Las constructoras pagarán el 50% del sobrecoste por expropiaciones

El dinero que exceda de ese porcentaje será responsabilidad del Estado, de acuerdo con los planes que ha elaborado Fomento.

Ni Fomento ni las constructoras quieren repetir errores del pasado en el plan extraordinario de carreteras público-privado (PIC) que presentó en julio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ninguna de las partes implicadas en el proyecto quiere que los sobrecostes por las expropiaciones de los terrenos lastren el plan, como ha sucedido con las radiales quebradas. Presupuestadas inicialmente en 400 millones de euros, estas desviaciones se fueron finalmente hasta los 2.200 millones, llevando a la bancarrota a las concesionarias y obligando al Estado a recuperar las vías y pagar la indemnización por la finalización anticipada de los contratos, conocida como responsabilidad patrimonial de la administración (RPA).

Límite

Para evitarlo, las constructoras han pedido a Fomento que fije una cantidad máxima a abonar por este concepto y que, en caso de que se supere, sea el Estado el que asuma el resto del coste. La propuesta inicial del departamento que dirige Íñigo de la Serna es que las concesionarias asuman un sobrecoste máximo equivalente al 50% del valor inicial de la expropiación, según han explicado a LA RAZÓN fuentes conocedoras de la negociación. No obstante, los consultados son prudentes al valorar el dato, pues «habrá que ver cómo se refleja tal propuesta en los pliegos de los concursos», dicen.

Las expropiaciones constituyen el principal riesgo para las compañías privadas interesadas en este plan de 5.000 millones de euros al haber optado el Gobierno por el mecanismo conocido como pago por disponibilidad para impulsar los proyectos. Este sistema les transfiere el riesgo de la construcción, la financiación y la explotación al concesionario, por lo que los posibles sobrecostes o el mayor gasto de explotación quedan desviados hacia el sector privado. En virtud de este sistema, las compañías adjudicatarias de las concesiones financian la construcción de las vías y asumen su explotación y conservación, en este caso por un periodo de 30 años, comprometiéndose a cumplir unos estándares de calidad y servicio. El Estado paga después a plazos las carreteras a lo largo del periodo de vida de las concesiones, pudiendo penalizar a las concesionarias si no cumplen con los estándares. Este sistema se está generalizando en toda Europa para hacer frente a las restricciones presupuestarias que tienen que afrontar los Gobiernos por las secuelas de la crisis. En sólo diez años ha pasado de representar el 5% de los proyectos ejecutados en el viejo continente al 90%.

En cuanto a los proyectos del plan, los consultados aseguran que se siguen perfilando. Fomento habría tenido en cuenta para la selección aquellos que, en los momentos más duros de la crisis, quedaron suspendidos por falta de presupuesto o estaban en fase de planificación. Entre los más destacados de estas características están la circunvalación de Murcia, con 300 millones de presupuesto, la de Sevilla S-40 o la ampliación con un tercer carril de la A-5 (Madrid-Extremadura) a su paso por la urbanización Santo Domingo.

Coste final

El PIC tiene como objetivo movilizar 5.000 millones de euros de inversión privada para relanzar el sector de las infraestructuras, aunque la cantidad que finalmente desembolsará el Estado será mucho mayor. A los costes de construcción hay que sumar los de mantenimiento y explotación, lo que conllevaría, si las obras estuviesen acabadas hoy, un pago anual de 350 millones, según las proyecciones de Fomento. Multiplicado por los 30 años de duración de las concesiones, la factura final ascendería a cerca de 10.500 millones de euros. El Gobierno calcula que el 20% de la inversión será aportada directamente por las compañías, mientras que otro 40% será financiación de bancos o fondos y el 40% restante se espera que llegue del Banco Europeo de Inversión (BEI).

Además del efecto dinamizador que pueda tener sobre el sector, el Gobierno considera que el plan tendrán importantes beneficios para las arcas públicas. Se espera un retorno fiscal de unos 3.000 millones de euros y una generación de empleo en el entorno de los 189.200 puestos de trabajo, de los que 48.000 serán directos. La patronal de la construcción (Seopan) calcula, además, que inducirá 9.600 millones de actividad.