Corrupción en Cataluña

Antifraude investiga a Puigdemont como alcalde de Gerona

Reclama los contratos de los servicios de este Ayuntamiento cuando él era primer edil.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemontlarazon

Reclama los contratos de los servicios de este Ayuntamiento cuando él era primer edil.

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) anunció ayer que está investigando los contratos de servicios del Ayuntamiento de Gerona entre los años 2011 y 2015, precisamente cuando el alcalde era el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de CDC.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron que Antifraude solicitó al consistorio que le remita certificaciones de contratos de servicios en el citado periodo, que coincide con la alcaldía de Puigdemont.

Concretamente, se investiga si el Ayuntamiento fraccionó contratos de servicios para que el importe no llegara a los 18.000 euros y así no tener que convocar concurso público. Se parte de dos denuncias. Por un lado, una sobre la adjudicación de una aplicación móvil para promocionar el turismo en la ciudad, y otra por la externalización de las auditorías municipales, según las mismas fuentes.

La investigación se encuentra todavía en una fase incipiente, por lo que se están recopilando de forma generalizada los expedientes de contratación de servicios para su posterior análisis.

Según informó un portavoz de este Ayuntamiento, el requerimiento se remonta a inicios del pasado mes y la solicitud afecta a todos los documentos relacionados con contratos de servicios que se firmaron durante esos cuatro años de gobierno municipal de Puigdemont. En consecuencia, y aunque el plazo de entrega a la OAC era de diez días, el Consistorio negoció una prórroga debido al elevado volumen de expedientes a recopilar.

El Ayuntamiento presentó actualmente todas las certificaciones y adjudicaciones de los contratos tras su recopilación por parte de cada área del consistorio y las envió ordenadas por anualidades.

El mismo portavoz manifestó el convencimiento del equipo de gobierno en la «legalidad de los contratos reclamados», así como el «desconocimiento sobre el origen de la denuncia», y al mismo tiempo expresó la voluntad del consistorio de ofrecer su «máxima colaboración» con la OAC, que no quiso detallar el motivo de su investigación.

Concretamente, la concejal de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento, Maria Àngels Planas, explicó que, dado el volumen de los contratos solicitados, el Consistorio pidió una prórroga para poder recopilar los datos y esta misma semana enviaron a Antifraude los últimos que quedaban pendientes. Falta por ver cómo acaba la investigación.