Sindicatos y patronal acuerdan justificar los despidos temporales por el coronavirus

Los agentes sociales, patronales (CEOE y Cepyme) y sindicatos (CCOO, UGT) han acordado un paquete de medidas extraordinarias para responder al impacto del coronavirus en empresas y trabajadores y las han plasmado en un documento enviado al Gobierno. Ambas partes entienden que las posibles situaciones y contingencias derivadas de esta pandemia no cuentan con una respuesta suficiente en la actual normativa laboral y de Seguridad Social. Por ello, instan al Ejecutivo a aprobar un real decreto de medidas de carácter temporal y excepcional, pero que siempre deberá "negociarse con las organizaciones sindicales y empresariales”.

La principal de las medidas que reclaman es una nueva normativa de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE), que deben incidir en la causalidad vinculada a los efectos del coronavirus, la simplificación de los procedimientos y el acortamiento de los plazos de resolución. En este sentido, las medidas adoptadas por las Administraciones por motivo de salud pública -cierre de centros, cancelación de actividades, restricciones a la movilidad de personas o mercancías, aislamiento para evitar el contagio, o carencia de suministros, entre otros- podrán justificar un ERTE “por fuerza mayor”.

Otras medidas propuestas por los interlocutores sociales pasan por la protección de los trabajadores fijos discontinuos; atender el cierre de centros escolares, centros de día y restricciones de movilidad; y facilitar el teletrabajo entendiendo cumplida, con carácter excepcional, la obligación de las empresas de evaluar los riesgos con la autoevaluación realizada voluntariamente por el propio trabajador. Los agentes sociales, en un comunicado conjunto, destacan que se necesitan fondos adicionales para proteger el empleo y la actividad económica frente a esta crisis, pero entienden que éstos “no deben computarse a efectos de determinar la senda de cumplimiento del déficit público”. De esta manera, defienden que las medidas planteadas con impacto sobre la Seguridad Social “puedan contar con la gestión y anticipo de fondos de la propia Seguridad Social, que deberán compensarse con un fondo de ayuda extraordinaria”.

Las organizaciones han trasladado al Gobierno este acuerdo con el objetivo de que las medidas sean consensuadas en la mesa del diálogo social.