Un juez tumba la demanda de los taxistas contra Cabify

Fue desestimada la demanda íntegramente al no inducir al titular de licencia a infringir normas.

El juez de lo Mercantil número 12 de Madrid ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por la Federación Profesional del Taxi de Madrid contra Maxi Mobility Spain S.L. (Cabify) por competencia desleal y violación de las normas de transporte en materia de contratación de servicios mediante vehículos de arrendamiento con conductor.

Así lo ha acordado el magistrado en una sentencia al estimar que las normas supuestamente infringidas en que se funda el reproche de deslealtad no imponen obligaciones a la empresa demandada, sino a los titulares de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), con los que Cabify no puede confundirse.

Así, destaca que las normas invocadas para sustentar la presunta competencia desleal no imponen ninguna obligación a las empresas que actúen en el ámbito de la intermediación en alquiler de vehículos con conductor, sino directamente a los titulares de las licencias VTC.

Y asegura también que no ha podido demostrarse que la empresa demandada haya inducido a los titulares de estas licencias a cometer ninguna infracción -como circular captando clientes o careciendo de hoja de ruta- y que, en el caso de que éstos hubieran incurrido en alguna infracción administrativa, no ha resultado acreditado que Maxi Molity Spain S.L. haya obtenido con ello ninguna ventaja frente a sus posibles competidores.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días ante este juzgado para su resolución por la Audiencia Provincial de Madrid.

Cabify celebra la «victoria»

La empresa Cabify mostró su satisfacción por la desestimación de esta demanda interpuesta por la Federación Profesional del Taxi de Madrid. «Finalmente se haya hecho justicia y se demuestra la legalidad de nuestros servicios, como siempre hemos defendido», indicó el Country Manager de Cabify España, Mariano Silveyra.

«Desde nuestro origen en España en 2011, hemos operado estrictamente bajo el marco legal, cumpliendo con todos los requisitos requeridos por las administraciones», comentó Silveyra.

Por ello, confía en que a partir de ahora la compañía pueda operar con «tranquilidad sin que terceros se interpongan en el camino de la innovación y del derecho a elegir por parte del usuario".

«Y por supuesto, agradecer las innumerables muestras de apoyo que hemos recibido por todos los que forman nuestra comunidad (usuarios, empleados y colaboradores) así como por parte de los diferentes agentes sociales a lo largo de todo este proceso judicial», concluye el directivo de Cabify.

EP