Chaves ve «muy pequeño» un caso con 3.000 millones bajo lupa judicial

El ex presidente de la Junta admite que «es posible» que se produjeran «actos ilícitos» de los que, como Griñán, exculpa a la Administración.

No era la primera vez que los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán acudían a una comisión de investigación del Parlamento autonómico. Lo hicieron en septiembre de 2012 en la que se armó centrada en los ERE irregulares. Entonces ambos intentaron construir un relato coherente y exculpatorio de lo sucedido y ayer también, en esta ocasión en torno al presunto fraude detectado al calor de los más de 3.000 millones de fondos públicos repartidos entre 2002 y 2011 para formación. La Guardia Civil ha cifrado asimismo en 1.298 millones las subvenciones sin justificar entre 2002-2014. Pero entre las dos fotografías de gesto rígido hay una diferencia: los estragos provocados por su encausamiento en el proceso judicial de los ERE que aún les persigue.

Arrancó la tarde el «jubilado» Chaves, quien defendió la actuación de las estructuras y de los organismos de formación de la Junta en su mandato y quiso dejar claro que «nunca» firmó «ninguna decisión» al margen de la ley ni tuvo conocimiento de que hubiera irregularidades –en el «caso de los ERE» dijo haberse enterado de éstas por los medios– ni saltó «alerta» alguna al respecto en su periodo –aunque los diputados le recordaron un par de informes de la Cámara de Cuentas en los que se recogían algunas–. «¿Qué todo estuvo bien?», se preguntó en su diálogo con la parlamentaria de IU, Elena Cortés. «Posiblemente no», admitió, como que «es posible» que «se hayan cometido actos ilícitos», pero por parte de quien los llevara a cabo, no de «ningún funcionario o directivo» del Gobierno regional, matizó, para vaticinar que «eso se seguirá dando». Reconoció también que en 2002 cuando se trasladaron las competencias formativas a la región, Andalucía no contaba con «la red pública suficiente» para atender la demanda que se dio y que «es posible que faltara personal» y se produjera algún «atasco» con las justificaciones. La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet le pidió que hiciera autocrítica y Chaves le aseguró no haber ido a la Cámara a «rasgarse las vestiduras». Añadió que, «evidentemente» entiende que se le pueda hacer «responsable» de lo sucedido en la Administración bajo su mandato, «para lo bueno y para lo malo», y que habrá «cometido errores», como «seguro» se pudieron dar en la gestión de la formación y de las políticas activas de empleo. Si bien, recalcó que, pese a esas hipotéticas deficiencias, ésta fue «positiva» y «eficaz» y le dejó claro al PP que no iba a «aceptar» que le achacara la responsabilidad política «de lo que ha hecho un funcionario o incluso un consejero». Negó que hubiera habido «favoritismos» en el reparto de las ayudas y se desentendió de «la gestión, el desarrollo y la ejecución de las subvenciones aprobadas por el Consejo de Gobierno» tras el cerrojazo de Delphi en San Fernando (Cádiz). No recordaba tampoco que en su época se le asignaran fondos al ex consejero Ángel Ojeda –quien sólo en subvenciones vinculadas con la mencionada multinacional recibió 33 millones y durante sus gobiernos acumuló, según el PP, 14 expedientes–, con quien creía «no haber tenido ningún contacto».

En resumen, para Chaves «no ha habido ningún presunto fraude en el seno de la Administración», en la que «se ha actuado legalmente», condensó.

Le relevó en el asiento Griñán, «pensionista» desde hace un año de los de «clases pasivas», para apoyarle en la idea-fuerza de que la Administración regional actuó en materia formativa de acuerdo con la legalidad y, si se produjeron deficiencias, éstas no han sido de ella, «sino contra ella». A Bosquet le dejó claro que se encontraban en «una comisión de investigación, no de autocrítica», aunque «todo hay que mejorarlo», y situó, a interrogantes del parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe, la primera «alerta» de anomalías, con él fuera del cargo, en subvenciones concedidas al sindicato UGT –cuya contabilidad revisa un juzgado–. Como Chaves, desconocía que Ojeda se dedicara a actividades formativas. La popular Teresa Ruiz-Sillero lo interrogó por las subvenciones concedidas a Aulen Cinco SL, empresa de la mujer del que fuera ex «número dos» del PSOE-A, Rafael Velasco, quien dimitió tras destaparse el riego de dinero a esa sociedad, aunque Griñán atribuyó su salida a «motivos personales». A ella le dejó claro que tanto él como la actual presidenta Susana Díaz, «sus delfines» para el PP, son «sus puntos fuertes», no los «débiles». A Díaz le tocará hoy cerrar la tanda de comparecencias.