Los bolsillos se resienten por la inflación

Si la inflación creciera un 2%, las pensiones se revalorizaran un 0,25% y se fijaran alzas salariales del 1%, el dinero de los jubilados perdería un 7% de su valor hasta 2020 y el de los asalariados, un 4%.

Juan tiene 50 años. Trabaja de capataz en una fábrica y cobra, cada año, 12 pagas de unos 2.000 euros. Pedro ya se ha jubilado, tras una dilatada vida laboral, y recibe una pensión ligeramente superior a los 1.300 euros. Rosa es funcionaria y su nómina mensual no supera los 1.200 euros. Bajo el supuesto de que la inflación subiera un 2% anual, de que se fijara una subida salarial del 1% –tanto en el sector público como en el privado– y de que la revalorización de las pensiones fuera del 0,25%, Juan y Rosa perderían un 4% de su poder adquisitivo hasta 2020, mientras que la merma que soportaría Pedro sería del 7%.

El subidón de la inflación en enero se debe a razones muy concretas que no perdurarán en el tiempo. No obstante, la recuperación del consumo presiona los precios al alza y el desplome de los precios energéticos parece haber llegado a su fin. El aumento del IPC durante el presente ejercicio podría rondar el 2%. Y el impacto que tendrá sobre el poder adquisitivo de los españoles dependerá de cómo evolucionen los salarios y las pensiones.

Mientras que los precios de la energía condicionan los resultados de las empresas, los de la cesta de la compra determinan el gasto de las familias en consumo, principal motor de la economía española. Hoy en día, resulta particularmente notorio distinguir entre la inflación general y la subyacente, que excluye los precios energéticos y se mantiene alrededor del 1%. En cualquier caso, las actuales subidas del IPC tienen poca capacidad para dañar los fundamentos de la economía, siempre y cuando se garanticen moderados aumentos de los sueldos.

PENSIONISTAS

El actual sistema de pensiones está prácticamente condenado a experimentar una cuasicongelación de las prestaciones del 0,25% anual hasta 2060. Los jubilados sufrirían una pérdida del 30% de su poder adquisitivo a lo largo de su vida si no se hace nada para remediarlo y serán las principales víctimas de la subida de los precios. De hecho, en el periodo comprendido entre 2016 y 2020, el valor de su dinero podría verse mermado en unos 90 euros.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), por ejemplo, propone blindar la pensión mínima, ligándola a la tasa de inflación, lo que tendría un coste anual para las arcas públicas de unos 4.000 millones de euros. Y el debate ha llegado al Congreso. El PSOE condicionó el miércoles, en la sesión de control al Gobierno, cualquier acuerdo sobre pensiones a que la revalorización de las prestaciones vuelva a vincularse al IPC.

Si bien es cierto que las pensiones han subido durante los últimos años, en los que la inflación era negativa, también lo es que en ausencia de una reforma perderán poder adquisitivo significativamente. Y hasta que se acometan los necesarios cambios normativos, «conviene cuidar y actualizar,. sobre todo las pensiones mínimas», asegura el catedrático de Economía de Cunef, Santiago Carbó.

La subida media del salario pactado en convenio, en enero, fue del 1,2%, lo que implica una pérdida del poder adquisitivo de los asalariados de 1,8 puntos, ya que la inflación subió un 3%. Si se fijara una subida salarial del 1% para los próximos años y la inflación registrara tasas del 2%, un trabajador que en 2016 cobrara 1.990 euros al mes sufriría una pérdida de su poder adquisitivo de casi 80 euros hasta 2020.

NEGOCIACIÓN ENCALLADA

La negociación para acordar las alzas salariales en 2017 parece encallada, y los sindicatos han salido a la calle para reclamar un aumento de los sueldos. Lejos de las propuestas iniciales de subirlos un 4%, el acuerdo final podría cerrarse en torno al 2%, en línea con el previsible incremento de la inflación. La patronal propone subidas de hasta un 1,5%, con posibilidad de incrementarlas un 0,5% en función de la productividad y lo que contribuya a la competitividad de la empresa.

Fuentes consultadas sugieren controlar las subidas de todas las rentas, incluidos los salarios, para proteger la competitividad. Desde la CEOE remarcan que el principal elemento inflacionista en 2017 será el petróleo, con un efecto transitorio y descendente a lo largo del año, por lo que creen que sería un error trasladar la inflación de unos meses puntuales a los salarios.

En cualquier caso, Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, insta a tener en cuenta que, dado el cada vez menor número de trabajadores cubiertos por convenio, el efecto tanto de los precios como de la negociación sobre los salarios nominales puede ser moderado.

La economía española crecerá este año cerca del 2,5%, un ritmo similar al que se espera para la creación de empleo. Los datos indican la conveniencia de subir los sueldos, pero Hidalgo considera que la todavía elevada tasa de paro debería moderar las tensiones sobre los salarios nominales. «Aunque a finales de año podamos observar una convergencia del aumento del salario pactado con la inflación, no se espera un gran repunte del primero», agrega. En cuanto a los asalariados peor remunerados, la subida del 8% que experimentará el salario mínimo, hasta los 707,60 euros, en cierta medida les resguardará del repunte de los precios.

FUNCIONARIOS

Tras varios años de desinflación, Carbó revela que la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación puede hacerse notar tanto por el propio incremento de los precios como por la persistencia de la moderación salarial. Y sostiene que a pesar de lo recomendable de buscar fórmulas para actualizar salarios conforme a productividad, «el ajuste salarial no es una vía por la que convenga seguir impulsando la productividad».

El Gobierno ha mostrado predisposición a aumentar el sueldo a los funcionarios, aunque ha condicionado las subidas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pero Bruselas no confía en que España cumpla este año sus objetivos de déficit, por lo que quizá haya que continuar apretando la hebilla del cinturón. Los empleados públicos han perdido en los últimos cinco años cerca del 13% de su poder adquisitivo, y los sindicatos han escrito una carta a Montoro pidiendo un aumento salarial que permita recuperarlo.

El salario de los funcionarios subirá, al menos, un 1% este año, por debajo de las previsiones de inflación. Y el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide asegura que esa brecha puede ser un indicio de que estemos a las puertas de una posible conflictividad laboral en el ámbito público si la inflación se instala en ese 2%. El catedrático de Economía de Cunef, por su parte, recuerda que el de los funcionarios es un colectivo especialmente perjudicado por la moderación salarial, y que se trata de un entorno donde los incentivos y la vinculación de remuneraciones a la productividad deberían revisarse especialmente. «Pero hay que reconocer que los funcionarios han recibido gran parte del impacto de la austeridad en las cuentas públicas», apostilla.

POLÍTICA MONETARIA

Bajo el supuesto de que los sueldos en las administraciones públicas repuntarán un 1% y de que la inflación subiera un 2%, un funcionario que ingresara el año pasado 1.200 euros al mes sufriría una pérdida de su poder adquisitivo de unos 48 euros hasta 2020. La inflación en la eurozona subió siete décimas en enero, hasta el 1,8%. Y el objetivo del BCE es mantenerla en torno al 2%. Si bien es cierto que el organismo dirigido por Mario Draghi continuará gastando, cada mes, 80.000 millones de euros en compras de deuda, también lo es que a partir de abril reducirá la cuantía hasta los 60.000 millones. Y es que los fantasmas de la deflación se han ahuyentado. Los tipos de interés se mantienen en el 0% y los de depósito, en el -0,4%. Sin embargo, la Reserva Federal anticipó tres nuevas subidas en 2017, tras la acometida en diciembre. Y el proteccionismo que propugna Trump podría ocasionar repuntes de la inflación a nivel global, lo que podría llevar a Mario Draghi a mover ficha.

Daniel Pingarrón, responsable de Estrategia de Mercados de IG, cree que los precios tienen un recorrido potencial más moderado durante los próximos dos trimestres y que, en principio, el BCE seguirá con el QE hasta finales de año, pudiéndose producir una primera subida de los tipos entre seis y nueve meses después de la finalización del programa de compra de deuda. La subida del Índice de Precios al Consumo encarecerá el precio de la deuda española, no tanto por la subida en sí como por el cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo que pudiera provocar, aunque a corto plazo se está notando un mayor impacto por el riesgo político latente en países como Francia, Holanda o Grecia.

Pingarrón opina, asimismo, que la escalada de los precios puede trastocar la política monetaria del BCE, dando lugar a la reducción, e incluso a la desaparición antes de tiempo, de las compras de deuda. Una decisión de ese tipo ocasionaría un alza de los tipos de interés más prematura. «Pero la actual subida de la inflación estaba más o menos prevista. No parece lo suficientemente poderosa como para modificar sensiblemente los planes del BCE», puntualiza.

Mayor recaudación

De los 202.593 millones de euros que espera recaudar este año el Gobierno por ingresos tributarios, 68.280 millones corresponderían a la «caja» que generaría el IVA. Y de ellos, desde los 800 hasta los 1.000 millones podrían atribuirse a la subida de la inflación, si ésta oscilara a lo largo del ejercicio entre el 1,5 y el 2%. La explicación es sencilla. Al aumentar el valor de los bienes y servicios, la base imponible sobre la que se aplica el impuesto es mayor, lo que desemboca en un incremento de la recaudación en términos nominales.

PERSPECTIVAS

La inflación se disparó en enero hasta el 3% interanual, como consecuencia de una subida de la luz del 26% y de los carburantes. De hecho, el barril de Brent ha escalado desde los 33 dólares a los que cotizaba en enero de 2016 hasta los aproximadamente 56 dólares que registra en la actualidad.

Se trata de un nivel insólito para el IPC desde octubre de 2012. Desde que en el mes de abril de 2016 la inflación sufriera una caída interanual del -1,1%, los índices de precios al consumo no han hecho más que incrementarse.

Este año la inflación promedio se situará en torno al 2%, aunque podría mantenerse por encima del 3% durante los primeros meses para empezar a desacelerarse a partir de marzo. La subyacente se mantendrá en el 1% anual. La Comisión Europea, por ejemplo, prevé que el índice de precios en España crezca este año un 1,9%. Fuentes gubernamentales señalan que el repunte del IPC es puntual y que la inflación se moderará a partir del segundo trimestre, convergiendo hacia los objetivos del Banco Central Europeo.

Ley de desindexación

El Gobierno ya ha aprobado el desarrollo de la Ley de Desindexación para evitar que el incremento de los precios genere efectos de segunda ronda que acaben impactando en la competitividad de España. Es decir, el objetivo pasa por impedir que la subida de la luz y de la energía no suponga un incremento del resto de precios públicos, como los del transporte o los de la Educación. De esta manera, las rentas, precios y tasas públicas dejarán de estar vinculadas al IPC. Y es que las familias españolas gastan cada año unos 35.000 millones de euros en servicios públicos, un coste que podría escalar 700 millones si la inflación subiera un 2%. En cambio, la Ley no afectará a la subida de los salarios de los empleados públicos, ni a la de las pensiones.