Déficit autonómico

Gobierno y autonomías negocian situar el déficit entre el 0,5 y 0,7 % del PIB

El acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera puede ser el segundo de la presente legislatura tras la modificación de la LOMCE

La Razón
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El Gobierno, los partidos políticos y las comunidades negocian la ampliación del objetivo de déficit de 2017 para situarlo entre el 0,5 y el 0,7 por ciento del PIB, y así, sellar mañana el acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Después de varios días de intensas negociaciones, el Ministerio de Hacienda se reúne hoy con las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha repetido insistentemente que acude a la cita con voluntad de alcanzar un consenso respecto al déficit autonómico del año que viene, el acuerdo no parece fácil. En estos momentos, las regiones tienen fijado un desajuste máximo del 0,3% de su Producto Interior Bruto en 2017. Sin embargo, quieren aprovecharse de la flexibilización del déficit que la Unión Europea ha concedido a España para el año que viene, por lo que reclaman su parte del pastel.

Las comunidades reclaman a Montoro que les conceda más margen para ajustar de una forma menos traumática en 2017. En general, piden elevar el tope de déficit desde el 0,3% actual hasta el 0,7%, el mismo nivel fijado para este año. No obstante, mientras algunas regiones se «conforman» con un poco menos, otras quieren aún más. Es el caso de Cataluña, que se ha descolgado pidiendo a Hacienda un margen de déficit del 1,18% del PIB.

Más margen para 2017

Aunque la demanda mayoritaria de las comunidades socialistas apunta al 0,7%, como en el caso de Aragón, otras como Baleares se han cubierto las espaldas y han confeccionado sus presupuestos con una previsión del 0,5%. En cualquier caso, parece seguro que Hacienda no está dispuesta a aceptar el 0,7%, pues supondría igualar el déficit de este año. Desde el Gobierno ven con buenos ojos dar a las comunidades un margen superior al 0,3% fijado actualmente, pero consideran que es necesario rebajar en alguna medida el desajuste de 2017.

Por este motivo, fuentes de la negociación informaron a LA RAZÓN de que se baraja elevar el déficit a una horquilla entre el 0,5% y el 0,6%, pero nunca el 0,7%. En el tira y afloja entre Gobierno y autonomías, las regiones quieren también un incremento de unos 4.000 millones de euros en las entregas a cuenta derivadas de la liquidación del sistema de financiación.

Tras la reunión de hoy, el Gobierno aprobará mañana el límite de gasto no financiero para el año 2017, conocido como techo de gasto. Previsiblemente, contemplará una cifra de alrededor de 118.000 millones de euros, 5.000 millones menos de lo que se aprobó para este año. No obstante, el gasto real de 2017 será muy similar al de 2016 gracias al ahorro por los menores intereses de la deuda, el acuerdo de no disponibilidad y el adelanto del cierre del ejercicio presupuestario.

En este sentido, Montoro garantizó ayer en el Congreso que el proyecto presupuestario del Gobierno no implicará reducciones del gasto en servicios sociales y «prácticamente ninguno» en el gasto público general, además de promover la bajada de impuestos durante la legislatura. Aunque se tocarán Sociedades y Especiales, no se subirá ni el IVA ni el IRPF. El ministro explicó que desde Hacienda acudirán a la reunión con las comunidades para convencer sobre la «oportunidad de reducir el déficit público» dentro de la senda acordada con Bruselas, al 4,6% este año y al 3,1% en 2017, pero también con una actitud «muy receptiva» para ser «convencidos» en relación con las necesidades que planteen las administraciones territoriales.