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Economía / Huelga de estibadores

Una semana clave en la reforma de la estiba

  • El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado que los sindicatos de estibadores y la patronal del sector volverán a reunirse el próximo martes 21.

Un grupo de estibadores saludan desde la tribuna de invitados del Congreso.
Un grupo de estibadores saludan desde la tribuna de invitados del Congreso.
Efe

El Gobierno volverá a intentar esta semana sacar adelante la reforma de la estiba, a la que obliga a España una sentencia europea, tras la derogación por el Congreso del real decreto-ley que liberalizaba el sector en la sesión plenaria del pasado jueves.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado que los sindicatos de estibadores y la patronal del sector volverán a reunirse el próximo martes 21 para buscar un acuerdo en torno a la última propuesta presentada por el Gobierno, en vísperas de la votación del decreto en el parlamento.

Se espera que participen en la mesa negociadora representantes de los ministerios de Fomento y Empleo, así como el presidente del CES, Marco Peña, que actúa como mediador entre la patronal y los sindicatos.

El Ejecutivo califica de ambiciosa, generosa y sin precedentes en la historia reciente su oferta, bautizada como "acuerdo tripartito para el mantenimiento del empleo y la mejora de la producción en el sector de la estiba", que contempla prejubilaciones voluntarias con el 70 % del sueldo de los últimos seis meses a partir de los 50 años o la subrogación de los trabajadores, entre otras medidas.

De lograrse un acuerdo entre patronal y sindicatos, según De la Serna, no debería haber problemas para tramitar un nuevo real decreto ley, aunque advierte de que su contenido no será muy distinto al del derogado porque la capacidad del Gobierno para cambiarlo la limita la Comisión Europea (CE).

Paralelamente a la negociación colectiva, en la vía política, De la Serna mantendrá contactos personalmente con los grupos parlamentarios, cuyo rechazo al decreto ley se debió principalmente a la falta del consenso y de la garantía del mantenimiento del empleo de los actuales trabajadores portuarios.

Es vital, por lo tanto, que la negociación colectiva entre patronal y trabajadores llegue a buen puerto, pero los asesores jurídicos de los sindicatos advirtieron ya el jueves pasado que la oferta del Gobierno "en modo alguno compromete el 100 % de la garantía de empleo de los actuales estibadores portuarios".

En su opinión técnica, tiene que ser la ley la que diga que las empresas deben subrogar a los trabajadores, mientras que el acuerdo tripartito contempla que ambas partes deben continuar negociando para obtener esa garantía de empleo.

Para la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (Cetm), el sindicato mayoritario de estibadores, queda claro que la subrogación de los trabajadores portuarios por parte de las empresas estibadoras se tiene que hacer a través del decreto ley.

El coordinador general de la Cetm, Antolín Goya, confía en que, tras el rechazo de la reforma del sector de la estiba en el Congreso, se abra un proceso de negociación "serio" que dé respuesta a los requerimientos europeos y devuelva la estabilidad al sector.

La reforma del modelo de la estiba apremia para evitar que España pague una cuantiosa multa impuesta por el tribunal europeo por no liberalizar el sector, pero también las huelgas de los estibadores, que desconvocaron las cuatro jornadas de paro que iban a iniciar el viernes pasado.

Los informes que manejan las empresas apuntan a que cada día de huelga genera pérdidas de 50 millones de euros.

Por su parte, la multa impuesta por Europa es de 27,522 euros diarios desde el 11 de diciembre de 2014, día de la sentencia, por lo que asciende ya a cerca de 23 millones de euros.

Aunque la CE paró el reloj de dicha sanción en el momento en el que el Gobierno preparó el decreto ley, tras su derogación, el Gobierno asegura que lo activará de nuevo y, además, retirará probablemente el compromiso de condonar la multa acumulada hasta ahora.

No obstante, España no tendrá que abonarla hasta que haya una nueva sentencia del TJUE que le condene por no corregir el incumplimiento por el que se la sancionó la primera vez.

El Gobierno advierte de que este nuevo fallo "está al caer" y cuando llegue supondrá una multa diaria de 134.107 euros durante el tiempo que España siga sin reformar la estiba.

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