Los PGE, al rescate de las pensiones

El Gobierno «ahorrará» 2.100 millones anuales a la Seguridad Social en los próximos Presupuestos del Estado absorbiendo las reducciones de cotización puestas en marcha para crear empleo en la pasada legislatura.

El Gobierno está decidido a que la Seguridad Social recupere el equilibrio. Para ello meterá en los próximos presupuestos las reducciones de cotizaciones que hasta ahora financiaba la Seguridad Social, con el consiguiente agujero adicional en sus cuentas, y podría pasarle a Montoro «una parte» de las pensiones de viudedad y orfandad, que suponen unos 23.000 millones al año, según han asegurado a LA RAZÓN fuentes de primer nivel del Ministerio de Empleo. Con esta medida, las arcas del departamento que dirige Tomás Burgos se ahorrarán unos 2.100 millones de euros anuales que se destinaron a poner en funcionamiento políticas de fomento del empleo durante la pasada crisis que no pudieron ser absorbidas por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ante la necesidad de recortes en los gastos.

La voluntad de que la Seguridad Social deje de pagar reducciones directas sin compensación para sus arcas, como las tarifas reducidas para los indefinidos y las tarifas planas para los autónomos, es absoluta como anunció ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, siempre que cuente con el respaldo del mismo, algo que parece asegurado.

El Pacto de Toledo se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de que sean exclusivamente los PGE quienes financien las políticas de fomento del empleo y no la Seguridad Social. De este modo, del total de 4.000 millones de euros que ahora se destinan a las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones, el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) asumiría aquellas que pasen a ser bonificaciones y que, según las fuentes consultadas por este diario, podrían llegar a alcanzar unos 2.100 millones.

La Seguridad Social considera que el Estado está en disposición de asumir «el compromiso de gasto que suponen las políticas de empleo», como explicó Burgos al término de la intervención de Báñez, aunque es consciente de que la prioridad es el cumplimiento de los objetivos de déficit. Por eso, el trasvase de las pensiones de viudedad y orfandad, que han supuesto a la Seguridad un desembolso de algo más de 1.640 millones de euros el pasado mes de noviembre, se haría de forma escalonada.

La intención es que los próximos presupuestos recojan también un primer tramo de financiación de estas pensiones contributivas, si bien aún está en el aire y será el Pacto de Toledo, con el permiso del ministro de hacienda, Cristóbal Montoro, el encargado de diseñar el traspaso gradual para no sobrecargar los PGE. Como el Estado no puede hacer frente de golpe a 23.000 millones de financiación adicional al año para liberar a la Seguridad Social, se estudiará un plan de absorción a largo plazo para el que aún no se barajan horquillas. Podrían ser ocho años o incluso más.

Con la primera medida se conseguirá aliviar una pequeña parte de los problemas de la Seguridad Social, pero será el trasvase a los presupuestos de las pensiones de viudedad y orfandad el que acabaría con el agujero.

La presión sobre las mermadas arcas de la Seguridad Social hará que este año cierren con el mayor déficit de su historia, el 1,7% del PIB, frente al 1,1% previsto anteriormente, según las últimas cuentas remitidas el pasado mes de octubre a Bruselas. Esto se traduce en un desajuste de más de 18.000 millones de euros.

Para 2017, la previsión es que el déficit de la Seguridad Social disminuya en algo más de 3.000 millones, hasta el 1,4%, lo que junto a la bajada del déficit del Estado (2,1%) y el de las administraciones territoriales (0,1%) situaría el desajuste de las cuentas públicas en el 3,6% del PIB. Al Ejecutivo sólo le restaría entonces un recorte adicional de 5.000 millones de euros para alcanzar el objetivo del 3,1% de déficit comprometido con Bruselas.

El Gobierno confía en que los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales crezcan el 2,5% durante el próximo año, por la recuperación del mercado de trabajo. Esta circunstancia permitirá también que disminuya la partida destinada al pago de las prestaciones por desempleo, que pasará de 18.800 millones de euros en 2016 a 16.600 millones en 2017. Esos 3.000 millones menos de déficit para la Seguridad Social se sumarían a los 2.100 millones que dejaría de financiar de las «tarifas planas».

La creciente cuantía de las pensiones, cada vez más altas (1.433 euros de media en noviembre en el caso de las nuevas pensiones de jubilación), y el mayor número de pensionistas han dejado agotados los fondos de reserva, a los que no les quedará un euro a finales del próximo año. Sin nuevas reformas, según los expertos, los pensionistas perderán gradualmente capacidad adquisitiva.

Por eso, la ministra urgió ayer al Pacto de Toledo a que avance en las propuestas que ayer puso sobre la mesa y les instó a tener «altura de miras» y responsabilidad para no ser alarmistas porque las pensiones están garantizadas para millones de españoles y de jubilados de hoy y del futuro.

Además, Báñez propuso reforzar y favorecer la contributividad de los autónomos, que aunque es voluntaria y pueden cotizar por lo mínimo o por lo máximo, la cuantía de su prestación depende de ello. En este sentido, avanzó que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) aporta más de 7.000 millones de déficit al sistema en términos anuales y afirmó que hay que mejorar su protección.

El Ejecutivo quiere un gran acuerdo para garantizar el sistema y el primero en dar un paso al frente fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se mostró dispuesto a debatir sobre algunas propuestas de pensiones realizadas por Podemos, como la eliminación del tope máximo a la cotización de los salarios más altos, la financiación de algunas pensiones vía impuestos o la supresión de regímenes especiales de cotización para nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.

La base máxima de cotización con independencia de la renta recibida es de 3.642 euros al mes.