Gobierno y CC AA negocian unificar las fechas de los exámenes a funcionarios

Buscan evitar desplazamientos masivos de opositores de unas regiones a otras.

El Gobierno y las comunidades están negociando contrarreloj para activar sin excesivas disfunciones la mayor oferta pública de empleo (OPE) de la historia de la democracia a la vuelta del verano. Dicha oferta, pactada a finales del pasado mes de marzo entre el Ministerio de Hacienda y los principales sindicatos, consolidará alrededor de 250.000 plazas para acabar con la interinidad en el sector público. De ellas, cerca de 130.000 corresponderán a profesionales sanitarios, casi 99.000 a docentes y 8.564 a trabajadores de los tribunales.

La complejidad de este proceso ante el elevadísimo número programado de beneficiarios está llevando precisamente a la Secretaría de Estado de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y a los ministerios más afectados a intentar alcanzar acuerdos con otras de las administraciones empleadoras: las autonomías. El objetivo es agilizar las convocatorias, mejorar su coordinación e impedir en la medida de los posible masificarlas más de lo que ya van a estarlo, según fuentes de la negociación. ¿Cómo? Entre otras medidas, simultaneando en toda España, siempre que resulte factible, la fecha de las pruebas correspondientes a un mismo cuerpo administrativo.

Esta iniciativa, reclamada por la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), evitaría desplazamientos masivos de opositores de unas regiones a otras para examinarse varias veces con el fin de asegurarse una plaza, y ahorraría sobreesfuerzos logísticos a las administraciones convocantes, pues no es lo mismo, subrayan, habilitar exámenes para, por ejemplo, 10.000 aspirantes a celador dentro de la Sanidad pública, que hacerlo para 35.000.

«Las conversaciones entre administraciones van por buen camino y casi todas las autonomías están aceptando ya en las diferentes conferencias sectoriales simultanear la fecha de las pruebas», subrayan las mismas fuentes, remarcando, sin embargo, que una de las más reticentes a la hora de aceptar esta «sincronicidad» en la realización de las pruebas es Cataluña. El pasado 22 de junio, Función Pública y los representantes de las autonomías ya mantuvieron una reunión para abordar esta coordinación territorial. De forma paralela a estos encuentros, los Ministerios de Educación y de Sanidad han mantenido también reuniones sectoriales en el seno de sus respectivos órganos de coordinación autonómica.

Como la oferta de empleo trazada por el Gobierno comprende un período de tres años –2017, 2018 y 2019–, en Educación, por ejemplo, se está negociando la posibilidad de que las nuevas plazas se oferten en dos o tres convocatorias para cada cuerpo administrativo, incluyendo a partir de la primera de ellas las tasas de reposición surgidas tras la celebración de la convocatoria anterior. Ésta es otra de las reinvindicaciones que ha formulado CSIF, según señaló a este periódico su vicepresidente, Francisco Iglesias, y que se puso sobre la mesa en la reunión de Educación con los sindicatos el 28 de junio.

En Sanidad, el volumen de plazas ofertadas –casi 130.000– empequeñece la histórica oferta de empleo que se realizó en el sector, en los momentos finales del Insalud, cuando se ofertaron 37.000 puestos. Su complejidad ha llevado ya a la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio a mantener ocho reuniones con los sindicatos, y a negociar un acuerdo de coordinación simultánea con las consejerías de Sanidad autonómicas, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. De momento, existe sintonía, aunque alguna autonomía como La Rioja han puesto reparos. CSIF pide que antes haya un concurso de traslados.