martes, 28 marzo 2017
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Economía

Las pensiones tendrán un 7% menos de poder de compra en diez años

  • Sólo podrán revalorizarse un 0,25% anual hasta 2022 o generarán 10.000 millones de déficit. El sistema necesita 15.000 millones al año para lograr el equilibrio, según la Autoridad Fiscal Independiente

José Luis Escrivá, presidente de Airef, comparece en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, junto a Celia Villalobos
José Luis Escrivá, presidente de Airef, comparece en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, junto a Celia Villalobos
Javier Fdez-Largo

La reformas del sistema de pensiones de 2011 y 2013, y la introducción del factor de sostenibilidad (que entrará en vigor en 2019) no serán suficientes para lograr el equilibrio en las arcas de la Seguridad Social. El agujero es de tal calibre que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) reclamó ayer en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo «medidas urgentes» para asegurar la sostenibilidad ya que para conseguir que el nivel de gasto en pensiones respecto al PIB se sitúe en 2050 en los niveles de 2015 (11% del PIB) la población española debería alcanzar los 55 millones de habitantes y tener un nivel de ocupación similar a la media europea. Así lo explicó el presidente de la Airef, José Luis Escrivá, quien advirtió de que el déficit de la Seguridad Social alcanzará este año el 1,7% del PIB (18.000 millones de euros).

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Aunque las reformas adoptadas lograrán «estabilizar» en 2025 la pensión de entrada media en términos reales en el entorno de los 1.400 euros –conteniendo el crecimiento que se hubiera producido en ausencia de la reforma hasta los más de 1.600 euros– y rebajarla aún más en 2030 (por debajo de los 1.350 euros), ahorrando cerca de 5 puntos del PIB en 2050 (unos 50.000 millones de euros), no serán suficientes para evitar la constante pérdida de poder adquisitivo.

De hecho, en el medio plazo (con un horizonte hasta 2022), si no se toman medidas adicionales y a pesar de la mejoría económica, el desequilibrio anual de la Seguridad Social se mantendrá en torno al 1,5% del PIB (16.000 millones), según admitió Escrivá. Este escenario sólo permitirá que las pensiones suban, como este año, el mínimo legal (+0,25% anual) lo que provocará una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas del 7% en diez años (entre 2013 y 2022) ya que el escenario de precios más probable para ese periodo refleja un alza del 1,8% anual de la inflación a partir de 2018. Mantener el poder adquisitivo de estas pensiones supondría entonces general un déficit de unos 10.000 millones.

Este desajuste hará difícil que el déficit estructural del conjunto de las administraciones públicas baje del 2,5% del PIB, siendo la Seguridad Social responsable del 60% del mismo, indicó Escrivá en su comparecencia ante los representantes de los distintos grupos políticos de la Cámara. La única forma de hacer frente a este desequilibrio en las arcas de la Seguridad Social sería aportando al sistema cada año una cantidad equivalente al 1,5% del PIB (en torno a 15.000 millones de euros anuales) en los próximos siete años.

El resultado sería el reequilibrio del sistema y la revalorización de las pensiones por encima del mínimo del 0,25%, pero todo ello a costa de un aumento del gasto público en pensiones, que implicaría un incremento de la deuda, de la presión fiscal o la reducción de otros gastos.

El objetivo del Gobierno es alcanzar la barrera de los 20 millones de ocupados para mitigar en buena medida esta situación con una mayor aportación al sistema mediante las cotizaciones a la Seguridad Social. El pasado año se cerró con 18,5 millones de ocupados, según los datos del INE.

Más incentivos fiscales

El director gerente de Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Pedro Pablo Sanz, durante la Comisión del Pacto de Toledo de ayer, defendió continuar con la reforma laboral para garantizar un sistema viable de pensiones y estimular la previsión social complementaria individual y colectiva con incentivos fiscales. Además, propuso financiar vía presupuestos las prestaciones de viudedad y orfandad, así como las bonificaciones al impulso del empleo.

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