Huelga de estibadores

Rajoy descarta elecciones pese a la «traición» de Albert Rivera en la estiba

El presidente duda del «sentido de Estado» de Rivera y Susana Díaz tras el rechazo en el Congreso al decreto para reformar el convenio de los estibadores y evitar la sanción de Bruselas.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con Rajoy, en el Congreso
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con Rajoy, en el Congresolarazon

El presidente duda del «sentido de Estado» de Rivera y Susana Díaz tras el rechazo en el Congreso al decreto para reformar el convenio de los estibadores y evitar la sanción de Bruselas.

La derrota del Real Decreto del Gobierno para reformar el sector de la estiba colocó ayer en su sitio las expectativas que todas las partes, Gobierno y oposición, tienen de verdad respecto al alcance de esta legislatura. La reforma del sector de la estiba, exigida por la Comisión Europea (CE) y el Tribunal de Justicia comunitario, vuelve a la mesa de negociación, a pesar de que la derogación acarreará una segunda multa a España, según volvió a advertir ayer el Gobierno. Los 142 votos a favor de la convalidación, emitidos por PP y PNV, fueron superados por los 175 en contra, entre ellos los del PSOE y Unidos Podemos. Ciudadanos se abstuvo. Es la tercera vez en la historia de la democracia que no se convalida un real decreto ley. Las anteriores se produjeron en 1979 y en 2006, en este último caso por un error en la votación. La respuesta del Gobierno fue sentenciar que «los 134.000 euros diarios de la multa impuesta a España por no reformar la estiba la pagarán los españoles y no lo harán con su salario quienes han impedido con su voto en contra que salga adelante el decreto». Malestar absoluto, «sin precedente», en el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por lo que entiende como una actitud «cortoplacista» y «una falta de respeto a los intereses de Estado y a los compromisos europeos» por parte del PSOE y de Ciudadanos (Cs). Ayer no hizo declaraciones, y es previsible que en público matice el disgusto y la contrariedad que ayer, sin embargo, sí que confirmaban sus colaboradores más estrechos. Desde el Gobierno señalan a dos nombres, el de Albert Rivera, quien, según los populares, les dio su palabra de apoyar la reforma, y se desdijo de su compromiso poco antes de que se iniciara el Pleno. Y a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien impuso el «no» de los socialistas en la votación para evitar que se le incendie Algeciras.

El mantra del acuerdo y del diálogo ha copado el discurso político, es la piedra angular del mensaje del Ejecutivo. Y también ocupa mucho espacio en el discurso de Cs, y, por supuesto, hasta del PSOE, aunque este partido esté abierto en canal a la espera de las primarias y del Congreso del que saldrá su líder. Ahora bien, los discursos van por un lado, mientras la confianza de todas las partes en que ésta sea una legislatura fructífera y larga coincide en ser muy escasa.

Desde los escaños del Gobierno advertían ayer que da igual lo que pase en el PSOE porque aunque la presidenta la Junta de Andalucía gane la batalla por el liderazgo, «seguirá sintiéndose obligada a competir con Podemos, y, además, tiene que quitarse el cartel de ser la derecha del PSOE».

En el Gobierno, del PSOE esperan poco, aunque hasta ahora hayan insistido oficialmente en negarse a descartar la hipótesis de que pudiese colaborar en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. Y de Cs esperan «lo justo». PP y Cs apuntan agravios, aunque en público sigan dispuestos a mantener viva la idea de que el pacto de investidura está vivo. De hecho, hasta ayer mismo la cúpula de la formación naranja aseguraba que la negociación sobre los PGE estaba encarrilada y anticipaban un apoyo a las cuentas de 2017 de Rajoy porque dan por hecho que se incluirán las partidas pactadas en el acuerdo de investidura. Pero la realidad es que la confianza está cada vez más quebrada. Tanto que lo de ayer fue calificado por los populares como «una traición». En el Gobierno contaban hasta el miércoles con el respaldo de Cs al decreto de reforma de la estiba, y la abstención fue un «golpe» que el PP atribuye al «tactismo» de un partido que «prima la estrategia sobre la ideología» y que «se adapta al paisaje según sopla el viento». «Se han abstenido para no aparecer en la fotografía de la derrota. Así de firmes son sus principios», aseguraban en la bancada popular. Hasta tres veces, según el PP, les habían asegurado que apoyarían la convalidación del real decreto. Y hasta cinco minutos antes de que empezara el Pleno no les advirtieron de que cambiaban de posición, alegan los populares. En la foto de la «derrota» tampoco están ni CC ni Nueva Canarias, otros partidos que también han lanzado señales de que podrían hacer de «costaleros» del Gobierno en la aprobación de los PGE. A pesar del malestar, en el Ejecutivo no ligaron, sin embargo, el resultado de esta votación con lo que pueda ocurrir con los PGE, aunque sí apuntaron que la «irresponsabilidad» de Rivera obliga a poner en duda «otros compromisos». Parecido discurso, por cierto, al que hacen desde la formación naranja con respecto al PP en lo que afecta al capítulo de la regeneración democrática.

El PP cree que Cs va a seguir «tensando» la cuerda para buscar su espacio y su discurso político, buscando debilitar al Gobierno, pero cuidándose, por ahora, de no forzar el adelanto electoral. Y tiene su significado que Moncloa recordara justo ayer algunas de las advertencias que dejó Rajoy en su investidura para subrayar el aviso de que si no «hay responsabilidad y colaboración», la Legislatura no podrá llegar a término. La amenaza del anticipo electoral está ahí, pero sigue sin ser una opción que esté en el escenario de trabajo en el que se mueve Rajoy. En su entorno dicen que no creen que esta derrota tenga coste político para ellos, y sí para la oposición por sus consecuencias económicas. «Los españoles van a perder todos los días 134.000 euros diarios, que saldrán de sus Presupuestos, por culpa de unos políticos que no saben hacer política de Estado, que actúan con cortoplacismo y que no tienen responsabilidad institucional», dice su discurso.