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El 15-M vuelve a desafiar la Ley

Mantiene su concentración pese a la prohibición de la Junta Electoral. Apenas acudió un centenar de personas ante un fuerte despliegue policial

Miembros del movimiento 15M, durante su grito silencioso en la madrileña Puerta del Sol
Miembros del movimiento 15M, durante su grito silencioso en la madrileña Puerta del Sollarazonfreemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@40deb465

Un centenar de personas se concentró en la medianoche del viernes al sábado en la Puerta del Sol para hacer un 'grito mudo', respondiendo a la convocatoria del movimiento 15M que había lanzado por las redes sociales coincidiendo con la jornada de reflexión.

El debate en las redes sociales estaba servido y acabó siendo una charla entre expertos jurídicos. ¿Es anticonstitucional prohibir una manifestación el día de reflexión? El equipo de abogados que asesoran a los «indignados» del 15-M –«LegalSol»– tiraban de jurisprudencia para avalar su postura: el 15-M es un movimiento apolítico, no pide el voto para nadie y el Constitucional –aseguraban– establece que el derecho de reunión prevalece sobre la jornada de reflexión. Además, aseguran que la Junta Electoral no tiene competencias para limitar estos derechos. Con ésas, mantuvieron la convocatoria de anoche que pretendían alargar durante todo el día de hoy, al igual que ocurrió hace cuatro años, cuando nació el movimiento precisamente unos días antes de los mismos comicios de ahora.

La Delegación del Gobierno en Madrid, informó a la Junta Electoral Provincial de que tenían conocimiento de esta convocatoria aunque no había sido comunicada a la delegación. Y la Junta determinó que la concentración «es contraria a la legislación electoral y en consecuencia no podrá celebrarse». Así lo anunció ayer la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press. La Junta Electoral seguía con la misma teoría que en 2011 y sostiene que la doctrina del Tribunal Constitucional avala la celebración de las manifestaciones en jornada de reflexión si la capacidad de influir en el electorado es «remota», algo que no parece siendo el 15-M un movimiento muy «activo» en sus reivindicaciones políticas. Así, la delegada avanzó ayer que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «tendrán que hacer cumplir la Ley» y que su actuación será «adecuada», «oportuna» y «proporcional a lo que se produzca», porque «no están para crear problemas, están para resolverlos». En este sentido, se estableció un dispositivo policial en torno a la Puerta del Sol formado sobre todo por agentes de la UIP, los encargados, en última instancia, de aplicar la fuerza si así lo decidieran los mandos policiales a última hora.

Los agentes filiarán a los manifestantes –les solicitarán el DNI para comprobar quiénes son–, les informarán de que la concentración no está permitida y, si éstos siguen, se les comunicará una denuncia por delito electoral, según fuentes policiales. Y es que es a las 00:01 minutos de hoy (ya día de reflexión) cuando los «indignados» pretenden realizar su famoso «grito mudo», un minuto de silencio que no pretende poner fin a la concentración, que al cierre de esta edición no había terminado, no se había producido ningún altercado y apenas estuvo arropada por algo más de un centenar de personas. Y es que, aunque Podemos apeló al espíritu del 15-M en su acto de cierre de campaña, el movimiento ha perdido fuelle desde que ningún partido pretende apropiarse de sus votos.

Dancausa, que respalda la decisión de la Junta Electoral de Madrid, insistió ayer en que el 15-M «podía haber elegido cualquier otro día» para manifestarse, como lo hizo en su aniversario del día 15, y que «ese reto constante al Estado» no es bueno para la Democracia.

La delegada del Gobierno en Madrid, que apenas lleva un mes en el cargo, barajó que la jornada de reflexión «probablemente habría que suprimirla», porque la situación ha cambiado mucho con internet, y destacó que, mientras esté en la Ley, hay que cumplirla. «Tanto el movimiento 15-M como todos nosotros, tenemos que hacer lo que dice la norma», insistió. Dancausa señaló ayer que «del 15-M ha surgido un partido, Podemos» y dijo que «no hay que forzar ninguna cuestión» sino «ir a votar con tranquilidad» y «que todo funcione bien».

También se pronunció al respecto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que hizo un «llamamiento a todos para el cumplimiento de la ley y respeto a las decisiones de las juntas electorales». «Tenemos un sistema electoral muy bien definido y a la Junta Electoral le corresponden estas decisiones, y del mismo modo que el Gobierno y los partidos políticos deben acatarlas, espero que el resto de las organizaciones y el conjunto de los ciudadanos así lo hagan», concluyó.

También se pronunció ayer el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE, Ángel Gabilondo, que afirmó que «es mejor buscar otro día» porque «hay mucho que reflexionar» y debería poder hacerse «serenamente».

Pero el rechazo a la celebración de esta jornada por parte de los «indignados» que más sorprendió fue el de la candidata de Ahora Madrid, Manuela Carmena, que sugirió hace unos días la desconvocatoria, lo que provocó el rechazo del sector más radical del 15-M. «Queridos amigos, escoged otro día, no os encontréis un problema», han sido las suaves palabras escogidas por Manuela para intentar disuadir al colectivo de que ejerza su «sagrado» derecho de reunión justo ese día, que está prohibido.

La guerra de los juristas

- «La Junta Electoral no tiene competencias»

El equipo de juristas que lleva cuatro años asesorando a al 15-M considera que el derecho de reunión es constitucional y que la Junta Electoral no tiene competencias para prohibirlo. «La jornada de reflexión no impide hacerlo de manera pública y colectiva», sostienen.

- «Es una concentración de connotación política»

La Junta Electoral asegura que sólo pueden celebrarse concentraciones que tengan una capacidad «remota» de influir en el voto, cosa que no parece que suceda con el 15-M.

- «Se hará aplicar la Ley»

La delegada del Gobierno en Madrid tiene que hacer cumplir la orden de la Junta Electoral y aplicar la fuerza policial si fuera preciso.