La sequía, ¿culpable de la subida de la luz?

La factura se ha encarecido un 12% respecto al año anterior, y se debe también a otros factores como la ausencia de viento, la descarbonización o el cierre de centrales nucleares en Francia.

Las Navidades se asoman. Hay que encender las bombillas del árbol, las del belén, de todos los decorados caseros y callejeros, y en las cenas las placas eléctricas de las cocinas tendrán mucho trabajo. Y no es por desanimar, pero la factura de la luz está bastante cara. Seguro que ya lo habían notado. Desde enero a octubre de 2017, los recibos cuestan un 12% más que en el mismo periodo del año pasado. Además, el sector prevé que en noviembre, diciembre, y los primeros meses de 2018, los precios de la electricidad continuarán al alza. Los culpables oficiales son causas naturales, la sequía y la falta de viento. Pero hay más factores por los que nos podemos llevar un buen susto cuando llegue la factura tras las fiestas navideñas.

Para empezar, se debe entender que la oscilación en los recibos sólo afecta a los 11,5 millones de usuarios que se acogen al mercado regulado PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), normativa que entró en vigor el 1 de abril de 2014 para sustituir la antigua Tarifa Último Recurso. Desde Endesa, explican que estos clientes «están subordinados a cuánto cuesta la energía en el mercado mayorista, según se produzca energía más barata o más cara». Quienes forman dicho mercado son «por un lado, las centrales de generación que ofrecen la electricidad que producen y, por el otro, los grandes consumidores como las industrias de envergadura y los comercializadores eléctricos, que compran la energía que venden a sus clientes», apuntan desde la compañía Viesgo.

Ellos mismos añaden que, otro aspecto a tener en cuenta en los recibos, es que la oscilación de precios afecta «aproximadamente a sólo un tercio de la factura de la luz, el resto del coste lo conforman los impuestos y peajes», detallan. A partir de 2009, hay otra modalidad de facturas, las que proceden del mercado liberalizado. En él mismo los clientes eligen entre las cerca de 100 comercializadoras a cuál de ellas le pagan la factura, y fijan las condiciones con la compañía. Con esto, no sufren la volatilidad de la oferta y la demanda, y se libran de que ahora mismo generar energía tiene costes bastante elevados, ya que las fuentes de energía más económicas, las renovables, no están produciendo suficiente como para cubrir la demanda.

Producción hidráulica

La sequía que hemos vivido este año –la peor de los últimos 22– ha provocado que la mayoría de los embalses españoles se encuentren en sus mínimos históricos, como en Eiras (Galicia), Fuensanta (Castilla-La Mancha) o Alfilorios (Asturias). De esta manera, no simplemente se daña la distribución de agua, también a la producción de las centrales hidroeléctricas de bombeo. Los datos de Red Eléctrica de España (REE) indican que esta tecnología ha desarrollado un 49,3% de energía menos que en 2016, mientras que la ausencia de viento ha hecho que la generación de la eólica descienda un 7,3%.

Esta situación se agrava si recordamos que España está intentando cumplir con los objetivos establecidos por la Unión Europa para 2020, consistentes en aumentar la capacidad de energía renovable de los países del continente. Para lograrlo se han realizado tres subastas de potencia renovable en enero de 2016, y mayo y julio de 2017. Sin embargo, desde Viesgo, no ven tan claro que se vaya a cumplir con lo estipulado por la UE. «La meta de instalar casi 9.000W en apenas dos años es muy ambiciosa. La gestión logística y la tramitación administrativa de los proyectos tendrán que ser especialmente ágiles para que puedan cumplir las fechas límite y para que su contribución pueda contabilizar de verdad en los objetivos marcados, que también dependerá de cómo evolucione la demanda energética en el país».

Si sacamos a colación tema de la demanda de energía, hay que reseñar que ésta se ha elevado un 0,7% en los diez primeros meses de 2017 respecto al mismo periodo del año anterior. Ante la poca eficacia queahora tienen las renovables por causas meteorológicas, es necesario solventar este crecimiento con alternativas de producción energéticas más costosas para las compañías. «El viento y el agua habitualmente generan alrededor de la tercera parte de la energía en España, pero estos días es necesario incorporar mayor cantidad de energía proveniente de otras fuentes como el petróleo, el gas natural o el carbón para garantizar el suministro , cuyo precio depende de los mercados internacionales y está sujeto a las situaciones geopolíticas».

Los costes de estas materias primas, que son necesarias para el trabajo de las conocidas como energías de respaldo, han repuntado últimamente, lo cual se traduce en un aumento en el recibo de la luz de los consumidores. Así, la tecnología denominada ciclo combinado, que desarrolla energía mediante vapor de agua y gas extraído de una combustión, ha sido la principal sustituta de las renovables. La REE detalla que su producción ha subido un 38,7% interanual, superando incluso al incremento del carbón, que se sitúa en un 31,5%.

Descarbonización

Este aumento de producción en las centrales de carbón choca con el objetivo mundial de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. En la pasada cumbre del clima de Bonn, más de 20 países, entre ellos Reino Unido, Francia o Italia, se comprometieron a descarbonizar el país antes de 2030. España, como Alemania, China y Estados Unidos, no firmó el acuerdo. Esta decisión, comentan desde el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), se debe a que «existe una necesidad de mantener una energía de respaldo para cuando las renovables no puedan satisfacer de forma efectiva la demanda, y el Ministerio entiende que para la fecha propuesta en el tratado el carbón todavía será fundamental en ese sentido».

Iberdrola camina en la dirección opuesta, ya que ha pedido al Gobierno el cierre de todas sus centrales de carbón. En concreto son las de Lada y Velilla, que suman una potencia de 874 megavatios. Con esta iniciativa, la empresa pretende unirse a la meta establecida en la cumbre de Bonn, y rebajar las emisiones de CO2 un 50% en el año 2030. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha manifestado que no cree que el Ejecutivo ponga alguna pega al cese de esta actividad y, desde el IGME, aseguran que «quienes tienen la última palabra son los operadores de las centrales, por lo que es difícil que alguien les obligue a tenerlas abiertas».

Fuentes de la misma institución señalan que se encuentran varios motivos por los que existe cierto interés en cerrar dichas centrales, y van más allá del respeto al medio ambiente. «Hay que tener en cuenta que la directiva europea ha impuesto a las operadores de las centrales a instalar nuevos módulos de desnitrificación para reducir las emisiones de nitrógeno, y eso requiere una inversión bastante potente . Además, está presente el final de las subvenciones de la Unión Europea a la producción del carbón autóctono y que, a partir de finales de 2018, ya no podrán funcionar explotaciones mineras. Por lo tanto, hay condiciones legales y de mercado que empujan al cierre de centrales como en Compostilla, Andorra y Teruel. Con todo, sólo podrán continuar las que están cercanas a la costa que funcionan con carbón de importación al que tienen fácil acceso».

MNucleares

El dilema respecto a la descarbonización es, ¿o luchamos del todo contra el cambio climático y aceptamos que la factura siga subiendo al reducir las fuente de producción, o nos quedamos tal cual estamos ahora? Y es que España, de momento, no se puede permitir el privilegio de prescindir de una energía de reparto cuando la actual poca eficacia de las renovables han provocado que nos veamos obligados a importar energía.

Desde el mes de febrero, España ha registrado saldos negativos en cuanto a la adquisición y exportación de energía, es decir, compramos más de la que vendemos al extranjero. El principal «partner» es Francia, donde el 78% de la electricidad procede de centrales nucleares, lo cual también es discutible a nivel climático. Y justo por su compromiso con el medio ambiente, el gobierno del Palacio del Elíseo quiere reducir su generación de energía atómica hasta el 50%. Esta descenso supondrá el cierre de la mayoría de centrales nucleares del país antes de 2025, un proceso que ya está en marcha.

Así, la oferta es menor mientras crece la demanda, con lo que la energía en el país vecino también se ha encarecido. Por lo tanto, la que España le compra –1.411 Mw/h, mientras sólo le vende 344 Mw/h el pasado octubre, según REE– repercute en la factura de los ciudadanos.

Medidas estatales

Por su parte, el Gobierno está intentando contrarrestar el encarecimiento de los recibos. Para ello, ha obligado a Endesa y Gas Natural Fenosa a actuar como creadores del mercado de gas, Mibgas. Las dos empresas deberán comprar y vender esta materia prima de manera continua para evitar que la falta de liquidez del Mibgas provoque mayores subidas en los costes de la electricidad.

Con idéntico fin, el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado que la parte regulada de la tarifa eléctrica, es decir, la que depende de sus competencias y que representa alrededor del 60% del total, se mantendrá congelada en 2018 por cuarto año consecutivo. Rubén Sánchez, portavoz de Facua-Consumidores en Acción, afirma que esta última medida es «muy escasa, y faltaría más que no lo hiciesen porque es lo más habitual».

En Facua están muy atentos a lo que dicte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre el misterioso hecho ocurrido el 23 de octubre en el sistema eléctrico español. A las 19:00 el precio de la electricidad alcanzó su máximo en todo el año, los 182,54 euros cada megavatio por hora. Este fue uno de los motivos por los que en octubre el coste de la electricidad aumentó un 7,48% respecto al mes anterior, la mayor subida desde enero. En concreto, la extraordinaria subida del 23 de octubre, a pesar de que sólo duró una hora, se calcula que supuso un encarecimiento de 2 céntimos a cada español en su factura y, con ello, un beneficio de alrededor de cuatro millones de euros para las eléctricas.

Y todo por un error en el algoritmo del servicio de ajuste, que trata, entre otras cosas, de equilibrar la reserva adicional de potencia a subir. Estos fallos, como cualquier otro, favorece a unos y perjudica a otros, que si sufrieran el mismo error con las luces de Navidad encendidas, y mientras cocina para toda la familia, se llevarían un buen susto en su factura.

Modificado el sistema de interrumpibilidad

Pocas personas saben que, desde 2008, existe un mecanismo que beneficia económicamente a los grandes consumidores, principalmente empresas con muchas oficinas, si moderan su consumo cuando la demanda eléctrica se satura. Justo cuando el llamado sistema de interrumpibilidad ha sido noticia y la población le ha conocido, le van a cambiar la cara. El Ministerio de Energía ha aprobado la orden que lo modifica y hay novedades importantes. Primero, el periodo que cubrirá la próxima subasta pasará de un año, como solía ser, a sólo cinco meses, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018. No obstante, según los vaivenes de la oferta y la demanda de energía en España, queda abierta la posibilidad a que se celebren más subastas a lo largo del próximo año. Hay un motivo para tomar esta decisión, según el Ministerio: las exigencias de la Unión Europea respecto al nuevo marco regulatorio energético que entrará en vigor en 2018. España, simplemente, intenta adaptarse a las peticiones de la UE. La otra gran novedad que se presenta en la modificación del sistema de interrumpibilidad es que sólo se activará en caso de que resulte más barato que poner en marcha el servicio de ajuste, cuyo error supuso el mayor aumento de precio en lo que va de año el 23 de octubre. No obstante, la CNMC hubiese preferido la eliminación del servicio de interrumpibilidad, ya que en un informe señalan que «apenas se utiliza» para su coste tan «elevado», 4.746 millones de euros sólo desde 2015.