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El BCE no descarta información privilegiada en la fuga de capitales

Acusa a la dirección del banco de «no tomar las decisiones correctas cuando debía hacerlo» y pide a la Justicia que investigue las horas previas a la venta

  • Daniel Nouy, presidenta de la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo, en su comparecencia de ayer
    Daniel Nouy, presidenta de la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo, en su comparecencia de ayer
Mirentxu Arroqui.  Bruselas.

Tiempo de lectura 4 min.

20 de junio de 2017. 00:42h

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La resolución del Banco Popular ha sido un éxito. Ése ha sido el mensaje unívoco por parte de Bruselas y Fráncfort durante las últimas semanas y a ese mantra se aferró ayer la presidenta de la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Daniel Nouy, el organismo encargado de redactar el acta de defunción del banco y abrir la veda a la puja por parte del Banco Santander. Pero este relato tiene algunos peros, tal y como quedó ejemplificado en las preguntas a las que se vio sometida Nouy por parte de eurodiputados de todos los países y colores políticos durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara.

Para Nouy, el grueso de los errores cometidos corresponden a los directivos de la entidad y los organismos supervisores europeos no tenían margen de maniobra. «A veces un banco tiene que desaparecer porque la directiva no ha tomado las decisiones correctas cuando debía hacerlo», explicó la economista frances, después de asegurar que la liquidación ordenada de la entidad «en esta categoría de decisiones dolorosas y tristes, fue un éxito»,

A pesar de esto, Nouy reconoció que los supervisores europeos eran conscientes de que la entidad atravesaba problemas, pero según se desprende de su relato, no fueron capaces de valorar su gravedad. La entidad sólo suspendió el examen de los test de estrés realizado por el analista privado Olyver Wyman en 2012 –lo que llevó a una ampliación de capital–y aprobó las pruebas del año 2016 confeccionadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). A pesar de esto, Nouy recuerda que «la disminución de capital era bastante fuerte» pero esto no encendió las alarmas ya que en el caso de España «era razonable pensar que lo peor había quedado atrás», en referencia al estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior recuperación económica. Pero la realidad ha resultado ser peor que los escenarios previstos por la Autoridad Bancaria Europea. A ese respecto, Nouy recordó que la Junta de Supervisión que ella dirige no tiene potestad para elaborar estos modelos.

En consecuencia, la economista francesa también recordó que hubo inspecciones in situ y provisiones adicionales. A la hora de dictaminar el diagnostico de la entidad y la causa de la muerte, Nouy apuntó a la falta de liquidez como «el último paso de la enfermedad» de una serie de problemas estructurales. Hasta ahora, uno de los mayores interrogantes reside en la rapidez con la que el banco hizo frente a la fuga de depósitos y la falta de instrumentos disponibles para proveer de liquidez de manera urgente. Según el Ministerio de Economía, Banco Popular, a partir de las tres de la tarde del martes 6 de junio, no pudo acceder a la línea de emergencia del Banco Central Europea (ELA) al no disponer de colateral. Esto precipitó la resolución de la entidad, prevista para el fin de semana, ante la incapacidad para abrir al día siguiente las oficinas. El titular de Economía español, Luis de Guindos, pidió en la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro este pasado lunes que el fondo de resolución europeo disponga de mecanismos adicionales de liquidez para poder manejar mejor los tiempos y la Comisión Europea ha reconocido que hay lecciones que extraer. Nouy, si bien en todo momento ha defendido el marco europeo para responder a este tipo crisis, reconoció que las reglas sobre una intervención temprana del BCE no son lo suficientemente claras.

Controversia

Uno de los capítulos más controvertidos de la comparecencia tuvo lugar cuando eurodiputados españoles hicieron alusión a la fuga de capital en las horas previas a la liquidación debido a la presunta utilización de información privilegiada por parte de ciertas entidades públicas como ayuntamientos y comunidades autónomas, lo que habría dañado a los pequeños accionistas y depositantes. Nouy, si bien se escudó en que no corresponde a la Junta dilucidar este cuestión, considera que «hay margen» para que los que se consideran perjudicados puedan acudir a la Justicia española». «Esto no está en mis prerrogativas, yo no puedo participar en ello, pero desde luego que sí hay margen para que la Justicia española investigue esos movimientos para ver si ha habido tráfico de información y si algunas instancias o personas han intentado protegerse mejor que los pequeños depositantes», declaró.

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