Cuando gobierna la minoría

En regiones y ayuntamientos clave se han empezado a cerrar gobiernos formados por una amalgama de partidos que en algunos casos no obtuvieron más de un diez por ciento de los votos.

El mecanismo usado en democracia para legitimar la llegada al poder reside sobre la base de la mayoría. El equilibrio entre mayoría y minoría es tan antiguo como el nacimiento de la propia democracia. Clásicos como Aristócrates o Rousseau ya expusieron sus ideas sobre la regla de la mayoría como fórmula de validez de la deliberación popular. Pasados varios siglos, el debate ha mutado pero no se termina de cerrar. Los comicios del 24-M han vuelto a traerlo a colación, contraponiendo el hecho de respetar la lista más votada con el de conformar gobiernos de coalición entre varias formaciones con menor fuerza. En varias comunidades autónomas y ayuntamientos relevantes podría ver la luz, tras el baile de pactos, declaraciones y condiciones, un gobierno sustentado por listas que no han logrado un apoyo especialmente relevante entre la ciudadanía.

Un caso que lo ejemplifica a la perfección es el de Baleares. Los populares del archipiélago, a pesar de perder la mayoría que lograron cuatro años atrás, repitieron en estas elecciones como la lista más votada a más de 40.000 votos del PSOE, que fue la segunda fuerza. Las conversaciones postelectorales se podrían volver en contra de los de Bauzá en el caso de que los socialistas concretasen una doble coalición con el partido econacionalista MÉS y Podemos. Entre estas tres formaciones sumarían los 30 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, pero ninguna de ellas logró tan siquiera un 20% de los votos en los comicios del último domingo de mayo. Esto es reseñable, puesto que una gran parte de la ciudadanía balear, la que optó por votar a los populares –un 28,5%–, verá cómo su voto se disuelve en el caso de producirse este acuerdo.

Más de lo mismo sucede en otra región que hasta ahora era uno de los feudos tradicionales de los populares y que ahora ha caído en desgracia: la Comunidad Valenciana. Allí, los populares se dejaron prácticamente la mitad de su masa electoral, pero, aun así, fueron de nuevo los más votados. El desgaste acusado de Francisco Camps hace que un acuerdo a tres bandas entre PSOE, Podemos y Compromís –todos ellos, por debajo del 21% en votos– pueda dejarle fuera del tablero político de la región.

Aragón, donde los comicios dejaron uno de los parlamentos más fragmentados a nivel autonómico, se enfrenta a otro escenario complicado. Un acuerdo PP-Ciudadanos-PAR sumaría 32 escaños, a dos de la mayoría de 34; y, por la otra parte del arco ideológico, uno que englobase a PSOE-Podemos-CHA-IU, 35 diputados. Ambos opciones no se antojan sencillas, pero, en el caso de salir adelante, el Gobierno resultante estaría compuesto por partidos cuya suma de votos, a excepción de los dos tradicionales y Podemos, no se elevó por encima del 10%.

En el interior de la meseta serán llave de gobierno, igualmente, partidos que no llegaron al 10% de los votos. En Castilla-La Mancha, un hipotético pacto entre PSOE y Podemos alejaría a María Dolores de Cospedal del Gobierno manchego. Entre ambas formaciones sumarían los parlamentarios necesarios para conformar la mayoría, establecida en 17 escaños. Emiliano García-Page llegaría al poder con el apoyo de la formación morada, aunque ésta tan sólo consiguió un 9,73% de apoyos.

Un poco más al norte, en Castilla y León, territorio fetiche por excelencia para los de Génova desde 1987, cuando José María Aznar llegó a la Junta, y en el que concatenaban sucesivas mayorías absolutas desde 1991, se revierte la situación, y es el PP el que debe buscar apoyos en una lista minoritaria para llegar al poder; en este caso, Ciudadanos, que consiguió poco más del 12%. La formación naranja también puede optar por dinamitar el panorama castellanomanchego en el otro sentido, en el supuesto de que diese su apoyo a una múltiple coalición de izquierdas que incluiría desde el PSOE (25,95%), pasando por Podemos (12,1%) e IU (4,15%), y hasta a Unión del Pueblo Leonés (1,41%). Una amalgama de intereses muy diversos que, de nuevo, implicarían que la lista más votada en las urnas no fuese la que estuviese al frente del Ejecutivo regional.

Con respecto a consistorios de importancia, llaman la atención especialmente tres: Barcelona, Zaragoza y Valencia.

En la Ciudad Condal la lista más votada fue la de Barcelona en Comú, con Ada Colau al frente. Poco a esperado la ex activista para comenzar a conversar con otras formaciones dado que consiguió 11 concejales, quedándose a diez de la mayoría. Esto le obliga a un pacto casi imposible con el resto de partidos de izquierda que han entrado en el Ayuntamiento de Barcelona: PSC, Esquerra y la organización asamblearia CUP. De éstos, sólo ERC se sitúa ligeramente por encima de la barrera psicológica del 10%.

En la capital del Ebro todo hace indicar que el próximo alcalde, salvo sorpresa, será el abogado Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común (24,57%), que arrebatará previsiblemente la capital aragonesa al PP, a pesar de que los populares fueron la fuerza más votada con un 26,88% de los votos. Desde el grupo local maño del PSOE ya han adelantado que apoyarán la investidura de Santisteve como alcalde, lo que significaría que éste se quedase a las puertas de la mayoría absoluta a falta de conocer las intenciones de la Chunta Aragonesista –con 2 concejales y un 6,78%–. En Valencia se dibuja un panorama muy similar al de la Generalitat Valenciana, donde un posible tripartido entre socialistas, Podemos y Compromís podría lograr el poder.

En los últimos días, los candidatos han comenzado a jugar con la aritmética con el propósito de alcanzar su cuota de poder en base a los pactos. Pero la ciudadanía se muestra reticente en este sentido. Según una encuesta de NC Report publicada por este periódico el pasado domingo, la ciudadanía avala la idea de que sea la lista más votada la que termine gobernando. Concretamente, el 67,3% de los españoles serían partidarios de esta fórmula. En consonancia con esto, casi un porcentaje igual de relevante, un 65,1%, argumenta que sería necesario reformar la Ley Electoral con el fin de que esta voluntad general estuviese respaldada bajo una normativa legislativa.