viernes, 23 junio 2017
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Economía

La fiscalidad de Cataluña es «especialmente elevada». Así lo reconoce el propio consejo asesor para la reactivación económica (Carec), creado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en busca de ideas para que Cataluña recupere la senda del crecimiento. El Carec podría haber dicho que la presión fiscal en Cataluña es la mayor del conjunto de España, pero prefirió suavizarlo. La razón de esta circunstancia hay que buscarla en la situación financiera de una Generalitat asfixiada por la deuda (la mayor de todas las comunidades en términos absolutos y relativos) e incapaz de acceder a los mercados de crédito. Desde hace varios años, la tendencia a incrementar los impuestos ha ido en aumento con el propósito de mejorar la recaudación y de equilibrar las cuentas catalanas. Pero los resultados de esta política son muy discutibles porque Cataluña no logra levantar cabeza. Un estudio del Consejo General del Colegio de Economistas acerca de la fiscalidad autonómica analizó el panorama, dejando claro que Cataluña lidera la presión fiscal en España en varios tributos. El impuesto de patrimonio en Cataluña es el más sofocante, ya que el mínimo exento es de 500.000 euros, mientras que en el resto de España es 700.000. Lo mismo ocurre con el IRPF, que alcanza el 56 por ciento para las rentas más altas. A esto hay que añadir la batería de impuestos que CiU introducirá en breve en virtud del acuerdo de gobernabilidad firmado con ERC. Exisitirá un tributo sobre las bebidas refrescantes con azúcar con el pretexto de preservar la salud (permitirá recaudar unos 22 millones), se creará un impuesto sobre grandes superficies (25 millones), dos tasas sobre la emisión de gases y sobre la producción de residuos nucleares, se ampliará la recaudación derivada del impuesto de sucesiones y se aplicará la euroviñeta para gravar a los vehículos pesados de mercancías. Para evitar que Cataluña no sufra una fuga de capital, la mejor idea que ha tenido el Carec ha sido proponer límites a la competencia fiscal con el argumento de que hay comunidades que son receptoras de la solidaridad interterritorial que ofrecen tipos impositivos más que las que aportan más recursos.

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