La morosidad en los alquileres sube un 8,5 % en España hasta 6.425 euros

La morosidad en los arrendamientos urbanos se incrementó un 8,49 % en España hasta alcanzar una media de 6.425 euros, según el estudio publicado hoy por el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM).

La morosidad en los arrendamientos urbanos se incrementó un 8,49 % en España hasta alcanzar una media de 6.425 euros, según el estudio publicado hoy por el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM) correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de este año. La mayor cifra de morosidad en los alquileres se localizó en Murcia, con una cantidad de 15.336,3 euros. A continuación se situaron Madrid, con 12.676 euros; País Vasco (8.768 euros); Baleares (8.391 euros); Canarias (7.912 euros) y Cataluña (7.352 euros).

Todas estas comunidades presentaron una morosidad en los arrendamientos urbanos por encima de la media nacional.

Por el contrario, el menor importe correspondió a Castilla y León, con 2.624,5 euros, seguida de Extremadura (2.850 euros); Aragón (3.387 euros) o La Rioja (3.500 euros), entre otras comunidades. Atendiendo al incremento de la morosidad de los arrendamientos, los mayores porcentajes de subida se registraron en Murcia (17,3 %); Madrid (11,2 %); Cataluña (10,9 %); Baleares (10,8 %), y País Vasco (10,3 %).

Por su parte, los menores aumentos se observaron en La Rioja (3,9 %); Castilla y León (3,9 %); Navarra (4,3 %); Galicia (4,6 %) y la ciudad autónoma de Melilla (6,3 %). Analizando el comportamiento de la morosidad por provincias, aquellas que presentaron un mayor incremento porcentual durante el periodo analizado fueron Murcia (17,3 %), Huelva (15,6 %) y Barcelona (15,5 %).

Por cuantía media, destacó la provincia de Murcia con 15.336,3 euros; Madrid, con 12.676 euros, y Guipúzcoa, con 10.707,4 euros. En cambio, las provincias con los valores más bajos fueron Soria, con 882,9 euros; Zamora, con 1.191,6 euros, y Valladolid, con 1.911,9 euros.

El Fichero de Inquilinos Morosos (FIM) contiene información sobre arrendamientos impagados, tanto de personas físicas como jurídicas, aportada por los propios arrendadores y profesionales en la gestión de alquileres. Además, recoge toda la información procedente de sentencias judiciales por desahucio.