Política

Valencia

Barberá reaparecerá hoy en el Senado y acepta declarar de forma voluntaria

«Caso Imelsa». El juez le concede 20 días para que hable en su defensa «sin sometimiento a interrogatorio»

La ex alcaldesa de Valencia y actual senadora del PP por la Comunidad Valenciana, Rita Barberá, durante su comparecencia ante los medios el pasado 25 de febrero
La ex alcaldesa de Valencia y actual senadora del PP por la Comunidad Valenciana, Rita Barberá, durante su comparecencia ante los medios el pasado 25 de febrerolarazon

El juez le concede 20 días para que hable en su defensa «sin sometimiento a interrogatorio»

El juez del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que investiga el «caso Imelsa» ofreció ayer declarar a la ex alcaldesa y actual senadora Rita Barberá antes de decidir si eleva al Tribunal Supremo la causa abierta por blanqueo al grupo municipal popular en el consistorio, donde hay 48 investigados, y en la que ha imputado al Partido Popular.

Todo indica que la que fuera regidora de la ciudad del Turia colaborará con el magistrado, ante quien defenderá su inocencia respecto a las irregularidades detectadas en el consistorio que estuvo bajo su responsabilidad durante 24 años.

El magistrado atiende al fiscal, que ve indicios suficientes de que Rita Barberá participó en la comisión del delito de blanqueo de capitales. El juez concede un plazo de 20 días para que la ex alcaldesa declare de forma voluntaria «sin sometimiento a interrogatorio alguno» y manifestar lo que considere para su defensa.

Respecto a su respuesta a las indicaciones del juez que instruye la causa de los concejales y asesores del Ayuntamiento valenciano sobre la aportación de 1.000 euros a la campaña electoral, fuentes cercanas a Rita Barberá indican que lo normal será, de acuerdo con su carácter, que colabore con la Justicia.

Si accede no será interrogada, no habrá preguntas y podrá ser asistida por un abogado. Podrá incluso declarar por escrito si ése es su deseo. Es es el paso previo para elevar la causa al Tribunal Supremo. Barberá es aforada y sólo puede ser procesada ante el Alto Tribunal. La misma oferta ha recibido el diputado autonómico Miquel Domínguez, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La declaración voluntaria de los aforados viene recogida en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y «no implica proceder alguno del órgano judicial contra ellos» sino de un trámite «que persigue garantizar su derecho de defensa».

La Fiscalía considera que existen indicios racionales de la participación en el blanqueo tanto de Barberá como de Miquel Domínguez, por lo que pide que se pase la causa al Supremo. En un auto fechado ayer, el instructor entiende que los dos escritos del fiscal en los que pide que eleve una exposición razonada a la Sala de lo Penal del TS en relación con ambos aforados contienen «indicios racionales» que fundamentan jurídicamente su petición, pero «pese a ello», señala que no tiene un criterio «tan decidido en cuanto a que, para elevar la citada exposición, la investigación pueda considerarse agotada».

Según señala en el auto –contra el que cabe recurso–, este trámite «no es perentorio» y «no es deseable correr el riesgo de que esa apreciación no fuese compartida por los altos órganos que en definitiva deben decidir dicha asunción de competencia», y se muestra partidario de que lo hagan con un «claro criterio» sobre si en la investigación «se ha podido reunir la mayor información útil para la decisión que les compete».

Mientras, Rita Barberá volverá a ponerse bajo los focos después de la rueda de prensa que ofreció el pasado 25 de febrero. Hoy tiene previsto asistir al pleno del Senado, según confirmó a LA RAZÓN, aunque le será imposible acudir a la reunión del grupo popular de la Cámara Alta como consecuencia de su agenda.

Antes de trasladarse a Madrid, la senadora del PP comparecerá también en una reunión con los representantes de los medios informativos en Valencia.

En la última ocasión, Barberá dejó claro que ni dimite ni se lo plantea. «No dimito porque no conozco nada de lo que se me acusa. No he cometido ningún delito ni ningún hecho ilícito. Y repito: el que acusa es el que tiene que probar». No deja su cargo –aseguró– porque si lo hiciera «estaría reconociendo algo que no he hecho». Su silencio hasta ese momento lo justificaba por el «total desconocimiento del sumario que está dando lugar a una sonora investigación judicial».

Ese día lo negó todo: «No he contribuido a ningún blanqueo de dinero, no he ordenado ningún blanqueo, no he conocido ningún blanqueo de dinero ni en el grupo municipal ni en ninguna parte. La alcaldesa no ha tenido nunca una “caja B” y, por supuesto, nadie me ha entregado ninguna llave ni ningún remanente de ninguna “caja B” porque no existía».