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Imputado el histórico de UGT Asturias por desviar fondos de una residencia

Fernández Villa y su mano derecha se habrían apropiado de una millonaria subvención.

  • El exsecretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Ángel Fernández Villa, en una imagen de archivo
    El exsecretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Ángel Fernández Villa, en una imagen de archivo

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31 de mayo de 2017. 04:20h

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J.M.Zuloaga Madrid. 30/5/2017

Las posibles irregularidades cometidas por los entonces principales dirigentes del sindicato SOMA-UGT en torno a la concesión y construcción de la residencia geriátrica «La Minería», que contó con una aportación del Estado de 31 millones de euros, son las que se investigan en la «operación Hulla» por un Juzgado de Oviedo; la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ayer hubo cuatro detenciones, en Asturias, Valladolid, Madrid y Murcia. Las pesquisas se han prolongado durante más de dos años y entre los arrestados figura el ex presidente del Montepío de la Minería Asturiana y ex secretario de acción sindical de SOMA-UGT, José Antonio Postigo, que se encontraba en Murcia; el ex asesor fiscal de dicha entidad, J.M.F.F.; el arquitecto Manuel Sastre, autor del proyecto de la citada residencia, que fue edificada en Felechosa, en el concejo asturiano de Aller, y Juan Antonio Fernández, propietario de la constructora que ejecutó la obra.

En concreto, se trata de acreditar si se ha producido desvío, apropiación y ocultación de fondos públicos, procedentes de la citada subvención, concedida en su día por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, al Montepío de la Minería Asturiana. Fuentes de la investigación informaron a LA RAZÓN que por razones operativas no se iban a facilitar, de momento, más datos de la operación, pero subrayaron que han sido muchos meses de trabajo antes de proceder a su explotación.

Las pesquisas se iniciaron por un presunto delito de blanqueo de capitales que habría cometido el que fuera secretario general de SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, otro de los investigados, cuando acudió a Hacienda para regularizar 1,4 millones de euros en la última amnistía fiscal. Postigo, su mano derecha, también se acogió a dicha amnistía.

Esta importante suma en manos de un sindicalista hizo que la Fiscalía incoara unas diligencias en un trabajo conjunto con sus Unidades de Apoyo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria e Intervención General del Estado y con la UCO, que concluyó en la presentación de una querella. Según fuentes de la citada Fiscalía, entre las personas investigadas está también el mencionado Fernández Villa aunque ahora no haya sido detenido sino que ha sido citado a declarar.

Tras la querella presentada, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo incoó el pasado mes diligencias penales por presuntos delitos de blanqueo de capitales vinculado a delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, societario por apropiación indebida y contra la Hacienda pública. Todo ello sin perjuicio de posibles delitos de prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos. En la querella también son investigados los familiares de los ex dirigentes sindicales.

Al margen de esta investigación, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo decretó el pasado 11 de mayo la apertura de juicio oral contra Fernández Villa y el ex secretario de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide) Pedro Castillejo por un presunto delito continuado de apropiación indebida tras una querella presentada por el SOMA-UGT.

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