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Economía / Catalunya Caixa

El fiscal pide cuatro años de cárcel para Narcís Serra

  • Anticorrupción atribuye a Serra y Todó un delito continuado de administración desleal

El expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra
El expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra
Efe

Los «escandalosos» sobresueldos e indemnizaciones aprobados por la cúpula directiva de Catalunya Caixa entre 2007 y 2010 –en plena crisis y meses antes de que el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) inyectase las primeras ayudas de los 12.052 millones de euros que desembolsó para hacer frente a su situación de insolvencia– llevarán al banquillo al ex ministro socialista Narcís Serra y a otros 40 altos cargos de la caja. La Fiscalía Anticorrupción pide para Serra, ex presidente de la entidad, y para otros 16 ex consejeros de la misma –entre ellos el ex director general Adolf Todó– una pena de cuatro años de prisión por dos delitos de administración desleal, que en el caso de los otros 24 antiguos directivos reduce a tres años de cárcel al imputarles un único delito. Igualmente, el fiscal Fernando Maldonado solicita a la Audiencia de Barcelona que los acusados indemnicen al FROB con al menos 2,5 millones de euros por el perjuicio causado (a la espera de lo que determine al respecto la sentencia).

En su escrito de acusación, Anticorrupción recuerda que las «desproporcionadas» retribuciones e indemnizaciones aprobadas por la entidad eran «ajenas a su real situación de insolvencia», dado que se produjeron, subraya, «en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país». A la Fiscalía le parece sorprendente que, por un lado, Catalunya Caixa diese el visto bueno a esas medidas y, por otro, solicitase una inyección de dinero público por parte del FROB.

En esas fechas (junio de 2010), añade, la caja afrontó un expediente de regulación de empleo que terminó afectando a más de 1.600 trabajadores. «Sabedores de la situación de crisis de la entidad o, al menos, en condiciones de conocerla», los consejeros –dice la Fiscalía– actuaron «con evidente abuso del cargo», «en beneficio propio» y con «claro perjuicio» para la entidad al aprobar las subidas salariales en enero y octubre de ese año. Ambas decisiones adoptadas por el consejo de administración, que presidía Serra, contribuyeron, según Anticorrupción, a aumentar la «grave crisis financiera» que sufría Catalunya Caixa.

En contra del criterio de la Comisión Europea, continúa el relato del fiscal Maldonado, se avaló el pago de «altas retribuciones variables». Una decisión que, en su opinión, revela «un reprochable y espurio manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo debe ser procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de los altos directivos».

Los dos polémicos consejos de administración de la caja de 19 de enero y 13 de octubre de 2010 aprobaron, respectivamente, un aumento del salario fijo y variable anual de Todó del 35 al 50% y de Jaume Masana, ex director general adjunto de Catalunya Caixa, del 35 al 45%, y una subida salarial para el año 2011 de los miembros del comité de dirección. Así, Todó pasó de 800.481 a 812.501 euros de sueldo y Masana, de 598.428 a 610.201 euros.

serra, con «voz y voto»

Anticorrupción subraya que Serra «no sólo tenía un cargo representativo sino que, además, presidía las comisiones y el consejo de administración» de la entidad financiera «con derecho a voz y voto», disfrutando de «elevados emolumentos en concepto de dietas». A partir de 2007, recuerda, la caja estableció un salario para su presidente no ejecutivo «a pesar de no ser preceptiva su fijación». Sumando las dietas y esa retribución, Serra pasó de los 135.707 euros de 2006 a 236.808 al año siguiente, alcanzando un máximo de 260.380 euros en 2009, meses antes de que la insolvencia de la entidad obligase al FROB a intervenir (en 2010, la suma de sus retribuciones fue de 246.393 euros).

El fiscal Anticorrupción recuerda que, antes de la primera inyección financiera del FROB en julio de 2010, de 1.250 millones de euros, en el marco de una «situación crítica», la entidad presidida por Serra acordó la contratación de Todó y Masana en 2008 (cuando Catalunya Caixa obtuvo unos beneficios de 185 millones de euros). En sus contratos se establecía, por ejemplo, una cláusula de prejubilación a partir de los 60 años que, en el caso de Todó, le garantizaba cobrar hasta los 67 años el 90% de su retribución fija.

En esa «irresponsable política de retribuciones» asumida por los órganos directivos de la caja, Anticorrupción hace hincapié en las «escandalosas y millonarias indemnizaciones» percibidas por varios directivos tras la fusión de las cajas de ahorros de Cataluña, Tarragona y Manresa en 2010): Lluis Gasul (7,4 millones de euros); Ricard Climent (1,3 millones) y Gloria Ausio (1,3 millones). A pesar de la crisis, añade, los sueldos de Todó y Masana «no dejaron de subir» en 2009, 2010 y 2011.

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