Amnistías y conciencia

Nuestra oposición a las amnistías ha tenido como principal argumento el daño a la conciencia fiscal, sólo evaluable con el paso del tiempo. Las amnistías aprobadas en democracia han buscado aflorar rentas ocultas y financiar graves episodios de déficit, acompañándose de medidas desincentivadoras del fraude, como nuevas medidas de colaboración bancaria (1985), un moderno IRPF (1991) o una ley contra el fraude (2012).

La Ley 14/1985 llegó en un contexto de reducido control fiscal del Estado, en vísperas de nuestra incorporación a la CEE. Esta amnistía supuso aflorar rentas sin pagar impuestos, suscribiendo deuda pública opaca. Pero los pagarés del Tesoro se convirtieron en refugio de dinero negro, escapando a todo control. La Ley 18/1991 trajo otra amnistía para los titulares de aquellos pagarés, canjeados por deuda pública especial al 2% (el tipo legal era del 10%), opaca, amortizable a seis años (ganando prescripción) y sin tributación. También incluyó una regularización de cuotas no declaradas, mediante complementarias, sin intereses ni sanciones. Fue insuficiente. Inmediatamente, en 1992, se incrementaron los tipos de IRPF e IVA.

El RDL 12/2012 aprobó otra amnistía, con el pago de una cuota mínima, cuya media fue del 3% de las rentas afloradas, sin intereses ni sanciones. La recaudación fue la mitad de la esperada y el afloramiento de rentas, en porcentaje sobre PIB, similar a 1991. Tras no poca insistencia, especialmente nuestra, estos datos, inicialmente opacos, se incorporaron a las aplicaciones de la AEAT.

Con cada nueva amnistía se ha ido transmitiendo a la sociedad la impotencia de la Administración para controlar ciertas rentas, y una creciente sensación de injusticia. Ello ha derivado en una desafección de ciudadanos y empresas, tentados al fraude en millones de actos y transacciones cotidianos, con efectos económicos terribles en el medio plazo y cuyo impacto ha sido menospreciado.

La recaudación tributaria líquida respecto al PIB fue en 1986 del 15,31%, del 17,86% en 1991, y del 15,04% en 2011. Pese a las reformas fiscales y a una moderna y pequeña Agencia Tributaria si la conciencia fiscal se resiente la legislación y el control son insuficientes, pues el sistema descansa en el cumplimiento voluntario y la recaudación directa por actos de control suele rondar sólo el 5,5% del total de los ingresos tributarios.

Debemos fomentar esa concienciación, sin amnistías, con medidas de control eficaces pero, sobre todo, con un adecuado uso de los fondos públicos, buenos servicios y conductas ejemplares.

*Secretario de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)