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Beneficios fiscales: Ciudadanos y empresas se deducirán 2.631 millones menos

Hacienda destinará este año a beneficios fiscales 31.687 millones, un 7,6% menos que en 2016. El ajuste, demandado por el FMI, permitirá a España acercarse al objetivo de déficit pactado con la UE

  • Cristóbal Montoro
    Cristóbal Montoro / C. Pastrano
Jesús Martín. 

Tiempo de lectura 8 min.

23 de abril de 2017. 21:35h

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Jesús Martín.  25/4/2017

Los ingresos tributarios superarán por primera vez los 200.000 millones de euros en 2017. Así está previsto en los Presupuestos Generales del Estado que Cristóbal Montoro entregó el pasado 4 de abril en el Congreso de los Diputados. Sorprendentemente, son 14.715 millones de euros más (un 7,9%) en relación con la recaudación de 2016. No hay subida de las figuras impositivas; más bien, al contrario. El Gobierno lo fía todo al mejor contexto económico: el crecimiento se mantendrá sólido entre el 2,7% del Gobierno y el 2,8% del Banco de España, y esto permitirá que se creen 506.000 empleos más en el año. Si a esta previsión unimos que sindicatos y patronales están cerrando un acuerdo para subir los salarios que oscilará entre el 1,5% y el 2,5%, se entenderá fácilmente por qué el Gobierno habla de aumento de las bases imponibles: más gente cotizando y por salarios algo mayores.

Pero hay algo más. Como destacó Montoro en la presentación pública de las cuentas para este año, el Gobierno ha mantenido su control, un año más, sobre los gastos y sobre las inversiones para asegurarse de que la diferencia final entre el dinero que entra y el que sale de la caja no exceda del 3,1% del PIB. Bruselas no toleraría un segundo incumplimiento del déficit en tres años. Hacienda también quiere garantizarse que al cierre del presente ejercicio la diferencia entre gastos e ingresos no supere los 35.932 millones de euros (3,1% del PIB), teniendo en cuenta que el PIB alcanzará un valor a precios de mercado de 1.159.100 millones de euros.

Fórmula discreta

Para hacer posible el milagro de reducir el déficit del 4,33% (4,5%) si se contabiliza el rescate bancario) al 3,1%, el Ministerio de Hacienda se ha fijado en los beneficios fiscales y ahí ha encontrado la fórmula para ayudar a cuadrar las cuentas de este ejercicio. Se trata de una partida de nada menos que 31.867 millones de euros y que, manejada convenientemente, produce menos opiniones contrarias que las subidas de impuestos o los habituales «hachazos» en el capítulo de inversiones públicas.

Pero, ¿qué son los beneficios fiscales? El dinero que el Estado deja de recaudar en los ingresos impositivos a lo largo de un año como consecuencia de llevar a la práctica, mediante incentivos fiscales, una determinada política económica y social. Pongamos un ejemplo. Si el Gobierno quiere fomentar el acceso universal a la vivienda contemplado en la Constitución Española acompañará su política con deducciones por inversión en vivienda habitual. Si pretende que el país esté a la altura tecnológica de las naciones de nuestro entorno tendrá que permitir determinadas deducciones en el Impuesto sobre Sociedades que «animen» a las empresas a investigar. Pues bien, todas esas ayudas que empresas y ciudadanos pueden deducirse o desgravarse en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, unos, y del Impuesto sobre Sociedades, otras, suman para este ejercicio 31.867 millones de euros, un 7,6% menos que el año anterior (2.631 millones de euros en términos absolutos). No es mucho, pero es un elemento coadyuvador del cumplimiento del Plan de Estabilidad. No hay que olvidar que, en 2015, la partida de los beneficios fiscales ascendió a 40.719 millones de euros. En la década prodigiosa llegó a rondar los 44.000 millones.

IVA e impuestos especiales

Por tributos, las principales bonificaciones fiscales están en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Hacienda «dejará de ingresar» 18.945 millones en 2017 (un 1,5% menos que en 2016) por mantener determinados productos y servicios gravados a tipo reducido (10%) en lugar del general (21%) o por gravarlos con el tipo súperreducido (4%). Algo similar sucede con el impuesto sobre las primas de seguros o los impuestos especiales, que gravan el consumo de gasolinas, tabaco o bebidas alcohólicas. Sólo por estos dos últimos tributos, Hacienda deja escapar más de 1.581 millones.

El volumen de beneficios fiscales aplicables al IRPF se sitúa en 7.790 millones de euros. Respecto al año anterior supone una disminución de 519 millones de euros y una variación relativa del -6,2%. Según los propios Presupuestos, el principal factor explicativo de esta reducción es el descenso (353 millones de euros) en la tributación conjunta y por rendimientos del trabajo. Como ha venido siendo habitual desde su supresión en 2013, hay una caída notoria (-5,1%) en las deducciones por inversión en vivienda habitual dentro del régimen transitorio. Y es que, desde 2013, este incentivo fiscal se mantiene única y exclusivamente para aquellos contribuyentes que hubieran adquirido la vivienda con anterioridad a ese año. Son 1.178 millones en total, pero año a año se va reduciendo. Otros recortes importantes se van a dar en los beneficios por arrendamientos de viviendas (-21,4%), por aportaciones a sistemas de previsión social (planes de pensiones, del -13,1%) o reducción por rendimiento del trabajo.

Llaman la atención por su variación en términos relativos las menores deducciones por alquiler de vivienda habitual (-38,5%) y las exenciones de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador (-17,5%). En términos absolutos, el Ministerio de Hacienda «gasta» entre ambas partidas 147 millones de euros.

El departamento de Montoro se ha reservado los recortes de los beneficios fiscales para el Impuesto sobre Sociedades. En 2016, la política del Gobierno minoró los ingresos por este tributo en 3.841 millones de euros; para este año la pérdida se va a reducir a 2.127 millones de euros. Son 1.714 millones de euros menos, pero representan una caída del 44,6%. Los mayores descensos se producen en los tipos reducidos del gravamen (-63,9%), las deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (-49,8%) o la reducción por la reserva de capitalización (-51,6%).

Motivos

Para el Ministerio de Hacienda, varias son las circunstancias que simultáneamente han coincidido en 2017, derivadas de la entrada en vigor de la segunda fase de la reforma del Impuesto sobre Sociedades, que establece varios cambios normativos de calado «que ocasionan una considerable contracción de los beneficios fiscales». Se han suprimido los tipos reducidos del gravamen a las pymes, que ahora se quedan en 384 millones de euros cuando en 2016 ascendieron a 1.065 millones. Los descensos relativos a los tipos reducidos de gravamen, las reservas de capitalización y nivelación, así como las deducciones por I+D+i suponen una disminución de beneficios fiscales por importe de 1.689 millones de euros, el 98,6% de la reducción total en este impuesto.

La partida se ha reducido en 6.235 millones desde 2012

Sin prisa pero sin pausa, el dinero que el Estado deja de ingresar por los beneficios fiscales se ha ido reduciendo de forma paulatina en los últimos años, coincidiendo con los problemas de España para cumplir con el objetivo de déficit comprometido con Bruselas. Desde el año 2012, con los primeros Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Partido Popular tras su triunfo electoral del 20 de noviembre de 2011, la partida de beneficios fiscales se ha reducido en 6.235 millones de euros, pasando de los 38.102 millones a los actuales 31.867 millones de euros. Donde más se han notado estos recortes ha sido en los impuestos directos: si en 2012 las minoraciones tributarias ascendían a 19.952 millones de euros, hoy se han quedado en 11.341 millones.

Reducir los beneficios fiscales ha sido una de las peticiones expresas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho a España en los últimos años para cuadrar sus cuentas. El argumento del fondo es que España ya ha hecho lo suficiente en lo que tiene que ver con la reducción de los tipos en IRPF y Sociedades, pero considera que puede mejorar la recaudación y hacer más eficiente el sistema si se revisan los beneficios fiscales que contempla.

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