El Comité de Sabios de Empleo «entierra» el contrato único

Los expertos desaconsejan su implantación en el marco de la sentencia sobre la precariedad laboral en la Administración pública

La reforma integral que persigue acabar con la intestabilidad laboral de los trabajadores interinos en España tendrá que esperar. Dos meses y medio después de constituirse, el Comité de Sabios auspiciado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para efectuar recomendaciones dirigidas a adaptar la legislación española a la sentencia formulada el pasado mes de septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de la UE ha entrado en la fase final de sus trabajos, aunque sobrepasará posiblemente con creces el plazo de este 31 de enero fijado anteriormente para cerrar las conclusiones.

A falta de mantener nuevas reuniones –la primera de las cuales podría celebrarse este mismo lunes–, sus seis integrantes han llegado al acuerdo de que habrá que esperar a la respuesta de las cuestiones prejudiciales planteadas a la Justicia europea por dos órganos judiciales de Madrid y Galicia, en las que demandan clarificar el contenido del histórico fallo para proponer un cambio sustancial definitivo al grave problema que afecta a este tipo de empleados, especialmente en el ámbito de las administraciones públicas.

Fuentes de este órgano remarcaron ayer a LA RAZÓN el consenso alcanzado en este sentido, a la vista de las profundas dudas de interpretación suscitadas en la Justicia española y entre los propios especialistas en Derecho Laboral por el contenido de la sentencia. El otro gran acuerdo logrado por los miembros consiste en el rechazo a la implantación de un contrato único en el ámbito debatido aprovechando el cambio legal que se avecina tras el fallo, pese a las propuestas formuladas en este sentido por dos partidos políticos, UpyD primero y Ciudadanos después, y por un sector de la patronal CEOE. Al final, los expertos que integran el Comité desaconsejan el establecimiento de dicho contrato ceñido a la parte afectada por la sentencia, por entender de forma más o menos común que el ámbito laboral a regular es muy heterogéneo y que dicha regulación extralimitaría el mandato judicial europeo plasmado en el fallo. En palabras de un miembro de la comisión: «Ahora no toca».

Rechazo de Toxo

La oposición aprovechará la circunstacia sobrevenida por la sentencia europea para proceder a una unificación de contratos en la legislación que ya había sido formulada por anterioridad por los secretarios generales de las centrales UGT y CC OO. Ignacio Fernández Toxo llegó incluso a denunciar que esa unificación perseguía en realidad abaratar aún más los costes del despido, apuntando que su sindicato la rechazaría cuando se procediera a su debate en este contexto.

En el resto de los puntos debatidos, la disonancia se ha acentuado durante los últimos diez días, de acuerdo con las mismas fuentes, intensificada por los representantes propuestos por los sindicatos en el Comité. Durante estos dos meses y medio de trabajo, los seis especialistas en Derecho Laboral han debatido largo y tendido sobre la cuantía de la indemnización que debería percibir un trabajador interino si es despedido. Sobre este punto, las diferencias se han acentuado con el paso de los días hasta el punto de que, hasta ayer, los representantes propuestos por los empresarios defendían que se moviera en la franja de los 12 días por año trabajado, recordando que en países como Alemania o Reino Unido no existen indemnizaciones para los trabajadores interinos. Por su parte, los representantes de los sindicatos estaban enrocados en los 20 días ya vigentes en España desde la aprobación de la reforma laboral.

Puntos de fricción

Éstos y otros puntos de fricción podrían prorrogar las difusión de las conclusiones aún más tiempo. Hace tres días se esperaba que el lunes o el martes de la próxima semana, como muy tarde, hubiera un informe definitivo, pero la falta de consenso llevó ayer a algunos miembros de la comisión a apuntar la posibilidad de exceder este plazo.

Ayer mismo, UGT difundió que en la Mesa de la Función Pública, que se celebrará pasado mañana, llevará el espinoso asunto de la precariedad en la Administración pública. Según sus datos, sólo en el Sistema Nacional de Salud (SNS) se contabilizan 170.000 trabajadores en situación de interinidad, lo que representa un 35% de la plantilla total. En educación pública, uno de cada cuatro docentes de enseñanza no universitaria es interino.

Como ya informó el Ministerio de Empleo, el grupo de expertos encargados de evaluar la precariedad laboral en la Administración al hilo de la sentencia europea está coordinado por Alfredo Montoya Melgar, y entre los participantes figuran Jordi García Viña, José María Miranda Boto, Joaquín Pérez Rey, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, y Teresa Díaz de Durán.