Administración Pública

«La Ley de Transparencia fortalecerá las instituciones y prevendrá la corrupción»

Los asistentes al evento organizado por LA RAZÓN posan antes de comenzar el acto
Los asistentes al evento organizado por LA RAZÓN posan antes de comenzar el actolarazon

Los ciudadanos no se conforman con acudir a las urnas cada cuatro años. En el futuro inminente asistiremos a una «explosión» de demanda de información sin precedentes

¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?... Preguntar no es una falta de educación. Sin preguntas no hay respuestas y sin respuestas no es posible la exigencia de responsabilidad. Ayuntamientos con paredes de cristal, diputaciones con ventanas y puertas abiertas... Gracias a la Ley de Transparencia, por la que dentro de un mes las instituciones deberán haber puesto a disposición toda la información normativa y económica de la Administración para su consulta pública, se ha propiciado un cambio fundamental de mentalidad: los datos son propiedad de los ciudadanos.

Tras esta defenestrada cultura de opacidad, se esconden numerosos escándalos de corrupción y la explicación del alarmante hartazgo de los españoles con la clase política. Los ciudadanos ya no se conforman con depositar su voto en las urnas cada cuatro años. Quieren participar, exigen transparencia. Y la tendrán. Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aseguró en un reciente acto organizado por LA RAZÓN –y que contó con la colaboración de KPMG– que «la Ley fortalecerá las instituciones. Convertirá la desafección en confianza y prevendrá la corrupción».

Queremos estar, saber, opinar. Ser tenidos en cuenta. Si bien los ciudadanos demandan nuevas formas de participación, la Ley de Transparencia debería enfocarse «como el principio de un camino». Al menos, en opinión de Abel Caballero. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) recordó que, como todos los cambios de cultura, aún requiere un tiempo de asentamiento. Con píldoras de humor y evidentes muestras de su bagaje, señaló que las administraciones locales representan la vía más directa de participación política.

Debido a la revolución tecnológica, es posible participar a golpe de clic y que la información fluya sin intermediarios. Aunque reconoció que se trata de una buena Ley, el alcalde de Vigo indicó que la entrada en vigor tendría que haberse producido de forma escalonada, y mostró su preocupación por la implantación a nivel territorial y la poca capacidad de los pequeños consistorios para dar respuesta en el plazo legal de 30 días a las demandas de información de sus vecinos. En España hay unos 5.000 ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes y en torno a 500 que no llegan a los 50 residentes. «Un ayuntamiento de 5.000 habitantes tendrá dificultades y uno de 1.000 directamente no podrá», apostilló.

Costes de reputación

Caballero remarcó la relevancia de utilizar elementos comparables, ya que «la simetría es muy importante», e insistió en la necesidad de pelear por el 100% de transparencia. «La capacidad y la disposición a transmitir información deben ser totales». El que fuera ministro en el Gobierno de Felipe González opina que, para saber quiénes cumplen y quiénes no, el coste del incumplimiento tendría que ser de reputación pública. No sólo resaltó la idea de convertir la transparencia en un elemento de distinción, sino que vaticina que en los próximos años asistiremos a una «explosión» de demanda de información sin precedentes. Los ciudadanos querrán saber qué está pasando en cada momento y «daremos toda la información en tiempo real».

Un pistoletazo de salida, no el objetivo final. «La Ley de Transparencia es una pequeña revolución cultural». Enrique Ruiz, viceconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, sostuvo que requiere apoyo tecnológico y que, en ese sentido, Madrid ha sido puntera –ya ha puesto en marcha el Portal de Transparencia–. Pasar de una Administración tradicional a otra electrónica resulta de vital importancia para cambiar la conciencia de los políticos. Y Ruiz puso como ejemplo a Cristina Cifuentes en el uso de las redes sociales. Aunque admitió que no se trata de la solución definitiva para muchas de las cuestiones que plantean los ciudadanos, afirmó que viene bien para marcar una fecha que sirva como punto de inflexión. «Cada vez tenemos que contar más lo que hacemos. Es un camino de no retorno, que nos enriquecerá». Ruiz aseveró que un sólido liderazgo sólo es posible mediante una transparencia permanente.

«La transparencia es trascendental para reducir la discrecionalidad con que operan los poderes públicos y lo más relevante es que un comportamiento inadecuado tenga un alto coste reputacional». José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), no cree en las sanciones para garantizar el cumplimiento. Más bien defiende la idea de incrementar los costes reputacionales de las instituciones que demuestren conductas inoportunas. De las 80 recomendaciones que han hecho, un tercio están relacionadas con la falta de transparencia. España ha avanzado de forma extraordinaria para disponer de una información detallada y extensa de sus cuentas públicas. Si bien el presidente de la AIReF considera que los datos son excesivos, lamenta que se encuentren disponibles en formatos poco amigables para su tratamiento. «Las estadísticas hay que ponerlas a disposición de los ciudadanos para que sean tratables y replicables. Están los datos, pero no las metodologías de cálculo», agregó.

Medir y comparar

Cuando los ciudadanos comprendan el esfuerzo de la Administración por la transparencia querrán conocer más. Y la labor de búsqueda de información debe ser facilitada. La transparencia tiene un coste, aunque más que de un gasto se trata de una inversión. «Las administraciones deben entender que los procesos no serán igual que hasta ahora». Cándido Pérez Serrano, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España, destacó que la transparencia es fundamental para medir y comparar, pero lamentó que no haya información disponible para hacer comparaciones homogéneas entre distintas áreas geográficas. Piensa que los ciudadanos deben conocer quiénes son los responsables de las políticas públicas y que para tomar decisiones, los datos tienen que ser equiparables. Pérez Serrano aboga por una metodología única de cálculo para no trasladar información equívoca. «La Ley es un instrumento que supondrá un cambio radical del modo en el que gestiona la Administración». El experto de KPMG puso de manifiesto la escasa evaluación de las políticas públicas y la conveniencia de explicar a los ciudadanos las razones que hay detrás de la toma de una decisión.

Aunque la transparencia por sí sola no represente garantía alguna, y a pesar de que requiera voluntad política, «es un muy buen instrumento para crear una cultura de responsabilidad». Joan Fontrodona, profesor de Ética Empresarial del IESE, reveló que con dar información no se vence la desafección. Asimismo, cree que un exceso de información puede resultar contraproducente, ya que conlleva una «parálisis por el análisis». Fontrodona advirtió de los peligros de caer en la autocomplacencia y expuso que el capítulo que más le gusta es el que habla de Buen Gobierno, porque piensa que a lo mejor no hay que ofrecer tanta información y sí cumplir con las responsabilidades asignadas.