Forcadell «tenía voluntad explícita de ignorar» la sentencia del TC

La presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, conocía perfectamente que no debía tramitar la resolución soberanista que aprobó la Cámara autonómica a finales del mes de julio y que posteriormente fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

La presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, conocía perfectamente que no debía tramitar la resolución soberanista que aprobó la Cámara autonómica a finales del mes de julio y que posteriormente fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Y lo conocía porque le constaba la existencia previa de una decisión del Alto Tribunal que impedía que se tramitara ninguna resolución vinculada al «procés» o a cuestiones relacionadas con la «desconexión» de Cataluña de España.

Esto es lo que sostiene el vicepresidente segundo del Parlament y diputado de C’s José María Espejo-Saavedra en el informe remitido al Tribunal Constitucional donde da cumplimiento a la providencia del TC para que, como miembro de la Mesa del Parlament, presentara alegaciones sobre el cumplimiento de la sentencia de 2015 y el auto de julio de 2016 donde se ordenaba taxativamente la prohibición de tramitar ninguna iniciativa relacionada con la «desconexión», como eran las propuestas de la Comisión de Estudios.

En su informe, Espejo-Saavedra sostiene que el «verdadero incumplimiento» del citado auto del TC se produjo cuando se alteró por la presidencia de la Cámara el orden del día y se sometió a votación la propuesta de resolución de la CUP, que contó con el apoyo de Junts pel Sí. En este incumplimiento tuvo una especial responsabilidad Carmen Forcadell, a juicio de Ciudadanos, ya que, como presidenta de la Cámara y «rectora del debate parlamentario» debía «impedir que se utilizase un artículo del Reglamento del Parlamento, en evidente fraude de ley, para eludir la prohibición impuesta a la Mesa y, por tanto también, a la Presidencia. En efecto, ahí hubo evidente incumplimiento» de lo que tenía ordenado el Tribunal Constitucional.

Además, el vicepresidente segundo del Parlament denuncia que para adoptar esa decisión Forcadell no convocó a la Mesa, «tal como le pidieron algunos de los miembros de la misma» y era lo procedente a la vista de que había, «como mínimo», serias dudas de legalidad de la decisión» que finalmente adoptó.

De esta forma, destaca al respecto José María Espejo-Saavedra, hubo un «intento de traslación» de responsabilidad de la presidenta, «concernida personalmente por el auto del Tribunal Constitucional de 19 de julio», al Pleno, amparándose en una norma reglamentaria prevista para otras finalidades, «para así conseguir el objetivo prohibido por la resolución del TC. Un fraude de ley en toda regla».

Tras la presentación del informe en el Tribunal Constitucional, incidió ante los medios de comunicación en esa misma línea, es decir, que al permitir la votación de las conclusiones de la citada comisión de estudios se incurrió en «fraude de ley», toda vez que «se han incumplido las sentencias del TC que anulaban la resolución soberanista y el propio reglamento de la Cámara catalana». Ahora, añadió, será el Alto Tribunal el que decida «qué pasa con la resolución y las responsabilidades de los políticos que han intervenido en este proceso».

El TC pidió a Forcadell, a los miembros de la Mesa y al secretario general del Parlament que informasen sobre el cumplimiento de sus resoluciones, «a efectos de la eventual adopción por el tribunal de las medidas previstas en la Ley Orgánica del Tribuna Constitucional», donde se contemplan medidas que llegan incluso a la suspensión cautelar de sus cargos.