La Audiencia archiva la causa contra Spottorno por el uso de las «tarjetas black»

El juez de la Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el ex jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno y otros once ex directivos de Caja Madrid por el uso de las «tarjetas black» de la entidad, aunque les mantiene como responsables civiles a título lucrativo.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreuha archivado la causa abierta contra el ex jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno y otros once ex directivos de Caja Madrid por el uso de las "tarjetas black" de la entidad, aunque les mantiene como responsables civiles a título lucrativo. El magistrado insiste en distinguir entre los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Control de la caja y los que mantenían una relación estrictamente laboral como empleados por cuenta ajena de la entidad, entre los que se incluyen los doce que ahora quedan fuera de la investigación por apropiación indebida. Todos declararon ante el juez que recibieron las tarjetas opacas como parte de su retribución, algo que Andreu da por acreditado tras las diligencias practicadas en los últimos meses.

En un auto de hoy, el magistrado ha acordado el archivo provisional respecto al ex secretario del Consejo Enrique de la Torre los ex directivos Ricardo Morado, Ramón Ferraz, Matías Amat, Mariano Pérez Claver, Juan Astorqui, Carlos María Martínez, Carmen Contreras, Carlos Vela y Ramón Martínez Vilches. Aunque la conducta de estos directivos no tenga relevancia penal, asegura el juez Andreu, sí pudieron obtener un beneficio económico procedente de la comisión de un delito, por lo que procede considerarles responsables civiles a título lucrativo, lo que acarrearía, en caso de que las conductas investigadas sean consideradas un delito de administración desleal en sentencia firme, la restitución de lo percibido.

El instructor recuerda que todos disponían además de una tarjeta de empresa, que destinaban a los gastos generados en el ejercicio de su cargo, a diferencia de los plásticos opacos, a los que se les asignaba un pin con el que era posible extraer dinero del cajero, "lo que resulta razonable si conceptuamos el uso de la tarjeta como una parte del paquete retributivo". Andreu apunta que la limitación en materia retributiva de la ley de Cajas de Ahorro esta marcada para los consejeros, pero no se podría aplicar a las retribuciones que pudieran recibir los directivos de la entidad, por lo que "ni cualitativa no cuantitativamente el pago de parte de sus retribuciones por esta vía puede considerarse irregular".

Esta conclusión no obsta para que se haya producido, por parte de los antiguos administradores de Caja Madrid, un delito de administración desleal por la concepción, funcionamiento, entrega y ocultación a los órganos de control de la propia entidad y a la Hacienda Pública de estas tarjetas, que "se otorgaban fuera del circuito ordinario de otorgamiento de tarjetas de empresa de la entidad", eligiendo a sus beneficiarios y el límite cuantitativo "con una discrecionalidad impropia de una entidad como la que nos ocupa, por el presidente de la misma, sin soporte contractual alguno y sin que las cantidades percibidas en este concepto fueran declaradas a la Hacienda Pública". Unas supuestas irregularidades que, añade, por su responsabilidad y experiencia, "no debieron pasar desapercibidas"para los imputados.

No hay que olvidar que el juez Andreu ya archivó la causa contra otros 14 catorce exdirectivos de Caja Madrid porquehabía prescrito el delito de apropiación indebida al pasar más de cinco años "desde el día en que se habría cometido la última infracción". El magistrado alegó que el delito de apropiación indebida que les atribuyó prescribe a los diez años en caso de que las cuantías superen 50.000 euros, y a los cinco si no la sobrepasan.