Díaz destituye a los dos directivos detenidos por los cursos de formación

Las reiteradas críticas a Alaya por sus supuestas interferencias en los procesos electorales se quedan sin argumentos. Dos días después del 22-M, la magistrada dirigió una operación de gran importancia, que afecta a toda la Junta de Andalucía y en todas las provincias de la comunidad. Oficialmente, no se ha intervenido antes porque no estaban todos los cabos atados. La investigación se abre a raíz del sumario del fraude en los ERE y, sobre todo, por la declaración del testigo protegido Teodoro Montes, que señaló irregularidades de calado en la gestión de los fondos de formación.

Según fuentes de la investigación, el entramado respondía a crear redes de clientelismo con las que ganar elecciones cada cuatro años. Los directores provinciales de formación certificaban como buenas las facturas que les pasaban las empresas o los agentes sociales que habían sido receptores de la primera parte de la subvención. En algunos casos, se ha comprobado que ni siquiera había facturación o era incorrecta. Había empresas que no habían justificado el dinero que se les había dado y la normativa contemplaba una excepción, que se convirtió en regla, de que los directores generales de formación podían autorizar que al año siguiente se les siguiera dando dinero. En algunos casos eso continuaba año tras año, sin control. Se trataba de un «vicio» establecido». En vez de buscar las empresas más adecuadas, se entregaba el dinero a firmas de «amiguetes», que llegaron a expedir títulos a «alumnos» de cursos que ni siquiera se les había impartido.

Los agentes de la UCO iniciaron en la mañana de ayer la «operación Barrado» que, sin que se descarten nuevas detenciones, se ha concretado en la detención de 16 altos o ex altos cargos de la Junta y otras cinco imputaciones, según fuentes de la investigación. Al menos siete de los 16 arrestados han trabajado para el Servicio Andaluz de Empleo. Cuatro estuvieron al frente de las direcciones generales. Los arrestados no son cualquiera en el seno de la Junta. Entre ellos, dos delegados provinciales de Empleo, destituidos ayer mismo tras las detenciones «respetando su presunción de inocencia», Aurora Cosano, en Sevilla, y Eduardo Manuel Muñoz García, en Huelva, que fue alcalde de Nerva. También, la ex directora general de Formación de la Junta Teresa Florido, cuñada del ex consejero Ángel Ojeda, señalado en el caso de los fondos de formación por recibir más de 33 millones; el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, absuelto por el Supremo en el «caso Mercasevilla» e imputado en el «caso ERE»; el ex director general Andrés Sánchez; los ex delegados de Empleo en Cádiz Juan Bouza y el ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional, Manuel Brenes; en Almería, Francisca Pérez Laborda; en Granada, Marina Martín Jiménez, actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí; en Jaén, Irena Sabalete; en Málaga, Juan Carlos Lomeña; y en Córdoba, el ex delegado de Empleo Antonio Fernández Ramírez y la ex directora de formación María José Lara. También han sido detenidos los ex directores gerentes de los consorcios Formades y Ciomijas y la presidenta de la UTE de Ciomijas en Mijas (Málaga). En la causa ya estaba imputado el ex consejero Antonio Fernández.

Tras la declaración de Teodoro Montes, la jueza abrió nuevas diligencias y el pasado año ordenó el registro de la Dirección General de Formación, en el que se obtuvo importante documentación que, unida a las citadas evidencias (el «caso ERE» y la declaración de Teodoro Montes), así como una serie de testimonios tomados por la Guardia Civil, permite la puesta en marcha de la operación desarrollada. Se trata de un presunto caso de prevaricación, malversación y fraude en subvenciones en el que adelantaban a las empresas los primeros fondos para los cursos. Cuando llegaba el momento de certificar, por parte de las direcciones provinciales de empleo, que a ese dinero se le había dado el uso correcto, se acreditaba, aunque no fuera cierto. De esta manera, se les entregaba el resto de los fondos. La operación se repetía, esta vez a escala de la Dirección General de Formación, cuando había que dar el dinero para el año siguiente y para que continuaran los supuestos cursos de formación. Los investigadores han comprobado que la excepcionalidad se había convertido en norma. Alaya llegó a preguntar a Teodoro Montes si la Faffe, un ente creado por la Junta y el que fueron recolocados con «sueldos muy elevados» numerosos cargos socialistas o familiares, había financiado al PSOE. La magistrada mantiene desde el 20 de enero el secreto parcial de la causa, con cuatro líneas abiertas.