La Audiencia procesa a Ignacio González por el supuesto desvío de fondos del Canal

El magistrado atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción que pedía la conclusión de la instrucción de esta pieza separada del 'caso Lezo'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a otras seis personas por delitos de fraude a la Administración y malversación, en relación con la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II -la empresa pública del agua de la Comunidad de Madrid- entre 2012 y 2014. Una operación que, según el magistrado, “estuvo plagada de ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la Administración autonómica por un importe entre 6,4 y 9,6 millones de euros” debido al “sobreprecio pagado por su adquisición”. En el auto con el que cierra la investigación de esta ramificación del “caso Lezo”, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 del citado tribunal acuerda también el archivo de la causa respecto de otras 14 personas.

Según el magistrado, el objetivo del sobreprecio era el cobro de comisiones ilegales entre los investigados, que “habían pactado repartirse 5,4 millones de dólares” (unos cuatro millones de euros) por este concepto.

El proceso de compra del 80% de Emissao en 2012, dice García Castellón, se llevó a cabo “bajo la permanente supervisión y vigilancia” de González, quien según el juez, “fijaría las cuantías de las comisiones, siendo la suya el doble que las de los demás”. En su resolución, el instructor mantiene que tras aceptar la propuesta de reparto de comisiones por parte de otro de los investigados, Luis Vicente Moro, el ex presidente del Canal de Isabel II “encomendó la gestión de esta operación a su amigo el investigado Edmundo Rodríguez Sobrino”, presidente ejecutivo de Inassa, “con el encargo de que garantizara en todo caso el cobro de comisiones para ellos” y para el propio Moro”, “así como para las personas que necesitara incluir en el plan”.

Dentro del plan de expansión del Canal en Suramérica (que incluyó la compra de la colombiana Inassa, también investigada por la Audiencia Nacional), el 14 de noviembre de 2013 el Canal de Isabel II adquirió finalmente el 75% de Emissao por 29,5 millones de dólares más otro millón y medio en concepto de anticipo de capital.

La resolución describe todo el proceso de adquisición de la mercantil brasileña en el que se cursaron distintas transferencias hechas por el ente público en cuentas radicadas en Suiza y Brasil, con comisiones que terminaron en distintas cuentas situadas en el extranjero a nombre de alguno de los investigados y sus sociedades interpuestas. El importe de dichas comisiones, de acuerdo con el auto, fue, en el caso Ignacio González, de 1,8 millones de dólares (alrededor de 1,6 millones de euros) y en el caso Rodríguez Sobrino y de los también investigados Diego Fernando García Arias, Ramón Navarro y Luis Vicente Moro, de 900.000 dólares (813.000 euros) para cada uno.