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La ruina de una Cataluña independiente

Cada catalán perdería 8.500 euros al año de su PIB per cápita por la ruptura con España, la salida de la UE y la pérdida del abrigo del BCE. La fuga de empresas y las trabas a las exportaciones empobrecerían a la sociedad y la recaudación caería en miles de millones

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Erik Montalbán / Humberto Montero.  Madrid.

Tiempo de lectura 8 min.

08 de octubre de 2017. 02:16h

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Erik Montalbán / Humberto Montero.  Madrid. 8/10/2017

Un lastre de 180.000 millones el día después

Un segundo después de que Cataluña fuera independiente, sus ciudadanos perderían de un plumazo 8.500 euros de riqueza, un 30% de su PIB, según los cálculos del Ejecutivo. El PIB per cápita de los catalanes, el cuarto más alto de España, pasaría al nivel del de los canarios, en torno a los 20.000 euros anuales. Y un segundo después, los catalanes sumarían al menos 180.000 millones en rojo en su nueva cuenta bancaria. Afortunadamente para los catalanes, la ensoñación no es más que una pesadilla de la que no hablan los secesionistas. Sin embargo, descontados los ajustes, esa sería la cifra por el peso que la economía catalana tiene sobre la española.

Esta losa asfixiaría su economía y estrangularía sus exportaciones. El caos generado por una ruptura con el resto de España (da igual que fuera de forma unilateral o pactada) colocaría a Cataluña fuera de la UE y del eruosistema. Esto implicaría un empobrecimiento de los ahorros de todos los catalanes y de la supuesta república. Sin el paraguas de España y del BCE, Cataluña debería buscar financiación en los mercados sin el aval del resto del Tesoro español, lo que dispararía su prima de riesgo (que actualmente cotiza 300 puntos por encima de la prima española) y encarecería su financiación.

Aranceles en toda Europa a los productos catalanes

El 80% de los productos catalanes que salen fuera de la región tienen como destino el resto de España o algún otro país de la Unión Europea. Estas ventas no pagan hoy en día ningún tipo de arancel, ya que se efectúan dentro del marco del mercado comunitario. Sin embargo, la salida de la UE como consecuencia de la independencia de España dejaría a Cataluña en una situación muy delicada desde el punto de vista del comercio exterior. El 100% de sus exportaciones pasarían a estar penalizadas por aranceles, ya que perdería además la capacidad de beneficiarse de todos los tratados de libre comercio que la UE tiene en vigor. El nuevo país catalán dependería entonces de su capacidad para negociar nuevos tratados de libre comercio con Bruselas y con el resto de países del mundo.

De lo contrario, sus ventas al exterior perderían una enorme competitividad. Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, estos aranceles supondrían un encarecimiento de los productos catalanes del 15%. Además, Cataluña se enfrentaría a un posible boicot a sus productos en el resto de España, que es el cliente del 40% de sus ventas. De hecho, sólo los intercambios comerciales entre Aragón y Cataluña sumaron más de 15.000 millones de euros el año pasado, de los que 4.500 millones fueron exportaciones catalanas hacia Aragón. Los principales productos exportados por Cataluña son productos químicos (26% del total entre enero y julio de 2017), bienes de equipo (18%) y automóviles (16%).

Jubilados más pobres por el déficit de sus recursos

En la quimérica representación nacionalista de la independencia, los catalanes dispondrían de mayores pensiones a costa, eso sí, de España. Según el informe sobre pensiones del consejo asesor para la trancisición a la independencia, las pensiones de los catalanes «son un derecho de los ciudadanos [catalanes] que cumplían determinadas condiciones establecidas por la ley. Una vez reconocidas [por España], estas prestaciones son un derecho subjetivo de sus beneficiarios». Es decir, la ley sirve para que España siga pagando las pensiones de unos ciudadanos extranjeros que ni siquiera viven en España.

Los secesionistas se agarran a los años en que Cataluña tenía superávit sobre las pensiones. Sin embargo, desde 2012 hasta 2016, según las previsiones de liquidación, el Estado habrá destinado 134.101 millones de euros a prestaciones de Empleo y Seguridad Social en Cataluña, lo que supone 19.863 millones de euros más de lo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social recaudó en ese periodo a través de las cotizaciones.

Y es que Cataluña sólo pudo abonar el 78,56% de las pensiones con sus recursos en 2016. La administración catalana presentó un desajuste de 4.963 millones el pasado año y de 19.863 desde 2012 hasta 2016.

Unos ingresos de 38.000 millones de euros en juego

El año pasado las Administraciones Públicas ingresaron 186.249 millones de euros en impuestos. De esta cantidad, 37.836 correspondieron a tributos generados en Cataluña, lo que supone aproximadamente el 20% de la recaudación total en España (en Madrid se recauda el 47%). Los principales ingresos tributarios con origen en Cataluña fueron en concepto de IVA (15.420 millones de euros) e IRPF (14.391 millones). Además, se ingresan otros 1.381 millones en Impuestos Especiales (alcohol, tabaco y combustibles, sobre todo) y 4.584 millones por el Impuesto sobre Sociedades. Esta partida sería una de las más perjudicadas, a tenor de la masiva fuga de empresas que se está produciendo en Cataluña en los últimos tiempos. Aunque por el momento estos movimientos no suponen un cambio tributario notable (Sociedades es un impuesto estatal), en una hipotética Cataluña independiente grandes empresas como CaixaBank, Gas Natural Fenosa, Banco Sabadell y el resto de corporaciones que amenazan con marcharse de la región si se mantiene el desafío no pagarían Sociedades en Cataluña, sino en España. Además, el aumento del paro que conllevaría la independencia, reduciría notablemente los ingresos impositivos por IRPF al haber menos trabajadores. Lo mismo sucedería con el IVA, que se resentiría tras el previsible parón del consumo. Aunque es imposible cuantificar en qué medida, la caída de ingresos sería de miles de millones de euros.

Prestaciones en el limbo para más desempleados

El número de personas en paro registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aumentó en 2.988 personas en septiembre en Cataluña, lo que sitúa la cifra de desempleados inscritos en esta comunidad en 400.373. Según los datos publicados la pasada semana por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el paro registrado creció un 0,75% en septiembre en esa región respecto al mes anterior, coincidiendo con el fin de la temporada estival.

En el último año, el número de personas desempleadas en Cataluña se ha reducido en 50.708, lo que supone un 11,24% menos que el año anterior. Esta progresión se vería frenada por la inestabilidad generada como consecuencia de la inestabilidad creada por la ruptura con el resto de España. El creciente traslado de empresas dispararía el desempleo y provocaría un efecto dominó en toda la economía mucho peor, según los expertos, que el de la pasada crisis financiera.

Además, los parados verían reducidas sus prestaciones considerablemente al disponer de menos recursos. En 2016, los beneficiarios catalanes de prestaciones de paro representaron el 13,3% de los perceptores de toda España. Sus ayudas quedarían en el limbo.

El 12% del PIB catalán ya no se beneficiaría de estar en la UE

El peso del turismo en la república independiente de Puigdemont-Junqueras es crucial para mantener el sueño de la secesión. Más aún con la pérdida efectiva de la recaudación por el Impuesto de Sociedades de las grandes empresas catalanas que están refugiándose en otras regiones españolas. Sin embargo, tras el atentado de Barcelona y la campaña de «turismofobia», el primer destino turístico de España, está sufriendo ya las consecuencias de la situación creada por el tándem Puigdemont-Junqueras. De hecho, aunque el director general de turismo de la Generalitat, Octavi Bono, haya negado un impacto negativo en el sector, tanto la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, como las patronales hosteleras han mostrado su preocupación por el aluvión de cancelaciones que se están produciendo.

Pese al enorme peso que el turismo tiene para la economía de la región –los ingresos alcanzaron los 13.631 millones hasta agosto, más que las ventas de automóviles fabricados en Cataluña– los últimos acontecimientos no están favoreciendo el desarrollo de una industria que da trabajo a unas 400.000 personas en la región y representa el 12% de su PIB.

El secesionismo resta importancia al desplome de visitas que se producirá con España y tampoco habla de lo que ocurrirá con el resto de los países europeos. Pero al salir de la Unión Europea, Cataluña perderá todos los beneficios de los que goza en la actualidad, desde la homologación sanitaria hasta el euro.

Sin electricidad suficiente para los hogares y las empresas

Según los datos de REE correspondientes a 2016, Cataluña es la región española donde más energía se generó, un total de 43.215 Gigavatios hora (Gwh). Esto representa el 16,5% de la producción nacional. La mayor parte de esta generación fue de origen no renovable, el 82,7%, ya que la mayoría procedió de instalaciones nucleares y ciclos combinados que, en relación a la producción total de cada una de estas tecnologías a nivel nacional, en 2016 representaron un 42,3% y un 23,9%, respectivamente.

A tenor de la generación y de la demanda de 2016, Cataluña sólo logró cubrir un 92,8% del consumo eléctrico con la energía producida en esta región. No logró la autosuficiencia en un año especialmente propicio para las renovables, especialmente para la eólica y la hidráulica. Los registros de años anteriores, que evolucionan en función de la mayor o menor eolicidad, pluviosidad y demanda, indican que el déficit eléctrico de Cataluña le fuerza a «importar» entre el 15% y el 7% del resto de España. La independencia no sería energética, más bien lo contrario. La dependencia sería total. Esto generaría un encarecimento de la luz y, en consecuencia, de toda la producción de sus empresas y encarecería sus exportaciones.

Adiós al euribor y tipos de interés desorbitados

La independencia de Cataluña conllevaría, automáticamente, la salida de la Unión Europea, como han repetido por activa y por pasiva las instituciones comunitarias. El paraguas del Banco Central Europeo dejaría de servir de cobijo a la banca catalana, suponiendo que existiese alguna entidad con sede en Cataluña, dadas las últimas salidas de CaixaBank y Banco Sabadell. este es el principal motivo que ha llevado a los bancos a huir de Cataluña, incluso antes de la declaración unilateral de independencia. Fuera del BCE, la liquidez para las entidades financieras es muchísimo más cara. En cualquier caso, los costes de financiación se dispararían y encarecerían enormemento los créditos al consumo, las hipotecas para la compra de vivienda y la financiación de las empresas. El euribor, el índice al que van referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, está en estos momentos en el -0,17%. Sin embargo, sólo se aplica en los países miembros de la Unión Europea, por lo que el nuevo estado catalán no podría beneficiarse de los tipos negativos que disfrutan hoy en día los consumidores europeos. Teniendo en cuenta que como comunidad autónoma Cataluña está ya calificada como «bono basura» por las agencias de «rating», la independencia unilateral no haría sino empeorar las ya de por sí malas condiciones de financiación institucional que sufre ahora la Generalitat.

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