Los autónomos quieren pagar por lo que trabajan

De los más de 700.000 empleos creados desde la aprobación de la reforma laboral, 343.000 corresponden a los autónomos –sin contar el empleo asalariado asociado a los autónomos societarios–. Es decir, más de la mitad del empleo generado desde la reforma se atribuye a este colectivo.

La reforma laboral no sólo supuso el fin de la sangría de empleos, sino que marcó el reinicio de la contratación, «y los primeros en hacerlo fueron los autónomos». Lorenzo Amor, presidente de ATA, asegura que se trata de una reforma con dos caras, la de la pequeña empresa y el autónomo, a los que otorgó la flexibilidad interna suficiente como para evitar despidos e implicar a sus trabajadores en la supervivencia de sus negocios, y la de aquellos que la han utilizado para lo contrario. Por ello, insiste en la necesidad de adaptar y diseñar las normas desde la realidad de nuestro tejido productivo, que en un 95,8% está conformado por empresas de menos de 10 trabajadores.

«No se pueden establecer las mismas normas para regular las relaciones laborales entre empleadores y empleados, cuando estos últimos para una gran empresa son un número, para la mediana un apellido, pero para el autónomo son sus compañeros de fatigas, tienen nombre propio e incluso son familia», agrega.

Si bien la reforma supuso el inicio de una normativa diferenciada en función del tamaño de la empresa –con la puesta en marcha, por ejemplo, del contrato de emprendedores para empresas y autónomos con menos de 50 trabajadores–, Amor considera necesario profundizar en esa senda de diferenciación.

Los autónomos quieren tener «voz propia» en la revisión de la reforma laboral para demandar medidas que eviten la ampliación de la brecha entre los apoyos al nuevo autónomo y al establecido. Amor sugiere, entre otras medidas, reformar el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para que éstos paguen por lo que trabajen, que se den otras opciones de periodicidad para hacer frente a los pagos de impuestos y cotizaciones, que se elimine el recargo del 20% por retraso en el abono de las cuotas y se agilicen los aplazamientos mediante declaración responsable, que se reduzca el periodo de cinco a dos años para acceder a la tarifa plana y se amplíe la duración de la misma a un año, que se ensanche el periodo de cobertura del «paro de los autónomos» a dos años y que se permita la compatibilización de pensión y trabajo por cuenta propia.

Y en cuanto a impuestos se refiere, Lorenzo reclama la reducción del IVA a aquellos autónomos que vieron el suyo incrementarse en más de 13 puntos porcentuales, el establecimiento de deducciones por vehículos y suministros cuando se trabaja desde el domicilio y el fomento de mecanismos de conversión de tickets a facturas cuando no haya un emisor presencial (parquímetros, gasolineras ..).

La parálisis política no ha sido inocua para el colectivo. De hecho, los autónomos ya crecen este año la mitad que en 2015 y una tercera parte de lo que lo hacían en 2014. No obstante, cada día de 2016 han generado 304 nuevos empleos, de los que 82 son por cuenta propia y 222 por cuenta ajena. «Mediante el diálogo, y desde la realidad, se pueden hacer grandes cosas, siempre que las medidas se diseñen desde el conocimiento, sin demagogias y de la mano de los propios autónomos. No parece que haya excusa alguna para no poner en marcha lo antes posible las medidas consensuadas sobre autónomos de forma prioritaria y aprobar la proposición de Ley Integral de Ciudadanos. Debería ser una de las primeras iniciativas de este nuevo Gobierno», sentencia Amor.