Banco Popular

La bolsa hunde el valor del Popular hasta los 2.100 millones

Los títulos se despeñan un 17,9% en un día a su mínimo histórico, medio euro la acción, entre rumores de intervención por falta de interés en su compra

El presidente del Banco Popular, Emilio Saracho
El presidente del Banco Popular, Emilio Saracholarazon

El mercado está ajustando el precio de Banco Popular a la misma velocidad con la que los posibles compradores descartan hincarle el diente.

El mercado está ajustando el precio de Banco Popular a la misma velocidad con la que los posibles compradores descartan hincarle el diente. Si los tiburones huelen sangre y no devoran a la presa es porque ésta no es de su agrado. Al menos, de momento, eso es lo que marca la cotización del título de la entidad que dirige Emilio Saracho, que ayer vivió una jornada negra, con una caída del 17,9%, la mayor de su historia, hasta dejar su precio en 0,50 euros la acción, su registro más bajo hasta la fecha. El descalabro en la sesión de ayer fue de tal magnitud que Popular perdió 458 millones de euros de valor hasta los 2.098 millones de euros. Hace apenas cuatro meses su capitalización bursátil era de 4.000 millones y hace sólo un año, la entidad valía casi 5.000 millones más (4.915 millones), según la cotización que marcó el 2 de junio de 2016.

¿Qué ha ocurrido para que una entidad que primó su independencia y que cuenta con una cuota de mercado del 17,1% entre las pequeñas y medianas empresas (una de cada cuatro empresas trabaja con la entidad) sea penalizada con tanta virulencia? No son uno sino varios los factores que complican la venta de Popular.

El principal es su elevada exposición a los activos inmobiliarios. Popular tiene nada menos que 35.150 millones colocados en activos «problemáticos», 15.937 millones en ladrillo puro y duro. En sus últimos resultados del pasado trimestre, la entidad reconoció unas pérdidas en la gestión de su cartera inmobiliaria superiores al año precedente al tener que hacer frente a mayores necesidades de provisión. Popular admitió 317 millones de pérdidas en esa partida, más de lo que esperaban los analistas, que engrosaron los 3.611 millones que tuvo de números rojos (tras rehacer las cuentas) en 2016. La entidad ha apartado 496 millones de euros, un 69,9% más que el año precedente, a provisiones para cubrir las pérdidas del ladrillo. Unas pérdidas que en 2016 sumaron 2.728 millones.

El banco preveía desprenderse de esos 15.937 millones de euros en activos vinculados al ladrillo hasta 2018, el 45% de su lastre total, de los que unos 9.000 millones se venderían a través de la dirección inmobiliaria.

Es cierto que, al margen de la actividad inmobiliaria, el negocio principal de la entidad generó 250 millones de beneficios brutos, con un resultado positivo de 180 millones después de impuestos hasta marzo. Una cifra que supone una rentabilidad anualizada del 17%. Además, Popular cuenta con una ratio de capital que se sitúa en el 11,91%, por encima del 11,37% que exige el regulador.

Sin embargo, este ligero repunte del negocio fundamental de la entidad española, líder en el segmento de pymes, no es suficiente para contrarrestar los nocivos efectos de esos 35.150 millones de euros en activos tóxicos de los que no logra desprenderse o recolocar en otros paquetes para volver atractivos sus activos propiamente bancarios a ojos de los posibles compradores.

Mientras se deshace el entuerto y el banco suelta lastre inmobiliario, Saracho trata de sanear las cuentas con desinversiones. Así, Popular acaba de ingresar 65 millones de euros por la venta de un 49% de Targobank a Banque Federative du Credit Mutuel, según anunció ayer mismo, y otros 143 millones por la venta del 2,86% de Merlin Properties hace unos días. Estas ventas consideradas no estratégicas se unen a las realizadas a principios de año, como la de la antigua financiera de Banco Pastor y a las que vendrán, como la de Total Bank, su filial en Estados Unidos, que opera fundamentalmente en Miami, y sobre la que ya habría alguna oferta, según fuentes conocedoras de la operación.

Sin embargo, la entidad debe guardar un balance nivelado y no puede desprenderse de todos sus activos atractivos o de lo contrario no encontrará comprador. Por eso, se valora retener del 49% en WiZink, el negocio de tarjetas, del que espera duplicar beneficios en 2017 gracias a la incorporación del negocio de Barclaycard.

Pese a todos los esfuerzos, el mercado siguió castigando a la entidad tras conocerse que retrasará hasta finales de junio la «puja» para su venta (o en su defecto otra compleja ampliación de capital) ante la ausencia de ofertas firmes por parte de las presuntas «novias». A saber: Santander y Bankia. Ambas entidades han hecho varios requiebros sobre el negocio de pymes de Popular, pero parecen estar esperando un ajuste aún mayor del precio de la acción para lanzar una oferta que debería haberse concretado el 10 de junio a más tardar.

Otro hándicap son las apuestas bajistas de algunos fondos que tienen el 12% del capital de Banco Popular. Ayer, en la que fue la quinta sesión a la baja en el parqué madrileño, casi 239 millones de acciones cambiaron de dueño en un rally frenético por deshacerse de papel entre intensos rumores de que la entidad podía llegar a ser intervenida si no encuentra un comprador.

Sin embargo, fuentes próximas a la Junta Única de Resolución, que sería la encargada de actuar llegado el caso, descartaron esa opción, ya que Popular sigue siendo una entidad con unos niveles de solvencia y liquidez por encima de los mínimos regulatorios.

La tercera opción, poco probable también, es una ampliación de capital. La duda está en si el mercado está preparado y si accionistas clave, como la familia del magnate mexicano Antonio del Valle o del grupo chileno Luksic, fundado por el croata Andrónico Luksic, participarían.

Mientras, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, aseguró que el organismo ha analizado la situación del Banco Popular y considera que no hay motivos para suspender su cotización bursátil. Por su parte, el banco negó un supuesto examen de los estados financieros de la entidad por parte del Fondo Monetario Internacional.