Política

Consejo de Ministros

Las personas físicas y los autónomos no pagarán tasas judiciales

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, durante una rueda de prensa del Consejo de Ministros
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, durante una rueda de prensa del Consejo de Ministroslarazonfreemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@731b78c5

Las personas físicas y los autónomos dejarán de pagar tasas judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias desde el próximo lunes, después de que el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto-Ley en ese sentido a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que persigue el objetivo de que «ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos» y que la Justicia «esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva». Durante los dos años en que ha estado vigente la actual ley de tasas, la Administración ha recaudado unos cien millones de euros.

Una de las razones por las que se vuelve al mismo sistema que aprobó el PP en el año 2003, y que se mantuvo vigente hasta la reforma que aprobó el ex ministro Ruiz-Gallardón, es la mejora de la situación económica que atraviesa el país, lo que ha incidido en mayores ingresos por parte de la Administración. Esto ha permitido «ajustar la cuantía de las tasas judiciales».

Donde no hay modificación es en lo que se refiere a las tasas para las personas jurídicas, que se mantienen. En este sentido, fuentes de Justicia recordaron que, actualmente, las personas jurídicas están exentas del pago de tasas hasta los 2.000 euros, lo que beneficia principalmente a las pequeñas y medianas empresas. En relación con las empresas de más volumen, Justicia está trabajando con la CEOE en cuestiones como agilizar la ejecución de las sentencias firmes que conlleven una recuperación de la deuda.

El ministro Catalá ya anunció desde su toma de posesión que haría una revisión del sistema actual de tasas, para que ningún ciudadano se viese privado de su derecho al acceso a la Justicia por motivos económicos. Finalmente, ha derogado la ley, decisión valorada positivamente por el Consejo General de la Abogacía, que ha desarrollado una intenta campaña en contra de las tasas, aunque ha reclamado que se extienda a las pymes.