referido Ayuntamiento, sustentados en los referidos artículos del acuerdo-convenio impugnado y anulado en la citada sesión de 16 de enero, a la que asistió el propio alcalde».

Este hecho, señala el Ministerio Público, se desprende del propio informe de la intervención del Ayuntamiento –que adjunta con su escrito–, de las nóminas correspondientes a los meses de abril de 2009, septiembre de 2009, octubre de 2009, abril de 2010, octubre de 2010 y abril de 2011. Lo que no se concreta es la cuantía a la que han podido ascender esos pagos.

Pero esos «sobresueldos» no se investigan sólo en los juzgados de Parla, sino que el Tribunal de Cuentas también abrió una investigación después de que LA RAZÓN publicase en exclusiva el 26 de abril de 2010 que el ex alcalde de Parla y secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, antes de abandonar el bastón de mando del Ayuntamiento, en 2008, autorizó pagos presuntamente ilegales –en contra de la delegada del Gobierno, Soledad Mestre y la interventora municipal, que le advirtieron de su «ilegalidad»– a funcionarios municipales por valor de 200.000 euros.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas entendió que había motivos suficientes para iniciar una investigación sobre esos «sobresueldos» a los funcionarios, por lo que se abrieron unas diligencias preliminares.

Tribunal de Cuentas, al acecho

Después de esas diligencias, tanto Abogacía del Estado como Fiscalía instaron a que el procedimiento siguiese adelante, al entenderse que los indicios de una posible «responsabilidad contable» se habían afianzado. De esta forma, el 30 de octubre de 2012 se dictó un auto de nombramiento de delegado instructor para la tramitación de las actuaciones previas, lo que se formalizó el pasado 10 de enero.

Este delegado instructor será el que practique las diligencias oportunas, que concluirán con un acta de liquidación, que será en la que tenga que constar si hay indicios de posibles irregularidades contables, tal y como señaló en su día la delegada del Gobierno, Soledad Mestre.

200.000 EUROS AL AÑO PARA PRIVILEGIOS

La cifra para pagar los «extras» de los funcionarios no ha dejado de aumentar en los libros de cuentas del Ayuntamiento de Parla. José María Fraile, actual edil y ex responsable de la Hacienda municipal, conoce de sobra la partida de «actuaciones de protección y promoción social» que cada año arrebatan del presupuesto parleño alrededor de 200.000 euros. Entre 2006 y 2011, este gasto restó de las arcas municipales 900.000 euros y a partir de 2009, tras su duplicación, se elevaron a 200.000 euros al año.

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