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El desafío de «Ofelia Nieto»

Activistas y vecinos de Tetuán inician la reconstrucción de la vivienda derribada y expropiada por orden judicial

Activistas y vecinos de la familia Gracia González trabajan para volver a levantar la casa donde vivían tres generaciones de la familia
Activistas y vecinos de la familia Gracia González trabajan para volver a levantar la casa donde vivían tres generaciones de la familialarazonfreemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@7594fd9f

El pasado viernes se produjo el derribo de una de las viviendas símbolo de la lucha antidesahucios. Después de veinte años de resistencia la casa de la calle Ofelia Nieto 29 fue reducida a escombros por orden judicial a instancias del Ayuntamiento de Madrid para poder culminar un plan urbanístico que contempla, entre otras cuestiones la ampliación de la acera para facilitar el paso a los peatones en ese tramo de la calle, para lo cual llevaron a cabo un proceso de expropiación de toda la zona, que afectó a 18 viviendas, entre ellas la derribada ayer. De hecho, el desalojo se ha producido después de que la familia perdiese el contencioso judicial con el consistorio en los tribunales.

Pero la lucha de Ofelia Nieto 29 no ha terminado. Una prueba de ello fue la movilización a través de las redes sociales desde el momento en el produjo el derribo y que se materializó ayer en una convocatoria a mediodía, a la que acudieron más de 200 personas, con el único objetivo de retirar los escombros de la vivienda y empezar la construcción de una nueva desafiando al Ayuntamiento. La participación fue tal que las personas allí congregadas llegaron a cortar la calle por momentos con gritos de protesta contra el consistorio. El llamamiento a través de la red logró que hasta Tetuán se acercasen vecinos desde Parla y otros municipios para traer comida a los activistas allí congregados, que levantaron un murete simbólico con los escombros del edificio.

Esa misma tarde se celebró una asamblea popular para decidir cuáles serían sus próximas actuaciones. «Esto no se va a acabar, no vamos a parar hasta que paguen los culpables», declaró Lola una de las activistas mientras contemplaba los restos de la casa derribada. «Parece que para el Ayuntamiento importa más un plan urbanístico que la dignidad de una familia», añadió. Y es que entre los proyectos inmediatos de este colectivo está comenzar a retirar escombros y, según decidan en próximas asambleas, o bien hacer una nueva vivienda para la familia Gracia González o crear un nuevo espacio vecinal para el barrio.

Pero lo cierto es que a pesar de los esfuerzos de todas las personas allí presentes el proyecto de reconstrucción parece, a priori, una utopía ya que no cuentan ni con materiales de construcción, ni con los medios necesarios para comenzar a retirar escombros, ni con personal cualificado para llevar a cabo la construcción de una casa. «Todo lo que tenemos procede de la autogestión, por ello hasta que no terminemos de reunirnos y ver de qué medios disponemos todo está un poco en el aire», confesó Lola.

Desde el viernes hasta ayer la presencia de varias patrullas de la Policía Nacional ha sido continua, aunque después de que se produjese el derribo y se detuviese a once de las personas que se encontraban allí intentando paralizarlo, los agentes no han vuelto a intervenir en las labores que el colectivo en defensa de Ofelia Nieto 29 llevó a cabo durante el pasado fin de semana.

Hasta la asamblea de ayer por la tarde se acercaron varios miembros de la familia Gracia González, entre ellos dos de la hijas que se encontraban muy afectadas mientras escuchaban las propuestas de las personas que estaban reunidas al lado de los restos de la que un día fue su casa. De momento, los otrora inquilinos se encuentran en la casa que alquila una vecina y que les ha cedido desinteresadamente hasta que encuentren una solución permanente a su problema.

Desde 2013

400.000 euros a su disposición

Los propietarios de Ofelia Nieto número 29 no se van con una mano delante y otra detrás. En realidad tienen a su disposición, desde 2013, el dinero de la expropiación de su vivienda según el precio establecido por el Tribunal de Justiprecio y ratificado por el TSJM y el Tribunal Supremo. Una cantidad que, sin embargo, los propietarios rechazan, puesto que pedían mucho más, 1,8 millones primero y casi 900.000 en una retasación. Cuando la Justicia determinó que el precio justo de expropiación eran 400.000 euros, los propietarios pidieron ser excluídos del proceso de expropiación, algo que también negaron el TSJM y el Supremo porque sería un enriquecimiento injusto de los titulares debido a que ya se ha reparcelado la zona y su propiedad pasaría de tener 487 metros cuadrados a 1.625.