Vuelta de tuerca a la reforma fiscal

Si bien la rebaja del IRPF aviva el consumo, los expertos instan a revisar la fiscalidad autonómica y local. El sistema impositivo debe acompasarse al cumplimiento de los objetivos de déficit

El alivio en las nóminas, gracias a la rebaja del IRPF, desahoga a unos contribuyentes que, por momentos, parecían asfixiados. La reforma fiscal ha inyectado dinero en el bolsillo del ciudadano, lo que ha servido para avivar el consumo y mostrar mayor predisposición al gasto. Si bien ha sido atrevida y necesaria, los expertos defienden una vuelta de tuerca que incida, sobre todo, en la fiscalidad autonómica y local. Y es que la maraña de tributos requiere una reorganización.

Las principales ventajas para el contribuyente se basan en la reducción de los tipos impositivos, que no sólo implica que vayamos a pagar menos en la próxima declaración del IRPF, sino que puede apreciarse todos los meses en las nóminas. Santiago Álvarez, profesor titular de Hacienda Pública y vicerrector de planificación económica de la Universidad de Oviedo, sostiene que las medidas aprobadas constituyen únicamente una primera fase de la reforma del sistema impositivo, que debe acompasarse al cumplimiento de los objetivos de déficit y consolidación presupuestaria.

Álvarez cree que el IRPF debería revisarse en profundidad, eliminando beneficios fiscales injustificados, ampliando la base imponible y reduciendo los tramos de la tarifa y los tipos marginales. «Otra cuestión importante es la reforma del tratamiento de la fiscalidad del ahorro. Tendría que avanzarse en la configuración dual del impuesto, de forma que todos los rendimientos del capital, tanto mobiliario como inmobiliario, se incluyeran en la base imponible, que debería gravarse a un tipo fijo y único». Asimismo, Álvarez aboga por suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio y por acometer una reforma en profundidad del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. «En el caso del IVA, tendría que eliminarse el sistema simplificado y revisarse la lista de productos gravados con tipos reducidos», agrega.

El vicerrector de planificación económica de la Universidad de Oviedo piensa que la reforma del Impuesto sobre Sociedades ha sido la más amplia y va en esa línea de impulso al crecimiento y la competitividad empresarial, pero defiende que para avanzar en el fomento del ahorro e incrementar la eficiencia de la economía es imprescindible reformar el IRPF y la imposición sobre la riqueza para aumentar la recaudación y distribuir la carga impositiva de forma más equitativa.

Por su parte, Julio Ransés Pérez, inspector de Hacienda del Estado, asegura que una reforma fiscal con mayúsculas debería haber rediseñado el sistema tributario integralmente, analizando los problemas técnico-jurídicos y los efectos prácticos a conseguir, y limitando el fraude. Admite que la rebaja del IRPF supone una apuesta por el crecimiento económico y por la salida de la crisis. No obstante, advierte de que se han eliminado coeficientes de actualización de las inversiones y de que se ha igualado el régimen de las inversiones especulativas al de las de a largo plazo.

Economía sumergida

¿Con o sin IVA? Una pregunta, por desgracia, extendida. El fraude fiscal en España se sitúa en torno al 20% del PIB y, según algunos cálculos, de rebajarse seis puntos porcentuales se podrían reportar a las arcas públicas unos 38.000 millones de euros. Aunque gracias a la intensiva lucha del Gobierno para aflorar la economía sumergida durante el primer trimestre se logró recaudar un 13,5% más, la falta de armamento para combatirla constituye una flaqueza significativa.

María José Portillo, directora de la Cátedra de Hacienda Territorial de la Universidad de Murcia, insiste en la necesidad de ampliar el equipo de funcionarios públicos dedicados a la persecución del fraude. Sin embargo, de los datos facilitados hasta octubre se desprende que la recaudación tributaria crece al 6,1% como consecuencia de que las bases imponibles aumentan por encima del crecimiento económico. Dada la imposibilidad de que los ingresos escalen por encima del ritmo de la economía, los expertos lo achacan a la lucha contra el fraude fiscal.

Ransés Pérez recuerda que los años de la burbuja inmobiliaria atrajeron muchos millones de dinero negro y convirtieron nuestro país en un lugar donde la economía B crecía y se multiplicaba. Pero la presión pública de la ciudadanía, harta de pagar impuestos y de ver que no todos los pagan, unido a las necesidades de recaudar para sostener el Estado del Bienestar cumpliendo con los objetivos de déficit, ha propiciado que «tanto la Ley antifraude de 2012 como la reforma de la Ley General Tributaria hayan puesto más difíciles las cosas a los defraudadores».

El inspector de Hacienda del Estado sugiere avanzar en el control a las grandes multinacionales que hacen planificación fiscal y dejan de ingresar millones de euros. Y piensa que la implementación de las normas propuestas por la OCDE a la normativa nacional sería muy provechosa. De igual modo, recomienda diseñar un paquete de planes rigurosos contra los paraísos fiscales, tomar medidas que eviten la proliferación de sociedades ficticias –creadas para escapar de los tipos más altos del impuesto sobre sociedades– y profundizar en el control de las operaciones entre empresarios y consumidores, mediante sistemas de control indirecto y el uso de las nuevas tecnologías. «Los avances en la lucha contra el fraude de momento no dejan margen a más bajadas de impuestos», apostilla Ransés Pérez.

Álvarez insta a combinar medidas de tipo represivo con otras en plan preventivo. Y es que la experiencia internacional ha demostrado que, por sí sola, la estrategia represiva no es suficiente para atajar este problema. Las medidas preventivas pasan por mejorar la denominada «moral tributaria»: que el contribuyente perciba que el reparto de la carga fiscal se realiza de una manera justa y que existe una relación entre impuestos soportados y bienes y servicios públicos recibidos.