Cinco ex responsables de iDental se enfrentan a 6 años de prisión por fraude a la Seguridad Social

La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional les imponga además multas de hasta 90 millones

La Fiscalía pide seis años de prisión y multas de entre 46 y 90 millones de euros para cada uno de los cinco ex máximos responsables del Grupo iDental por un fraude continuado a la Seguridad Social de 23,6 millones de euros. Para otros dos procesados a los que considera cooperadores necesarios, el Ministerio Público reclama penas de tres años de cárcel y una multa de casi 42 millones. Además, en su escrito de calificación solicita al tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará los hechos que seis de los siete acusados indemnicen a la Tesorería General de la Seguridad Social con 34 millones.

El fiscal Pedro Martínez Torrijo mantiene que las actuaciones desarrolladas por el grupo dental han causado “un perjuicio millonario a las arcas de la Seguridad Social que se empezó a acumular cuando” dos de los acusados, Javier García Pellicer y Vicente Castañer “ocupaban los cargos de responsabilidad” en las empresas que conformaban el grupo iDental, y que continuó creciendo cuando otro de los encausados, José Luis González, tomó el relevo. Una situación similar a la que se produjo, continúa su relato, por la actividad del Grupo Instituto Odontológico Asociados (IOA) desde que lo adquirieron Luis Sans y los hermanos José María y Juan Garrido.

El representante del Ministerio Público sostiene en su escrito que las empresas matrices del grupo eran “meramente instrumentales” y existía entre ellas una “confusión patrimonial porque las fuentes de financiación externas (fondos de inversión) eran las mismas para todo el grupo”. Además, añade, los ingresos de actividad (créditos al consumo de los clientes) y los gastos empresariales “se movían de manera arbitraria o desordenada por las cuentas bancarias de los responsables”.

En la primera etapa del desarrollo empresarial de iDental, recuerda el fiscal, Castañer y García Pellicer ejercían el “control de manera exclusiva” sobre 34 de las 55 empresas del grupo y, a partir de noviembre de 2016, gran parte de esas sociedades “son absorbidas por otras”. Con la fusión de clínicas y laboratorios, dos meses después los trabajadores se traspasan a otras sociedades del conglomerado empresarial que continúan con la actividad. A raíz de esta operación, las sociedades absorbidas “quedan inactivas, sin trabajadores, pero mantienen la deuda con la Seguridad Social que no es asumida por la sociedad absorbente”.

Entre 2015 y 2018, los impagos con la Seguridad Social de esas 55 empresas mientras los máximos responsables de iDental eran Castañer y García Pellicer suman 8,5 millones, a los que en una segunda etapa (cuando Sans y los hermanos Garrido toman el testigo) se suman otros 16 millones, y 1,7 más a través de IOA (entre diciembre de 2017 y noviembre del pasado año).

Para controlar IOA, los ex responsables de iDental -subraya la Fiscalía- crearon “una estructura societaria opaca” sirviéndose de testaferros para llevar a cabo el “vaciamiento patrimonial” de esta mercantil mediante el supuesto desvío de sus fondos “a estructuras empresariales particulares de los socios reales de la deudora”, lo que revela “una planificación previa que incluye la circunstancia de “no pagar””, y por tanto, una “ánimo de defraudar” a la Seguridad Social.