El coste para el contribuyente

Lo que era evidente se ha hecho realidad: el recorte del déficit se va a hacer por la vía de los ingresos sin casi tocar los gastos. Los más de 5.500 millones pendientes de ajuste hasta llegar al objetivo de déficit (superior a 8.000 millones si contamos con la desaceleración previsible del crecimiento de 2017) se van a conseguir subiendo impuestos y endureciendo las políticas de persecución del fraude fiscal. Los bolsillos de los ciudadanos se verán nuevamente castigados por una política presupuestaria que no concibe que la grave crisis fiscal que vive España no se arregla subiendo impuestos que ajustan sólo el déficit cíclico, mientras que continúa creciendo sin parar el déficit estructural, el cual está ya cercano al 4% del PIB.

- Subida del impuesto de Sociedades vía menos deducciones: que las empresas paguen más impuestos por sus beneficios se traduce en menos empleo y en cortar la posibilidad de una subida mayor de los salarios. Especialmente dañino es en el caso de las grandes empresas, que crean 2 de cada 3 puestos de trabajo, aportan el 55% de la recaudación por Sociedades (siendo escasamente 200.000 empresas) y son las que tienen en este momento capacidad de poder subir salarios. Sólo el aumento de los pagos a cuenta de Sociedades ha provocado que pymes y grandes empresas tengan que destinar en torno a 7.000 millones a adelantar impuestos en vez de utilizarlo en generar empleo o subir salarios.

- Subida de los impuestos al tabaco y al alcohol y sobre las bebidas azucaradas: no sólo se ven afectados los consumidores de tabaco, azúcar o alcohol, también el resto. En el caso del tabaco es evidente. Cada vez que se suben los impuestos a su consumo, una parte de la recaudación se va en el incremento de subvenciones al cultivo, las cuales en la PAC ya superan los 70 millones de euros anuales.

- Medioambientales: se traduce en una subida del recibo de la luz «por la puerta de atrás» ya que el sobrecoste será repercutido en su totalidad a los consumidores por parte de las compañías eléctricas.

- Aumento de la base máxima de cotización: cuanto más caro sea contratar, menor va a ser la creación de empleo cualificado. Los más de 700.000 trabajadores que cotizan por la base máxima son los que más alta productividad tienen y, por tanto, elimina el incentivo que pudiera tener el empresario a subirles el sueldo en 2017 y pensarse muy bien la contratación de nuevos empleados que entran con un coste fiscal total (cuña fiscal) del 43%.

- Subida del salario mínimo: el salario mínimo es una barrera que se convierte en «muralla» para los trabajadores más «precarios», concretamente para el 0,8% de los asalariados a jornada completa y el 54,4% a tiempo parcial según el INE. Aquellos cuya productividad es menor al salario mínimo se quedan fuera del mercado laboral legal, promocionando la economía sumergida.

- Fraude fiscal: aparte del sistema de liquidación inmediata del IVA, la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros va encaminada a conseguir un mayor control de la vida pública. Sin embargo, más control no supone reducir automáticamente el fraude. De hecho, la evidencia empírica muestra lo contrario.

En suma, el paquete de medidas tiene un coste sobre el contribuyente, obligándole a provisionar más dinero para impuestos. Pero sobre todo se constata la preocupante inconsistencia temporal de la política presupuestaria de España.

*Profesor de Economía de la Universidad de Essex