Guardia Civil

Alsasua aplaude a los agresores

Miembros del Gobierno de Navarra, del Ayuntamiento de Pamplona y una edil del PSE de Alsasua acuden a la manifestación en homenaje a los encarcelados por el ataque a los guardias civiles.

Miles de personas reclamaron ayer en Alsasua que la Audiencia no juzgue a los arrestados por la agresión en un bar a dos guarcias civiles y sus parejas
Miles de personas reclamaron ayer en Alsasua que la Audiencia no juzgue a los arrestados por la agresión en un bar a dos guarcias civiles y sus parejaslarazon

Miembros del Gobierno de Navarra, del Ayuntamiento de Pamplona y una edil del PSE de Alsasua acuden a la manifestación en homenaje a los encarcelados por el ataque a los guardias civiles.

Una importante manifestación, para un pueblo de poco más de siete mil habitantes, apoyó ayer en Alsasua a los acusados de agredir el pasado octubre a dos guardias civiles y a sus parejas. En el lugar en el que ocurrieron los hechos, donde ondea una gigantesca pancarta contra la Guardia Civil, los manifestantes pararon unos minutos para aplaudir. ¿A quién aplauden? Podríamos preguntarnos. No a las víctimas de la agresión, sino a quienes les golpearon. Reclaman impunidad por lo que hicieron o, al menos, que no se aplique en su caso la Ley y no se considere delito de terrorismo agredir a guardias civiles por el hecho de serlo.

Veinte minutos antes de la manifestación, había cola en la autovía para acceder a Alsasua. La izquierda abertzale había movilizado a su gente para apoyar a quienes habían agredido a los guardias civiles, como durante tanto tiempo apoyaron a los terroristas de ETA. Y, al igual que entonces, habían buscado complicidades. En este caso, la del Gobierno de Navarra, presidido por Uxue Barkos, de Geroa Bai, que tiene como socio a EH Bildu. En su representación estuvo ayer en Alsasua la portavoz, María Solana, junto a la presidenta del Parlamento navarro, Ainhoa Álvarez. Entre los asistentes se encontraba también el secretario general del sindicato nacionalista vasco ELA, Txiki Muñoz. Como complicidad más destacada, la de la concejala socialista, Lucía Cid, que acompañaba al alcalde, Javier Ollo, de Geroa Bai, a la cabeza de la manifestación.

En el escenario donde se leyeron los mensajes finales, tras una marcha que se convocó silenciosa, para evitar imputaciones de apología del terrorismo –hubo un único Gora ETA que no fue coreado, sino acallado– se utilizó el mismo lenguaje con el que el nacionalismo vasco quiere difuminar para la historia la culpabilidad de ETA en sus crímenes. La madre de uno de los imputados dijo que «lo que pasó no debió ocurrir nunca» y mostró su apoyo a «todos los afectados» –lo que incluye víctimas y sus familias, agresores y sus familias–, como si nadie fuera responsable de lo ocurrido. La manifestación fue convocada por el Ayuntamiento, gobernado por Geroa Bai, bajo el lema «Altsasu» («Alsasua»), y pretendía reivindicar que ese municipio navarro es un lugar donde se convive en paz. Quien vea odio en la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas y en el apoyo a quienes agreden es, según los convocantes, un manipulador. «Medios de comunicación, sicarios», decía uno de los carteles que podían leerse en el pueblo, junto a los que desprecian a la Guardia Civil y los que lanzan acusaciones de montaje político, jurídico y periodístico.

La manifestación recorrió todo el pueblo y los convocantes querían dejar claro que eran muchos, esperando veinte minutos en el escenario para animar a acercarse quienes estaban atrás. No había mucha gente del pueblo, más allá de las familias de los nueve imputados –siete de los cuales están en prisión–. Eran, sobre todo, jóvenes de la izquierda abertzale, como los que agredieron a los guardias civiles, de allí y de otros lugares del País Vasco y Navarra. Podía observarse la escenografía proetarra, en pancartas con viejos mensajes, como «Amnistía osoa», y en detalles, como la utilización de ramas de árboles para sostener las pancartas con lemas como «Los queremos en casa».

Tras el recorrido por el pueblo, subieron al estrado el director del instituto de Alsasua, Javier Casteig, y la madre de uno de los imputados, Amaia San Román. Calificaron de «sinsentido» que la agresión fuera calificada como delito terrorista y pidieron la puesta en libertad de los detenidos, a la vez que reclamaron que la competencia vuelva al juzgado de Pamplona y salga de la Audiencia Nacional.