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Dolset niega que el presidente de LA RAZÓN intercediera a favor de Zed

Dice que es falso que utilizase sus contactos en el Gobierno para hacerse con subvenciones

  • Javier Pérez Dolset, fundador de la empresa tecnológica Zed
    Javier Pérez Dolset, fundador de la empresa tecnológica Zed

Tiempo de lectura 4 min.

14 de julio de 2017. 07:51h

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Javier Pérez Dolset, fundador y máximo accionista de la empresa Zed, negó ayer ante el juez que el presidente de LA RAZÓN, Mauricio Casals, «maniobrara» de forma irregular para que le compañía tecnológica recibiera subvenciones gubernamentales entre los años 2011 y 2015 por valor de unos 69 millones de euros. Lo dijo durante su declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien investiga, entre otros, la quiebra de la compañía.

Dolset declaró durante poco más de una hora, dejando claro, por un lado, que desconocía que se hubiesen cometido irregularidades para hacerse con ayudas públicas y, por otro, apuntó que es falso que Casals utilizase sus contactos e influencias en el Gobierno a favor de Zed, tal y como confirmaron fuentes fiscales. De hecho, el presunto cabecilla de la trama aseguró que si hubiese sido consciente de alguna actividad ilícita se hubiese retirado de las convocatorias.

Las mismas fuentes confirmaron que Dolset, en prisión incondicional desde el 30 de junio, reconoció ser el titular de una sociedad en Panamá, pero negó tener fondos, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que dispone de 101 millones de dólares. Una cifra que esgrimen los fiscales del caso basándose en un documento aportado a la causa por el consejero del Grupo Planeta, Luis Elías Viñeta, sobre la constitución de la sociedad «Panareal», a la que presuntamente se habrían desviado los fondos destinados al Grupo Zed. Según dicha información, en las escrituras él aparecería como socio de la misma.

Sin embargo, el empresario aseguró ante el magistrado que investiga el caso que ese documento es falso y reiteró, como ya hiciera el pasado día 30, que no dispone de tal cantidad de dinero. Entonces, dijo que estaba arruinado y que todo el dinero que tenía lo había invertido en el grupo tecnológico familiar. Por ello, su defensa aportó un certificado de un despacho de abogados para tratar de demostrar que nunca ha tenido fondos en la citada sociedad panameña.

Junto a esto, las mismas fuentes confirmaron que la defensa de Pérez Dolset pidió la celebración de una vistilla para solicitar su excarcelación, algo que tendría que esperar, pues la Sala todavía tiene que resolver el recurso previo que sus abogados presentaron tras la decisión del juez de dictar prisión incondicional contra él.

La operación, bautizada como «Hanta», fue dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y coordinada conjuntamente con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. El pasado día 30 fueron detenidas ocho personas, que se negaron a declarar ante el magistrado, el cual decretó prisión sin fianza para Dolset y dejó en libertad con medidas cautelares a las otros siete.

Todos ellos estaban siendo investigados por la Fiscalía desde hace más de un año a raíz de una querella que interpuso el propio Pérez Dolset contra sus socios rusos, que acabó destapando un desvío de fondos por parte del empresario y un fraude en las ayudas. Todo acabó en una querella de Anticorrupción contra 19 personas.

Los investigadores atribuyen a Pérez Dolset la comisión de delito de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones y tráfico de influencias por valerse de más de una decena de sociedades para captar cerca de 69 millones de fondos públicos. El magistrado considera que el fundador de Zed tuvo una «intervención fundamental» en la situación de insolvencia de la empresa tecnológica, porque creó un sistema con el que obtuvo subvenciones de forma masiva falseando los requisitos para acceder a éstas, informa Ep.

Según la Fiscalía, se habría generado un perjuicio «millonario» que se proyectaría «directamente entre los accionistas de la compañía, las entidades de crédito que aportaron financiación a la misma y los organismos públicos que le concedieron subvenciones». Y, además, apunta a que en el caso de los organismos públicos implicados en la presunta trama, existe una «deuda pendiente de pago con las administraciones públicas por importe de 28.426.732,72 euros, a los que hay que añadir 14.220.156 euros en subvenciones ilícitamente obtenidas (las cuales no están sujetas a devolución)». Anticorrupción considera se trata de un fraude «de gran complejidad».

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